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La EMT de Malaga tendrá toda su flota de autobuses adaptada para discapacitados

Con la adquisición de 50 nuevos vehículos, todos serán completamente accesibles. La Empresa Malagueña de Transportes va a invertir en los dos próximos años 11,15 millones de euros en la adquisición de 50 modernos autobuses, totalmente adaptados para que puedan ser utilizados por personas discapacitadas, según se supo ayer miércoles en el consejo de administración de la empresa.
Los consejeros conocieron la propuesta de los pliegos técnicos y económico administrativos para la contratación del suministro de vehículos que se han elaborado para el concurso público. La idea es que en este ejercicio se incorporen 25 autobuses y en el año 2009 otros tantos. De esta manera, el 100% de la flota sería accesible para discapacitados.
Los nuevos autobuses vendrán provistos de piso bajo y rampa para minusválidos, y sustituirán a los que todavía quedan de escalones en la EMT: 23 Pegaso 6424, con 16 años de vida de media, 21 Iveco 623 E2 con 11,2 años de antigüedad y cuatro microbuses Iveco 5912 con una vida de 8,9 años de media.
Vehículos ecológicos
En la compra de los nuevos autobuses se primará los estén dotados con la norma euro 4 -desarrollada por las principales compañías del sector-. Se trata de motores diésel con una combustión todavía más eficaz, junto con el tratamiento posterior de los gases de escape mediante el aditivo AdBlue. En la empresa hay uno de estas características y está dando unos magníficos resultados en favor del medio ambiente, declaró el concejal de Movilidad y presidente del consejo de administración de la EMT, Juan Ramón Casero.
Esta inversión prevista por la EMT está contemplada en el Plan Estratégico de Accesibilidad Universal 2007-2011, presentado hace unos días por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Precisamente, el regidor afirmó que la EMT destinará 17,2 millones de euros en los próximos cuatro años para que la totalidad de los autobuses sean adaptados.
Además, De la Torre abogó por llevar a cabo en la EMT «políticas compensatorias» en favor de las personas discapacitadas. El alcalde precisó que si por las condiciones físicas no son aptas para conducir un autobús, sí lo serán para desempeñar otras tareas en la empresa, dentro de los distintos departamentos, y así cumplir el objetivo de establecer una reserva del 5% para personas con discapacidad en la oferta de empleo público.
Por otro lado, las líneas circulares de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) cumplirán tres años el próximo mes de marzo y la empresa municipal se plantea festejarlo. Han tenido un paulatino crecimiento de viajeros hasta alcanzar cotas óptimas que justifican plenamente su puesta en funcionamiento.
LOS RECORRIDOS
Línea C-1: Hace un itinerario circular que recorre el Centro Histórico (el Parque), la Victoria, Capuchinos, Molinillo, Hospital Civil, Martínez de la Rosa, Nueva Málaga, avenida de las Américas, la estación, Cuarteles y Hacienda.
Línea C-2: Pasa por la Alameda Principal, el Parque, el paseo marítimo Ciudad de Melilla, Victoria, Olletas, Alameda de Barceló, avenida Doctor Marañón, Suárez, Nueva Málaga, Las Chapas, avenida de las Américas, Estación, Cuarteles y Correos.
Línea C-3: La línea circular de Parque Clavero, comunica las urbanizaciones interiores del distrito este, como el paseo de El Limonar, El Mayorazgo, Manuel Seco, Miguel Indurain, paseo de Miramar y la avenida Pintor Sorolla.

diariosur.es

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Asignatura pendiente

(Imagen: Residentes CAMF de Leganés en la I Marcha por la Visibilidad de las personas con Diversidad Funcional)

Las pocas buenas lenguas que aún quedan, contaron que se quedaron sin cenar, como castigo, por haber participado en la marcha.


PRIMER INFORME SOBRE LOS DERECHOS DEL COLECTIVO.

El 9% de los españoles presenta algún tipo de diversidad funcional.
Solamente el 1% de este colectivo logra acceder a la universidad.
El 80% de las empresas no cumple la obligación de reservar un 2% de sus plazas.



MADRID.- En el marco de la entrada en vigor de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, la Fundación ONCE ha presentado el informe «Derechos Humanos y Discapacidad en España», que analiza la situación de las personas con discapacidad en el territorio español, desde la óptica de los derechos humanos.

El documento ha sido realizado en catorce país, concretamente en Alemania, Armenia, Bulgaria, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Polonia, Reino Unido, Rusia, Serbia y Turquía.

En el caso español, el escrito, además de proporcionar datos acerca del número de personas con discapacidad en España y analizar las leyes existentes en este ámbito, observa distintos aspectos como la vivienda, el empleo, la educación, la comunicación y la accesibilidad, entre otros, mostrando una serie de propuestas para una mayor inclusión del colectivo. «Vivimos en una sociedad donde o caminamos todos o no estamos yendo a ninguna parte», afirma Leonor Lidón Heras, autora del informe en el caso español.

De acuerdo con la Encuesta sobre Discapacidad, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES), de 1999, el porcentaje oficial de personas con discapacidad en España asciende al 9%, representado, aproximadamente, a tres millones y medio de personas. «El mayor número lo representan las mujeres, por lo que sufren una doble discriminación», manifiesta Lidón Heras.

La Constitución de 1978 incluye la legalidad de las acciones positivas, la igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación. Además, la legislación existente, tal como la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982 (LISMI) y la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU) caminan en busca de esta igualdad. Sin embargo, en la práctica, aún se detectan barreras tanto legales como de inclusión, en torno a este colectivo.

Principales barreras

Entre los aspectos principales que el documento resalta proponiendo una serie de mejoras para la integración de las personas con discapacidad se encuentran algunos como la incapacitación, la comunicación, la educación, la vivienda, el empleo y la accesibilidad.

En lo que se refiere a la incapacitación, principal barrera legal existente para este colectivo, el sistema legal español prevé la limitación de la capacidad legal de las personas con discapacidad. «El resultado es que la persona no puede gobernarse por sí misma, en vez de que el sistema se centre en las capacidades que sí que posee esa persona», expresa Lidón Heras. Sin embargo, además de las barreras legales, las personas con discapacidad se encuentran con distintos ámbitos exclusivos en su vida diaria. Entre ellos la accesibilidad, no sólo en sí misma, sino también desde el punto de vista de la vivienda y la comunicación, donde ésta no se cumple en ninguno de los casos.

La educación es otro de los áspectos donde existe una mayor inclusión. Sólo el 1% de los estudiantes con discapacidad llega a la universidad. Además, el 40% de ellos, lo hace a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). «Se detecta que el número de alumnos con necesidades especiales en la educación integrada disminuye una vez superada la educación obligatoria», señala la autora del informe.

Por último, en el caso del empleo, el documento muestra que una de cada tres personas con discapacidad es inactiva, existiendo una doble discriminación en el caso de las mujeres. Además, el 80% de las empresas obligadas a reservar un 2% de su plantilla para este colectivo no cumple la medida.

La presentación del informe ha contado además con la participación de Enrique Múgica Herzog, Defensor del Pueblo, Luis Crespo Asenjo, director general de Fundación ONCE, y Mª Luz Sanz Escudero, vicepresidenta del CERMI.

Convención de la ONU

Tras la exposición del documento, el acto ha contado con una mesa redonda acerca del impacto legislativo que tendrá en España la entrada en vigor, el próximo 3 de mayo, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

La Convención de la ONU, ratificada por España el pasado mes de diciembre, obligará a los más de un centenar de países firmantes a adoptar todas las medidas legislativas y administrativas que sean pertinentes para eliminar toda barrera o restricción que impida a las personas con discapacidad su plena inclusión y participación efectiva en la sociedad, garantizando así los derechos humanos y las libertades fundamentales para el colectivo.

El coloquio ha contado con la participación de distintos expertos en materia de discapacidad y con la moderación de Fernando Fernández-Arias Minueda, director de la Oficina de DDHH del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.