En este periodo en el que se querían formalizar las bases de un Estado Democrático, tras cuarenta años de dictadura, la aprobación de una Ley Antiterrorista dentro de un marco legal y democrático, era una prioridad de todos los partidos políticos y una necesidad de excluir la violencia del circuito político, renunciando a la misma para los cambios políticos. Lo que supuso un consenso de todas las fuerzas democráticas, resaltando que no existiera ninguna semejanza con el decreto antiterrorismo vigente en el franquismo.
Se concedieron más facultades a la autoridad gubernativa y competencia exclusiva a la Audiencia Nacional y a los juzgados centrales de instrucción. Ante la fuerte escalada terrorista de este periodo, el gobierno de la nación necesitaba adoptar medidas urgentes e inmediatas en defensa de la estabilidad democrática, frente a los graves y continuos atentados del terrorismo que atentaban contra la vida y la seguridad de las personas y limitaban sus libertades fundamentales.