Durante meses, los miembros de la familia Lambert virulentamente se oponen respecto al mantenimiento  en estado comatoso de Vincent Lambert. El Consejo de Estado ha recibido, en virtud del artículo L. 521-2 del código de justicia administrativa, un recurso en emergencia (‘référé-liberté) que le permite tomar rápidamente todas medidas útiles para que se paren las violaciones graves y manifiestamente ilegales a las libertades fundamentales.

En una ordenanza del 14 de febrero 2014, el Consejo de Estado recurrió a varios razonamientos a menudo inéditos en el contencioso administrativo francés tan respecto a la substancia de la argumentación como respecto al procedimiento.

Respecto a los argumentos substanciales, el Consejo de Estado afirma primero una position de principio. Precisa que tiene que ejercer su competencia de una manera particular cuando se enfrenta  a una decisión tomada por “un médico sobre la base del código de la salud pública que conduce a interrumpir o no iniciar el tratamiento” medical fundado en “el argumento de que este último habría por” resultado una obstinación irrazonable y que la ejecución de esta decisión afectaría irreversiblemente la vida”. Tiene entonces que tomar, en formación colegial, todas las medidas necesarias conservatoria “para impedir la ejecución de una tal  decisión teniendo en cuenta la exigencia de “conciliación entre las libertades fundamentales en juego que son el derecho al respeto de la vida y el derecho del paciente a dar su consentimiento al tratamiento médico y no someterse a un tratamiento que dé lugar a una obstinación irrazonable”.

Precisa en siguiente que “cada persona debe recibir el cuidado el más apropiado para su estado de salud, sin que los actos de prevención, de investigación y de tratamiento practicados hacen correr riesgos desproporcionados en relación con el beneficio esperado”.  Recuerda el Consejo de Estado que “los actos no deben, sin embargo,  consistir en una obstinación irrazonable y que pueden ser suspendidos o no realizados cuando aparecen innecesaria o desproporcionada o que no tienen por otro efecto que el solo mantenimiento artificial de la vida, eso que el paciente sea o no en fin de vida”.

Por fin, considera que “cuando el paciente no es capaz de expresar su voluntad, la decisión de limitar o suspender el tratamiento basada en el motivo de que de su continuación resultaría una obstinación irrazonable puede, con respecto a una medida que pueda poner en peligro la vida del paciente, ser tomada por el médico” en conformidad con los procedimientos de decisión definidas por el código de la ética médica. Al final,  “incumbe al médico si toma esa decisión, en todo caso salvaguardar la dignidad del paciente y seguir los cuidados paliativos”.

Respecto al procedimiento, el Consejo ha suspendido su decisión –mientras que esté solicitado a decidir en emergencia-  a la pericia de un panel de tres especialistas en neurociencia realizado dentro de los dos meses respecto a la situación del paciente. Lo justifica por la falta de informaciones precisas de la situación medical del paciente. Además invita asimismo a la Academia Nacional de Medicina, el Comité Consultivo Nacional de Ética, el Consejo Nacional del Colegio de Médicos  a presentar observaciones por escrito.

Se añade a esta suspenso excepcional, una declaración  especial, también excepcional, del Vice-presidente del Consejo de Estado explicando por el carácter particularmente difícil del caso (mas que “difícil” al sentido de Hart o  de Dworkin, podría ser calificado el caso de “trágico” al sentido de Manuel Atienza),  la razón de este suspensión inédita decisión de en el marco de un procedimiento de emergencia.
La nueva decisión del Consejo de Estado esta esperado por el principio de junio 2014.

Conseil d’Etat, 14 février 2014, Mme P….,  U… et autres

Ver también la declaración” especial del Vice-présidente del Consejo de Estado: http://www.conseil-etat.fr/media/document/2014_02_14_intervention_vincent_lambertv5.pdf

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El tribunal administrativo de Mata Utu ha permitido por la primera vez que las costumbres locales pueden derogar a los requisitos nacionales de admisibilidad del recurso ante los jueces administrativos.

En este caso, las costumbres vinculadas eran vinculadas a la forma de actos adminsitrativos en las islas de Wallis y Futuna.

Tribunal administrativo de mata Utu, 30 de octubre 2013.
Decision  publicada en AJDA, 2014, p. 518, comentario F. Flaberon, “La République et la coutume à Wallis et Futuna”.

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Dieudonné (M’Bala M’Bala) es un humorista famoso en Francia que desde esta una decana de año provocó varias polémicas en razón del carácter juzgado antisemitas por fallos judicial de sus espectáculos o de modalidades de expresión de otras formas.

A él tenía que presentar en varias ciudades un nuevo espectáculo para los cuales se sabía que reiteraría palabras y declaraciones antisemitas y provocativas.

En consecuencias, un prefecto, (pues en el fundamento de la ordenanza aquí comentada del Consejo de Estado, dos alcaldes) prohibieron, al principio de enero 2014, el espectáculo fundándose sobre sus poderes de policía y de mantenimiento del orden público.

Al final de un recurso de “référé-liberté” ante el Tribunal administrativo de Nantes, recurso previsto al artículo L. 521-2 del código de justicia administrativa, según el cual el juez administrativo, juzgando en emergencia, puede tomar todas medidas útiles para que se paren las violaciones graves y manifiestamente ilegales a las libertades fundamentales, Dieudonné obtuvo la anulación de la decisión de prohibición del espectáculo. Como es lo es permitido, el ministro del Interior, hizo un recurso en apelación al juez administrativo supremo, el Consejo de Estado en fin de conseguir la anulación de la ordenanza del Tribunal.

Para concluir a la legalidad de la interdicción del espectáculo el Consejo de Estado procedió a una subida en generalidad de los argumentos invocando la manera controvertida “cohesión nacional”, y sobre todo la protección de la dignidad como componente del orden público, recordando su posición de principio en unos de sus decisiones las más famosas del final del último siglo, relativo al caso del “lanzamiento de enano” (Conseil d’Etat, 27 octobre 1995, Commune de Morsang-sur Orge).

Entonces, después haber recordado que “el ejercicio de la libertad de expresión es un requisito previo para la democracia y una de las garantías de respeto de otros derechos y libertades” y que las autoridades de la policía administrativa tienen que tomar todas medidas permitiendo el ejercicio de la libertad de reunión, precisa que las limitas a tales libertades fundamentales justificadas por exigencias del orden público, tienen que ser “necesaria, adecuada y proporcionada”.

Especialmente, en este caso, el Consejo se funda primero sobre un argumento de hecho. Considera que “la realidad y la gravedad de los riesgos de alteración del orden público” son establecidas. Sigue con argumentos evaluativos : estima que aunque los programas del espectáculos anunciaron que las palabras penalmente condenadas y que perjudican a “la cohesión nacional” no serían expresadas, no hay garantías “suficientes para evitar un grave riesgo de violaciones al respeto de los valores y principios, entre ellos de la dignidad de la persona humana consagrados en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y por la tradición republicana”. Entonces, “pertenece a la autoridad administrativa a adoptar medidas para prevenir que los actos delictivos sean cometidas”.

El caso fue muy mediatizado y comentado por los especialistas de libertades públicas y de derecho administrativo. En substancia, una controversia opone todavía los que estiman justificada la anulación del espectáculo considerando que Dieudonné reutilizaré palabras ya penalmente condenadas por antisemitismo, y otros, que sin aceptar para nada las opiniones de Dieudonné – incluido al contrario, lo combaten muy fuertemente – estiman peligroso para las libertades (en particular la libertad de expresión) prohibir de manera previa un espectáculo.

Dieudonné ha introducido un recurso al Tribunal europeo de los derechos humanos.

Ver : Conseil d’Etat, 9 janvier 2014,  Ministre de l’intérieur c/ Société Les Productions de la Plume et M. Dieudonné M’Bala M’Bala, req. n° 374508

http://www.conseil-etat.fr/fr/communiques-de-presse/spectacle_de_dieudonne.html

Ver también : Nicolas Hervieu, « Le négationnisme, prisme révélateur du dilemme européen face à la lutte contre l’extrémisme », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés.

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En dos decisiones del 4 de abril 2014, el Consejo constitucional se pronunció sobre la conformidad a la libertad de empresa de las limitaciones del trabajo de noche (QPC n° 2014-373 del 4 de abril 2014) y del trabajo el domingo (QPC n° 2014-374  del 4 de abril 2014). Las dos decisiones resultan de recursos de la sociedad SEPHORA pero refleta una ofensiva recurrente y más en más importante de empresa del sector de la grande distribución a poder abrir más fácilmente los negocios el domingo.

En la primera decisión relativa al trabajo de noche, el Consejo constitucional la sociedad SEPHORA sostenía que reservando “el trabajo de noche a los solos empleadores que justifican la necesidad de asegurar la continuidad de la actividad económica o de los servicios de utilidad social, las disposiciones del artículo L. 3122-32 del código del trabajo desconocen la libertad de empresa”. En un primer tiempo, el Consejo recuerda, de manera clásica, que el legislador puede limitar la libertad de empresa con la condición de que sea justificada por exigencias constitucionales o por el interés general, y que no sea desproporcionada respecto al objetivo perseguido. En un segundo tiempo, el Consejo se refiere a limitaciones posibles a la libertad de empresa enunciadas en el Preámbulo de la Constitución de 1946 al cual reenvía el Preámbulo de la Constitución vigente: “la Nación le asegura al individuo y a la familia las condiciones necesarias para su desarrollo” y “garantiza a todos la protección de la salud, la seguridad material, el descanso y el ocio”. Concluye de esté balance que “previendo que el trabajo de noche es excepcional y debe ser justificado por la necesidad de asegurar la continuidad de la actividad económica o de los servicios de utilidad social, el legislador (…) operó una conciliación que manifiestamente no es desequilibrada entra la libertad de empresa y las exigencias sociales. Entonces, son justificadas las estrictas condiciones al trabajo de noche.

 

La segunda decisión se fundó sobre argumentos un poco diferentes y más técnicos. No solo era en juego la libertad de empresa sino también el derecho a un recurso efectivo. Para poder abrir negocios el domingo, las empresas tienen en efecto que pedir la autorización al prefecto. Esta autorización de derogación al descanso dominical puede hacer el objeto de un recurso. Este recurso suspende la autorización, es decir que hasta la decisión del tribunal administrativo no es posible a la empresa abrir su negocio el domingo. Pero ningunos recursos eran previstos para contestar el efecto suspensivo del recurso principal.

El Consejo constitucional estima aquí, que esta imposibilidad de recurso, respecto a la duración posible de la suspensión, es contrario al derecho a un recurso efectivo.

Decisión QPC n° 2014-373 del 4 de abril 2014 : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-373-qpc/decision-n-2014-373-qpc-du-04-avril-2014.140564.html

Decisión QPC n° 2014-374  del 4 de abril 2014 : http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-374-qpc/decision-n-2014-374-qpc-du-04-avril-2014.140574.htm

 

 

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Fundándose sobre el argumento de la crisis económica, varias empresas, particularmente en el ámbito industrial, cierran, desemplean a pesar de oferta de recuperación. Siguiendo un caso muy mediatizado de las fábricas de la ciudad “Florange”, el legislador había previsto medidas permitiendo imponer – con excepciones muy estrictas – , por una decisión judicial, a los propietarios de empresa que desean venderla “oferta seria de recuperación”. Después haber recordado la posibilidad  del Parlamento de limitar  la libertad empresarial si  “las limitaciones de las normas constitucionales son justificadas por el interés público y a condición de no prever violaciones desproporcionados al objetivo perseguido”, el Consejo constitucional considera que las medidas previstas en la ley examinadas violan la libertad de empresa.

Más precisamente, basándose sobre un razonamiento traído de un análisis económico del derecho, el Consejo constitucional concluye, por una parte, que permitiendo un rechazo de cesión en caso de oferta de recuperación seria en el solo caso donde es motivado por la situación de peligro del conjunto de la actividad de la empresa, las disposiciones legales tienen “por resultado privar la empresa de su capacidad a anticipar dificultades económicas y de proceder a arbitrajes económicos a un otro nivel que el del conjunto de la actividad de la empresa”. Por otra parte, estima que permitiendo  a un juez  sancionar financieramente el rechazo de una oferta, las disposiciones impugnadas tienen por consecuencia que los  tribunales se sustituyen “al juicio de un empresario”. Entonces atentan al derecho de propiedad y a la libertad estando manifiestamente desproporcionadas con respecto al objetivo perseguido.

 

Decision n° 2014-692 DC, 27 mars 2014, http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/les-decisions/acces-par-date/decisions-depuis-1959/2014/2014-692-dc/decision-n-2014-692-dc-du-27-mars-2014.140367.html

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Frente a la contestación de  la imposibilidad legal para los alcaldes apoyarse en une clausa de conciencia (que seria comparable a la que tiene los medico frente al aborto)  para no celebrar el matrimonio de personas de mismo sexo (Ley de 17 de mayo de 2013), el Consejo constitucional estima que, excluyendo toda posibilidad de no celebración, el poder legislativo garantiza “el correcto funcionamiento y la neutralidad del servicio público del estado civil”;  no violó la libertad de conciencia.

Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-353 QPC du 18 octobre 2013, M. Franck M. et autres [Célébration du mariage - Absence de « clause de conscience » de l'officier de l'état civil]

Ver Vincent Gury et Yehudi Pelosi, « Les officiers de l’état civil ne sauraient refuser d’appliquer la loi, ni intervenir au soutien d’une QPC tendant à la critiquer », [PDF], 15 novembre 2013.

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En una decisión del 1ero de agusto 2013, el Consejo constitucional estima conforme al principio de dignidad la ley autorizando  la investigación en embriones humanos o células madre embrionarias en la medida en que no puede ser llevada a cabo sin autorización, se somete a las condiciones estrictas legalmente definidas, y que se hace en un  marco médico.

Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-674 DC du 1er août 2013, Loi tendant à modifier la loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique en autorisant sous certaines conditions la recherche sur l’embryon et les cellules souches embryonnaires


Ver Sylvia-Lise Bada, « La loi autorisant la recherche sur l’embryon humain et les cellules souches embryonnaires franchit avec succès l’épreuve du contrôle de constitutionnalité » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 27 août 2013.

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El artículo 35 de la Ley de 29 de julio de 1881 sobre la libertad de prensa previa que la verdad de los hechos difamatorios siempre se puede demostrar, a la excepción de “cuando la acusación se refiere a un acto que constituya un delito amnistiados o prescrito, o a una condena cancelado mediante la rehabilitación o la revisión del proceso”. El justiciable estimaba que tales excepciones atenta a la libertad de expresión (artículo 11 de la Declaración de 1789). El Consejo constitucional la da razón fundándose mas precisamente sobre la desproporcionalidad de la violación à la libertad de expresión.  Para el Consejo, la prohibición incluyendo “todas las declaraciones o afirmaciones resultantes del trabajo histórico o científico” tan como afirmaciones relativas “a los  hechos o comentarios que forman parte de un debate público de interés general”, tiene una amplitud ” general y absoluta” que atenta de manera  no proporcionada a la libertad de expresión.

Conseil constitutionnel, Décision n° 2013-319 QPC du 7 juin 2013, M. Philippe B. [Exception de vérité des faits diffamatoires constituant une infraction amnistiée ou prescrite, ou ayant donné lieu à une condamnation effacée par la réhabilitation ou la révision]


Ver
Selim Degirmenci, « La liberté d’expression aux prises avec la protection contre la diffamation, une “vérité“ sans cesse extirpée de son puits par les juges de la rue Montpensier » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 19 août 2013.

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En un fallo del 19 de marzo 2013, la Corte de casación infirma el fallo de una Corte de apelación que estimaba legal la terminación de una mujer musulmana que trabajaba en un jardín infantil, al motivo que llevaba un velo islámico. La Corte de apelación se fundaba en el hecho que la empleada era en contacto directo con los niños. En el balance entre el principio de libertad religiosa y el principio de laicidad y neutralidad, la Corte de apelación ponderaba en favor del segundo : estimaba que el reglamento del jardín infantil puede prever que “el principio de libertad de conciencia y de religión de cada empleado “no puede ser un obstáculo a los principios de laicidad y neutralidad en el ejercicio de todas las actividades desarrolladas”, a la condición de que las restricciones” a las libertades “parecen justificadas la naturaleza de la tarea y proporcionadas a la finalidad perseguida”. La Corte de Casación, al contrario, estima que la posibilidad limitar la libertad religiosa y de conciencia enuncia una “restricción general e imprecisa” y que puede tener consecuencias discriminatorias.

Sin embargo, asistimos a un fenómeno de resistencia de los jueces de apelación  (juges du fond). En un fallo del 27 de noviembre 2013, la Corte de apelación de Paris estima que el reglamento del jardín infantil, no atenta a la libertad religiosa, ni es tampoco “discriminatorio”.

Más esperado

 

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2013, Arrêt n° 536 – n° 11-28.845 : http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/chambre_sociale_576/536_19_25762.html

Ver Barbara Gomes, Xavier Orgerit et Thomas Ufarte, « La liberté d’expression religieuse au travail à l’épreuve des soubresauts du principe de laïcité » [PDF] in Lettre « Actualités Droits-Libertés » du CREDOF, 1er mai 2013.

Ver también : Gabrielle Hébrard, « L’éclairage du Conseil d’Etat sur les obscurités de l’exigence de neutralité religieuse », La Revue des droits de l’homme [En ligne], Actualités Droits-Libertés, mis en ligne le 17 janvier 2014, consulté le 11 avril 2014. URL : http://revdh.revues.org/504

 


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“El matrimonio se contrae por dos personas del sexo opuesto o del mismo sexo” (artículo 143 del Código Civil). Después de la Ley Neuwirth de 1967 que autoriza la anticoncepción,  la ley Veil de 1975 que permite el aborto, la Ley Badinter de 1982 de  abolición de la pena de muerte, viene la Ley Taubira nº 2013-404 de 18 de mayo de 2013 abriendo el matrimonio a parejas del mismo sexo . La virulencia del debate y la creciente generalidad de los argumentos lo relevan, esta ley tiene su lugar entre las grandes leyes sociales de la Quinta República que lo deploramos, que lo defendemos  o que quedamos indiferente.

En el ámbito jurídico, es probablemente en los principios constitucionales de igualdad y de libertad de matrimonio que la ley del 18 de mayo de 2013 encuentra sus justificaciones las más fuerte. Pero es, en contrapunto, el rechazo de la existencia de un principio fundamental reconocido por las leyes de la República de que el matrimonio sería la unión de un hombre y de una mujer que llamará aquí nuestra atención. El párrafo 21 de la Decisión n ° 2013-669 DC del 17 de mayo de 2013 es muy rico respecto a este elemento.

Al invierno 2012-2013, los constitucionalistas franceses se apasionaron ​​por la cuestión de saber si el Código Civil podría o no podría ser la fuente de un principio fundamental reconocido por las leyes de la República. Algunos entonces argumentaron en que el dicho Código limita el matrimonio a la unión entre un hombre y de una mujer, de forma continua por lo menos desde 1804. El argumento era  serio para justificar la formación de un principio fundamental reconocido por las leyes de la República respecto a los criterios en los cuales  el Consejo Constitucional está acostumbrado a fundarse para admitir la existencia (o rechazarla) de este tipo de principio constitucional. Además, fue un era en la cual el Consejo se había mostrado muy flexible y generoso en este sentido.

Sin embargo, desde una decisión N º 88-244 DC de 20 de julio 1988, el Consejo se revela más riguroso. Para que un principio sea elevado al nivel constitucional de  principio fundamental reconocido por las leyes de la República, tiene que estar afirmado en una ley promulgada durante un régimen republicano, antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1946, de forma continua, y con la intención de dedicar un principio fundamental. Como lo explicó Guy Carcassonne, con un estilo inimitable, para admitir la existencia de un principio fundamental reconocido por las leyes de la República el Consejo constitucional invita a “distinguir entre lo que el resultado de la verdadera voluntad de construir un principio y lo que es el resultado de contingencias accidentalmente repetitivas ” (G. Carcassonne, La Constitution, Paris, Editions du Seuil, 2013, 11 ª edición, p. 432).

 

Sin fundamento textual, el Consejo Constitucional recuerda, en su decisión de 17 de mayo de 2013, que la tradición republicana “solamente” no “podrá ser eficazmente invocada” para dar lugar a un principio fundamental reconocido por las leyes de la República. La cuestión central resulta entonces determinar si  los criterios del matrimonio enunciados en el Código Civil de 1804 pueden considerarse como inscritos en un ley republicana o no. El problema es tan serio que ha sido fuente de diversas concepciones dogmáticas y que el Consejo Constitucional siempre lo eludo (se nos permite hacer referencia a nuestro artículo ” El Código Civil,  fuente de los principios básicos reconocido por las leyes de la República? ” en M. Verpeaux   (ed.), Code civil et constitution, Economica, 2005, p. 15-27).

La decisión de 17 de mayo de 2013 no hace  excepción a esta actitud. Del Código Civil como fuente de un principio fundamental reconocido por las leyes de la República, al final, no se habla. Sin embargo, para rechazar la afirmación de que el matrimonio es la unión de un hombre y de una mujer sería un principio  de nivel constitucional, el Consejo demostró una cierta audacia.

En primer lugar, se hace una distinción entre la situación de la “regla” y el “principio”. Para rechazar la existencia de un “principio ” fundamental reconocido por las leyes de la República, presenta como una “regla” la afirmación de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer. El lector no tiene información sobre la diferencia que le Consejo hace entre un principio y una regla (y leer Dworkin, Alexy, Atienza, Manero o Guastini, en esta caso, no sirve a mucho….). A lo menos, podemos afirmar que la “regla” parece tener una menor importancia o estatuto jurídico que le principio.

Sobretodo, en segundo lugar, el Consejo se ocupó a precisar que esta “regla” “no atañe ni a los derechos y libertades fundamentales, ni a la soberanía nacional, ni a la organización de los poderes públicos”. Los especialistas de las decisiones constitucionales  pueden entender que el Consejo constitucional se refiere a una tipología que era hasta ahora implícita de los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República. Pero esta tipología no es aquí un simple recuerdo informativo. En la boca del Consejo constitucional, tiene una dimensión prescriptiva. Para que un principio fundamental reconocido por las leyes de la República sea consagrado tiene ahora que “ atañer ” – para usar el verbo utilizado por el Consejo Constitucional – los “derechos y libertades «, la “soberanía nacional” o la “organización de los poderes públicos”.  Y luego porque la regla que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer “no atañe «, según el Consejo, una de estas áreas “no puede constituir un principio fundamental reconocido por las leyes de la República «. Al riesgo de hacerse el abogado del diablo, nos podemos mostrarnos dubitativos acerca de la  afirmación de que esta “regla” no  “atañe” el campo de los “derechos y las libertades fundamentales».

El párrafo  21 de la decisión termina de manera no menos intensamente que empezó: “además”, dice el Consejo Constitucional, “debe ser en todo caso descartado el argumento de que el matrimonio sería “naturalmente” la unión de un hombre y de una mujer”. Este rechazo del argumento naturalista puede aquí significar dos cosas. La primera, la más simple, es que para el Consejo Constitucional, el matrimonio no se deduce de la naturaleza la unión entre un hombre y una mujer. El segundo, la más probable, es que después de recordar que la existencia de un principio fundamental reconocido por las leyes de la República exige un fundamento textual, el Consejo rechaza también  la invocación de la naturaleza como fuente de derecho constitucional y, por tanto, como justificación  de la producción de un principio constitucional.

Los términos de la invocación del principio fundamental reconocido por las leyes de la República de que el matrimonio es la unión de un hombre y una mujer, ya que la respuesta del Consejo Constitucional, han sido modelos-tipos de la subida generalidad de los argumentos jurídicos en situación de fuertes controversias que afectan  los valores últimos a los cuales los protagonistas adhieren. El rigor y el tecnicismo con los cuales el Consejo constitucional concibe ahora  la categoría de los principios fundamentales reconocidos por las leyes de la República, la falta de otros argumentos constitucionales – en el marco de la legislación francesa vigente -  que permite dar un suficiente contrapeso a los principios constitucionales de igualdad y de libertad de matrimonio que justifican el matrimonio para tod@s, y por fin, la voluntad reafirmada por el Consejo de no  sustituirse a la apreciación del legislador derrotaron la invocación argumentativa de  la tradición (incluida republicano) y de la naturaleza.

 

Decisión en castellano: http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/espanol/decisiones/decision-n-2013-669-dc-de-17-de-mayo-de-2013.137628.html

 

Texto traducido y adaptado de : Véronique Champeil-Desplats, « Les grandes lois de la République », La Revue des droits de l’homme [En ligne], 3 | 2013, mis en ligne le 01 juin 2013, consulté le 09 avril 2014. URL : http://revdh.revues.org/86

 

ver también Elsa Fondimare et Laurie Marguet, « La longue épopée juridique vers l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe » [PDF], 21 mai 2013.

 

 

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