Batalla por la igualdad
Category: Discriminación
Hola amigos:
os mando esta noticia para que por favor la hagaís llegar a lo medios de comunicación y a donde creais conveniente.
Os adjunto manifiesto que esta tarde se leerá en Chiva, a favor del niño con duchenne, unos niños compalñeros de él, al cual no le han puesto el educador que necesita en el Instituto, habiendolo solicitadola madre bdurante dos años antes de que tuviese que entrar en él para asi evitar que no tuviera ayuda, La madre ha tenido que ir a media mañana a ponerlo hacer "pi pi" por que no había nadie que lo hgiciera, despues de haber tenido una cita en educación solo ha conseguido, que les quiten a los otros colegios de Chiva 11 horas para que se las den al niño, (por lo tanto han perdido todos los colegios) cuando éste niño no tiene movilidad y necesita cada hora cambio de clase, asi como llevar bolsa, libros, ir al baño etc.
Creo sinceramente que es una verguenza que exista estos casos en nuestra "estupenda sociedad" y que mientras muchos niños discapacitados estan en estan situaciones, otras personas derrochen dinero por otro lado.
Espero que hagaís caso de este asunto por lo menos, para que lo sepa todo el mundo.
Gracias
Carmen Minguet
AMPAS CHIVA
Sabemos la problemática que existe en este municipio en materia de educadores. En todos los colegios hay niños con necesidades especiales, y especialmente en el instituto, donde actualmente hay escolarizado un niño que necesita atención continua, y que tiene asignadas sólo 30 minutos a la semana.
La única solución que le han ofrecido a este niño es darle 11 horas de educador quitándoselas a los otros colegios de Chiva, con lo que se quedan niños desatendidos.
Apoyamos a esta madre de Chiva en su lucha para que se asigne un educador a tiempo completo. Que a su vez cubrirá las necesidades especiales de los niños del Instituto.
El próximo día 30 de Octubre a las 19 horas, nos concentraremos en la plaza Gil Escartí (puerta del Ayuntamiento), donde se leerá un manifiesto reclamando este EDUCADOR, que es obligatorio por derecho para su integración. Está previsto que asista prensa escrita y televisión.
ACUDE, este problema nos afecta a todos.
REPORTAJE
Aaron, otro año sin educador
Educación deja un curso más sin personal de apoyo escolar a un niño de un instituto de Chiva con Síndrome de Duchenne
NEUS CABALLER – Valencia – 21/09/2009
Un año más, Aaron empieza sin educador. "Se supone que, al empezar el curso, debía de estar todo listo. Pero no ha sido así. El profesional de apoyo para Aaron sigue sin llegar", denuncia Amparo Navarro, madre de este alumno de 12 años, que estudia 2º curso de la ESO en el instituto público IES Marjana de Chiva. Aaron no puede andar. Vive en una silla de ruedas, porque padece el Síndrome de Duchenne: una enfermedad degenerativa de las más graves que afectan al ser humano, porque el tejido muscular deja de funcionar adecuadamente y es sustituido lentamente por tejido graso. De manera que, con la progresiva pérdida de fuerza muscular, cada vez se le hace más difícil realizar cualquier actividad de la vida cotidiana.
Este síndrome es una de las enfermedades raras más graves
"La situación es lamentable, porque necesita ayuda para todo"
La debilidad muscular primero afecta a los pies, el frente de los muslos, la cadera, la barriga, los hombros, codos y después afecta a los músculos de las manos, la cara y el cuello. Eso ocurre cuando la enfermedad está muy avanzada y ya no pueden mantener la cabeza erguida. A medida que pasa el tiempo, se caen y ya no hay remedio.
Eso es lo que le ha pasado a Aaron este verano. Tras tropezar con la silla de ruedas con un bache en la calle -al no tener fuerza en las manos y codos- cayó contra las rodillas y se rompió las dos piernas. Así que, además, va escayolado.
El inspector de Educación solicitó la plaza de educador el año pasado. Este curso, la dirección del centro -respaldada por el Ampa- tiene que iniciar el trámite otra vez. "Es desesperante, el niño sale del instituto con la bolsa abierta, que se le caen los libros y le cogen las gomas y sin poder ponerse ni la chaqueta", resume su madre.
Los neurólogos y médicos especialistas recomiendan que el niño o niña con DMD -además de asistir a terapias, revisiones médicas y sesiones de rehabilitación- tengan "la oportunidad de madurar con niños de su edad, de jugar, de aprender, y de vivir en un ambiente normalizado" y la escuela es un elemento integrador clave. Así lo certifica el médico que en octubre evaluó a Aaron el curso pasado. En tres años, certifica el historial médico, Aaron ha pasado de una distrofia del 60% de su cuerpo al 90% actualmente.
"La situación es lamentable, porque necesita ayuda para todo. Si el niño necesita ir al baño se tiene que quedar así, porque no hay nadie que le acompañe", añade su madre. En los cinco colegios públicos de Chiva y el instituto hay 19 casos reconocidos clínicamente con Síndrome de Down, que padecen Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad (TDHA) y el caso más singular, el de Aaron, con este tipo de distrofia muscular muy inusual. Sólo la padecen 3 de cada 10.000 niños varones, mientras que la epilepsia afecta a 8 de cada 1.000 y la discapacidad mental compleja, a 5 por 1.000.
La voluntad de la Generalitat Valenciana de obstaculizar la aplicación de la Ley e impedir la mejora en el tratamiento de los dependientes queda claro con la reforma llevada a cabo por la misma de las consecuencias del silencio administrativo en la resolución de las solicitudes de los dependientes. La posición inicial de la Generalitat Valenciana ante esas solicitudes fue la de no atenderlas, dejarlas morir en el cajón. Hasta que de repente descubrió que, en aplicación de la legislación estatal, el transcurso del plazo sin dictar resolución conducía a la conclusión legal de que la petición había sido estimada. Es lo que se conoce como silencio administrativo positivo.
La reacción de la Generalitat fue modificar la legislación valenciana para que el silencio administrativo tuviera efecto negativo, de rechazo de la solicitud. Y cuando el Defensor del Pueblo recurrió ante el Tribunal Constitucional esta modificación y en previsión de que dicho Tribunal pudiera dictar sentencia favorable al recurso, llevó a cabo una modificación de otra ley en el mismo sentido de que el silencio administrativo tuviera resultado negativo, con el objeto de que, caso de perder vigencia la primera reforma, se aplicara esta segunda. Es clara la determinación de la Generalitat : que no se aplique a los dependientes la ley y para ello ni doto de los equipos evaluadores adecuados ni permito que la inactividad administrativa beneficie a los dependientes.
Fuente: Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana
Días atrás, Miriam Enríquez, la autora del artículo que reproducimos en esta entrada, se marchó en busca de un mundo más solidario, menos discriminante.
Probablemente y desde su nueva morada, sonría ante tanta parafernalia como la que ha causado entre todos los mortales que la rodeamos en su paso por esta sociedad mezquina donde le tocó vivir. Pero queremos reeditar su denuncia por considerarla dentro de una rabiosa vigencia que, pese a evidenciarla, nadie se ha preocupado lo más mínimo por tratar de pasar la esponja, mucho menos disimularla. Pero mejor os dejo que la leáis.
Imposible un Hawking gallego
MÍRIAM ENRÍQUEZ | Barcelona | 28/09/2008 | A
ctualizada a las 13:51
Justamente el mismo día en que el científico Stephen Hawking aterrizaba en Labacolla para pasar seis días en la capital gallega con motivo de la entrega del premio Fonseca 2008, parapetado con un gran soporte tecnológico y un equipo de al menos seis personas que lo asisten de forma directa durante todo el viaje, la Xunta decidía que 30 ciudadanos gallegos, que al igual que el científico inglés necesitan soporte para llevar adelante su vida diaria -y que hasta ese momento estaban formando parte de un proyecto piloto de Asistencia Personal-, a partir del 1 de octubre se van a quedar en la estacada y a expensas de una Ley de la Dependencia (39/2006) que los va a devolver al confinamiento, recluidos en sus casas o en residencias.
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Stephen Hawking, a pesar de una condición física muy precaria, ha podido desarrollarse como científico, profesor, esposo, padre, amigo, etc. al igual que otras muchas personas. No sólo por su talento o su gran fuerza de voluntad, no nos equivoquemos, sino porque ha contado a lo largo de su vida con un equipo, cada vez más numeroso, de asistentes personales, de asistencia tecnológica y de un entorno accesible y adaptado a sus necesidades. Esto le ha permitido, primeramente, poder levantarse de la cama, acostarse, comer, realizar sus necesidades fisiológicas, desplazarse, trabajar, relacionarse social y laboralmente, etc. Y sólo a partir de ese momento, desarrollar su actividad científica y sus dotes divulgativas.
Si el director del hotel donde estuvo alojado el Sr. Hawking considera "que ninguna de las peticiones pueden ser calificadas de caprichos, son necesidades motivadas por sus condiciones físicas" (La Voz de Galicia, 27-8-08), ¿por qué la provisión de asistencia personal y tecnológica para los españoles es considerada un lujo y no un derecho?
Está claro que el Stephen Hawking gallego no es ni será posible mientras el científico inglés sea tratado como un héroe, adaptando milagrosamente y en tiempo récord suites de hoteles, restaurantes, locales de conferencias y hasta la mismísima catedral. Y en cambio, permitiendo que ciudadanos gallegos, con necesidades similares, sobrevivan en la incertidumbre y la precariedad, impunemente discriminados y abocados a la pobreza.
23 octubre, 2009
En el programa de este lunes en PRENSA FM, entrevistamos al asesor juridico de FEAPS- Andalucía, Don Torcuato Recover, para conocer las distintas acciones legales que desde el órgano andaluz se han dado a raíz de los dos casos de exclusión acontecidos en Almería y Benalmádena (Málaga).
Casos que una vez más, por la poca calidad humana de las personas denunciadas, privan de momentos de ocio y asueto de chicos cuya intención era disfrutar en el primer caso de un campamento de verano y en el segundo, de una noche de fiesta entre amigos por la localidad malagueña.
Aprovechando su asistencia, hemos dado a conocer las conclusiones y objetivos tratados en Cádiz en las Jornadas que la Asociación de personas autistas realizó sobre la gran dependencia. Ideas como la de analizar cada caso, ya que como explica el abogado, "cada persona es distinta a otra, sus gestos, su mirada, sonrisa, forma de correr, etc, por tanto las medidas deben ser personalizadas".
Los últimos minutos de la entrevista los hemos dedicado a conocer los pasos que se están dando para mejorar, dar a conocer y apostar en definitiva por la mejora de los derechos en distintos ordenes de la vida para las personas que convivimos con una discapacidad a raíz de la Declaración de los Derechos Humanos referente a las personas con discapacidad.
Te invito a que escuches la entrevista y que dejes tu opinión en este blog acerca de lo que aquí se trata o cualquier aspecto cercano a este lamentable caso.
Un saludo.
Pedro Garcçia.
pedrorecover@hotmail.com
AYUDAS | En colaboración con Upapsa
El programa velará por la no discriminación de este colectivo en los ERE
elmundo.es | Alicante
Actualizado lunes 19/10/2009 13:23 horas
La Obra Social de CAM ha destinado 17.000 euros al programa denominado ‘ERE de salida’ del Servicio de Integración Laboral de UPAPSA, que toma los expedientes de regulación de empleo "como punto de salida de nuevas estrategias laborales", según informó la organización humanitaria.
Con motivo de la firma este lunes del convenio de colaboración entre ambas entidades, los responsables del servicio de Integración Laboral de UPAPSA destacaron que para el 2009-2010 este servicio pondrá en marcha de nuevas líneas de actuación estratégicas encaminadas al sostenimiento del empleo de personas con discapacidad e incapacidad permanente total.
Para ello, está previsto reforzar la difusión de las ayudas, subvenciones, bonificaciones y beneficios, para la contratación a través de nuevas tecnologías, planes presenciales a los empresarios y establecimiento de alianzas con los principales sindicatos para la vigilancia especial de los trabajadores con discapacidades cuanto a su situación actual.
Así mismo, esta iniciativa dará especial atención a sus condiciones actuales, no discriminación en los reajustes de plantillas y expedientes de regulación de empleo, así como las vías de inclusión de aquellos afectados por ERE en los servicios específicos de orientación y búsqueda de empleo activo a través de SIEM para su recolocación y nueva ubicación laboral.
La colaboración de Obra Social CAM con UPAPSA se desarrolla desde hace años, fue una de las principales fuentes de financiación en la puesta en marcha de la Vivienda de Respiro Familiar de Emergencia de UPAPSA, servicio pionero en España y que ha conseguido tras 10 años de funcionamiento el reconocimiento de todo el sector.
En la actualidad, la colaboración de la Obra Social CAM se centra en el Servicio de Integración Laboral de UPAPSA iniciado en el año 1998, fecha desde la cual ha posibilitado la integración laboral de más de 980 personas con discapacidad en empresas privadas de la provincia.
El servicio de Integración Laboral de UPAPSA cuenta también con subvenciones de la Conselleria de Economía, Hacienda y Empleo, según recordaron las mismas fuentes.
Levante-EMV.com » Comunitat Valenciana
Bienestar social
El PSPV teme el traslado de enfermos mentales a la privada
EP/LEVANTE-EMV.COM
La diputada del grupo socialista en las Corts valencianes Rebeca Soler mostró hoy su "temor" ante la posibilidad de que el Consell esté "ultimando el traslado de los enfermos mentales a residencias privadas que no cubren sus plazas, a cuenta de los fondos percibidos a través de la ley de la Dependencia".
En un comunicado, Soler consideró que éste "es el legado que ha dejado el ex conseller de Bienestar Social, Juan Cotino" y advirtió de que el PSPV "no va a consentir la privatización de más recursos, ni un paso atrás en el reconocimiento y regulación de los centros para enfermos mentales".
La diputada lamentó que el borrador de la nueva orden de Bienestar Social, que ahora dirige Angélica Such, "influye directamente en la atención de estos enfermos", puesto que "modifica el registro, autorización y acreditación de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana". Añadió que esto "impedirá mantener la idea de la atención específica a las personas con enfermedad mental y convertirá los centros en meros aparcamientos".
En este sentido, Soler anunció que los socialistas exigirán la comparecencia de la consellera en la próxima comisión de Política Social, para que explique en qué términos queda este nuevo plan. La diputada esperó "una mayor sensibilidad de Such para atender a los enfermos y a sus familias", aunque manifestó su "recelo" porque consideró que la gestión de la consellera "podría estar tutelada por Juan Cotino".
Así, reclamó a Such que "atienda a las reivindicaciones" que ha presentado la Federación de Asociaciones de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Feafes) en forma de alegaciones al borrador del plan integral que prepara el Consell. Entre las exigencias de este colectivo citó "la creación de centros de día, la ampliación de los servicios o la elaboración de programas de inserción laboral o dirigidos a la población del Psiquiátrico Penitenciario".
PROVINCIA ALICANTE
Sin amparo legal por ser dependiente
«No entiendo nada», le contesta el padre de una joven paralítica a la juez tras suspender el primer pleito contra Bienestar por las dudas sobre la competencia territorial.
E. BROTONS | ALICANTE
Los juzgados de Alicante se convirtieron ayer en un clamor popular por el incumplimiento de la Ley de Dependencia. La celebración de la primera demanda en la sala uno de lo contencioso-administrativo, -denuncia que ha sido interpuesta por una familia para exigir a Bienestar Social los derechos recogidos en la normativa-, sirvió de reclamo para que discapacitados, padres, hermanos y amigos se concentraran en las puertas con pancartas y camisetas naranjas y denunciasen la situación por la que están pasando.
Eran pasadas las nueve y media de la mañana cuando comenzó la vista oral y algunos dependientes entraron esperanzados en la sala. «Puede ser un precedente», comentaban. Veinte minutos después, salían indignados. «Es una vergüenza», afirmaban tras la decisión judicial. La odisea de los discapacitados por los tribunales no ha hecho más que comenzar.
La familia de Ayeisa Méndez se ha convertido en un emblema. Esta joven de 27 años padece una parálisis cerebral de nacimiento, con un grado de discapacidad del 85% y en abril de 2007 sus padres se acogieron a la polémica ley. Año y medio después de no recibir contestación del Consell, pusieron el caso en manos del abogado David Gandía, quien posteriormente amplió la demanda ya que se le reconoció un grado de dependencia inferior al que consideraban. A Ayeisa, que necesita una atención las 24 horas al día, le concedieron finalmente una prestación de la que ya está disfrutando: la asistencia al centro de día Infanta Elena, de nueve de la mañana a cinco de la tarde y de lunes a viernes.
El padre, Javier Méndez, teme por su futuro y quiere una plaza residencial o el servicio de un cuidador que cubra las horas, fines de semana y las vacaciones.
La incompetencia territorial fue el argumento esgrimido ayer por el letrado de la Conselleria y que llevó a que la jueza decidiese anular la vista oral hasta que la Fiscalía decida en unos días qué tribunal es el competente: el contencioso-administrativo de Valencia o el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), órgano donde se están derivando todos los casos, dilatándose en el tiempo y dejando «totalmente abandonados» a los afectados, apuntó Gandía.
Traslado a Valencia
Ante un público mucho más numero de lo habitual -faltaron sillas para todos los que entraron-, la parte demandante recordó el compromiso de los poderes públicos para hacer cumplir la ley. Y puso de manifiesto las dificultades que supondrá para la familia trasladar el juicio a Valencia, por la discapacidad de la joven, cuando el órgano que dicta las resoluciones de la ley es la Conselleria que, con sede en Valencia, tiene también una dirección territorial con ubicación física en Alicante.
Una vez la jueza explicó al padre que el juicio quedaba suspendido, le preguntó si quería decir algo. «No entiendo nada», le contestó. «No sé si esto es algo de alienígenas», añadió. Dirigiéndose al abogado de la administración le recriminó que «esto -en referencia a la competencia- es demorar la resolución» y ante una sala repleta denunció que «la ley se está aplicando mal».
Amigos, dependientes y familiares, ayer, en la puerta del juzgado.
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NOTICIA «Estoy indignado pero no pienso rendirme»
fotos Concentración de los afectados
—oOo—
Desde las Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana, agradecer el apoyo que con su presencia nos han manifestado los sindicatos CC.OO. y U.G.T., los partidos políticos Esquerra Unida, PSPV-PSOE y Vecinos por Alicante y muy especialmente el de COCEMFE ALICANTE (Federación de Asociaciones de Discapacitados Físicos de la Provincia de Alicante) por cuanto para todos representa esta acción reivindicativa.
¡GRACIAS!
TRIBUNALES
Bienestar Social logra suspender el primer juicio por la Ley de Dependencia
La juez levanta la vista al plantear el abogado de la Generalitat que la demanda se traslade al TSJ
MULTIMEDIA
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"¿Qué objeto tiene alargar este proceso? No van a conseguir que me canse". Alicante
El padre de Ayeisa sostiene una camiseta de las Plataformas en defensa de la Ley de Dependencia de la Comunidad Valenciana
JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ
Era la crónica de una suspensión anunciada. El juicio por la primera demanda a la Generalitat por la Ley de Dependencia acabó aplazándose al cuestionar el letrado de la Conselleria de Bienestar Social la competencia del juzgado para resolver esta demanda, que según él debe ir al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Los demandantes son los padres de Ayeisa Méndez, una joven de 26 años que sufre parálisis cerebral y con una discapacidad del 85%, que fueron a la vía judicial un año y medio después de haber pedido la ayuda en Conselleria y no haber recibido respuesta. Bienestar Social contestó dos años después, reconociendo un grado de discapacidad inferior al planteado por la familia.
La cita era en el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número uno de Alicante. En una sala de vistas de apenas diez metros cuadrados donde más de medio centenar de representantes de las plataformas en Defensa de la Ley de la Dependencia esperaban que la vista marcara un precedente y abriera un nuevo camino a otros afectados. Finalmente, la magistrada suspendió el juicio para pedir un informe al fiscal sobre qué juzgado debe ser el competente y después se tomará una decisión.
Desde primera hora de la mañana, los miembros de la Plataforma por la Ley de Dependencia se concentraron frente a los juzgados de Pardo Jimeno exhibiendo la pancarta "Nuestro apoyo para Ayeisa y su familia. ¡Cumplid con la Ley de Dependencia ya!". En la entrada repartieron sus reivindicaciones y exhibieron camisetas de la plataforma. Hasta ahora, todas las demandas eran rechazadas y derivadas al TSJ, alegando falta de competencia territorial. Ayer era la primera vez que se aceptaba una y se señalaba la vista. "Si este recurso prospera, se van a beneficiar centenares de familias que están en esta situación con una Generalitat que se niega a aplicar la ley", explicó Mercedes Pastor, miembro de la plataforma. El secretario provincial del PSPV para asuntos de Bienestar Social, Luis Briñas, cargó contra la Generalitat de Camps, "más preocupada del Gürtel que de los problemas de los dependientes".
Nada más empezar el juicio, el abogado de la Generalitat planteaba que se suspendiera por "falta de competencia objetiva de este juzgado" y que se resolviera en el TSJ de la Comunidad, porque se estaba recurriendo una resolución de la administración autonómica emitida en Valencia.
Por su parte, el letrado de la familia, David Gandía, recordó que el espíritu de la ley es el apoyo a las personas dependientes y recalcó las dificultades de una persona discapacitada para desplazarse a Valencia para defender su recurso y subrayó que trasladar la demanda a otros juzgado supondrá alargar más el procedimiento cuando lleva esperando la ayuda desde el año 2007. Gandía recordó que la Conselleria de Bienestar Social tiene una dirección territorial en Alicante y que los técnicos que valoraron a la joven eran de Alicante.
Finalmente, la juez suspendió la vista para decidir si se queda la demanda, la traslada al TSJ o incluso a un juzgado contencioso de Valencia.
Salut adjudica a presos un trabajo que hacían discapacitados psíquicos.
Los responsables de Icària no se han quedado de brazos cruzados. Se han entrevistado con las conselleres de Justícia, Montserrat Tura, y Treball, Mar Serna.
JOSEP PLAYÀ MASET | Barcelona | 13/10/2009 | Actualizada a las 00:56h | Ciudadanos
La Generalitat aprobó el pasado 3 de septiembre un expediente de regulación de empleo (ERE) en la empresa Icària Arts Gràfiques que ha dejado temporalmente en la calle a 21 personas. La noticia no tendría más relevancia que otros expedientes, si no fuera porque los 21 afectados son discapacitados psíquicos que con muchas dificultades habían logrado un trabajo por el que se sentían recompensados en su economía y en su autoestima. Y si no fuera porque ese ERE es consecuencia de que la misma Generalitat, hasta ahora principal cliente de esta empresa, ha trasladado sus encargos a otra cuyos trabajadores son presos.
La situación parece digna de una película de enredo pese al dramatismo que encierra. Desde hace doce años la empresa Icària Arts Gràfiques, un centro especial de trabajo sin ánimo de lucro que emplea a trabajadores con disminución psíquica, realizaba la estampación de la ropa del Institut Català de la Salut (ICS). Dicho de otra forma, se encargaba de grabar las letras de sábanas, fundas de almohada, batas y toda la ropa utilizada en los hospitales públicos de Catalunya. No había quejas ni del trabajo ni del precio, pero el Departament de Salut convocó una nueva licitación de este y otros trabajos y adjudicó a finales del año pasado la concesión (confección y estampación) al Centre d’Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), empresa pública del Departament de Justícia que emplea a presos de las cárceles. El objetivo fundamental del CIRE es fomentar la inserción laboral de las personas encerradas, mediante formación profesional y prácticas en talleres ubicados dentro y fuera de los centros penitenciarios. En pocos años de funcionamiento, su experiencia ha sido valorada muy positivamente.
Una vez obtenida la concesión, los gestores del CIRE negociaron con Icària las condiciones para mantener el trabajo de estampación, pero a mediados de este año les dijeron que resultaban demasiado caros. Al día siguiente, Icària perdía el 30% de su facturación, unos 330.000 euros anuales, y se veía obligada a reducir su plantilla a la mitad.
Para María José Pujol, directora de Icària, se trata de una competencia desleal. "La productividad de un preso es superior a la de un discapacitado psíquico, pero con el presupuesto de prisiones, que sale de todos nosotros, se pagan gastos básicos como la luz o el agua, se han comprado las máquinas y las instalaciones. Además, por cada ocho presos tienen a un encargado al que no necesitan pagarle porque es funcionario, y disponen de hasta 2.000 presos para trabajar". Según Pujol, "a los presos se les paga un sueldo especial de convenio estipulado en 430 euros mensuales, muy inferior al salario mínimo interprofesional, que pagamos nosotros". "Contra esto, ni los chinos pueden competir", dice la directora de Icària.
El centro especial de trabajo Icària Gràfiques funciona desde 1992 con sus propios talleres en el Poblenou. Sus trabajadores, con disminución psíquica, han recibido una formación profesional específica en la Escola Taiga y obtienen un salario que les permite la integración social. La empresa Icària Iniciatives Socials empezó su andadura en 1976 y hoy es una entidad consolidada que agrupa la Escola Taiga, que cuenta con 60 alumnos; el Centre Ocupacional Bogatell, con 64 alumnos; el Albergue Inout, en Vallvidrera, con capacidad para 168 plazas y donde trabajan 53 personas, en su mayoría discapacitados psíquicos, y el restaurante del albergue, abierto recientemente.
Los responsables de Icària no se han quedado de brazos cruzados. Se han entrevistado con las conselleres de Justícia, Montserrat Tura, y Treball, Mar Serna, con los gerentes de los hospitales y con representantes políticos. Su objetivo es recuperar el trabajo. Han logrado que el diputado Josep Lluís Cleries (CiU) hiciese varias preguntas a la Mesa del Parlament. Una de ellas dice: "¿Encuentran lógico que el mismo Govern de la Generalitat promueva que personas con discapacidad pierdan su trabajo, cuando por ley tienen la obligación de fomentar su ocupación?".
PALABRAS CLAVE
Icària, Generalitat, ERE, Josep Lluís Cleries, Mar Serna, Vallvidrera, Institut Català, Montserrat Tura, Pujol, ICS, CiU, Poblenou