Este año 2010 celebramos el bicentenario de las Cortes de Cádiz, donde La polémica sobre la Inquisición constituyó un tema central, cabe recordar aquí que en el artículo 12 de la Constitución de 1812 se recogía el carácter confesional, católico, de la misma.
Las Cortes nombraron una comisión que debía estudiar y resolver qué hacer con la Inquisición, a priori los miembros de dicha comisión no parecía que fueran proclives a favorecer el restablecimiento del Santo Oficio, por lo que la sorpresa fue mayúscula al resolver la discusión a favor del restablecimiento de la Inquisición, con un solo voto en contra. A propósito de todo ello Alcalá Galiano escribió en sus Memorias:
Por aquel tiempo se supo que había en las Cortes conatos de dar vida al Tribunal de la Inquisición, que yacía muerto legalmente de hecho amortecido. Aquí yo, con los de mi corta pandilla, lo mismo que los liberales dimos rienda suelta a nuestra imaginación y determinados a combatir la idea de poner en fuerza un Tribunal no sólo odioso, sino de tal especie, que su nombre cubría de vergüenza la causa de quienes le sustentaban.
Los liberales no se darían por vencidos en su empeño de acabar con la Inquisición, además de por los procedimientos que empleaba, por lo que tenía de baluarte del Antiguo Régimen, ejemplo de ello sería Mejía Lequerica quien en uno de los primeros discursos a propósito de la Inquisición diría:
Todos somos católicos, apostólicos, romanos, todos sabemos que la potestad espiritual reside esencialmente en la Iglesia y esta es una verdad sobre la que no cabe duda entre los españoles. Pero, Señor ¿El Tribunal de la Inquisición no ejerce también facultades temporales?… ¿La aplicación de ciertas penas físicas y corporales, el método de enjuiciar… todas estas cosas no son civiles?
Si bien es cierto que en algunos de los discursos de aquellos diputados decimonónicos se hacía alusión al Santo Oficio como organismo defensor del catolicismo y, por consiguiente, causante de la decadencia de España; allí no se puso en cuestión – y conviene tenerlo en cuenta- ni la religión católica ni la deseable unidad de la fe. Los detractores de la Inquisición proponían suprimirla por tres razones principales: a) no era una institución esencial en la vida de la Iglesia, sino algo accesorio surgido en fechas tardías; b) el juicio sobre las materias de fe y moral correspondía a los obispos; c) la Inquisición, tal como existía de hecho, era contraria a la Constitución. Quienes la defendían hicieron hincapié en que su establecimiento no había sido fruto de la potestad regia, sino de la pontificia, por lo que resultaba improcedente suprimirla de forma unilateral. Tras ásperas discusiones, 90 votos contra 60, decidieron que el Santo Oficio era incompatible con la Constitución, procediendo en consecuencia a su extinción que se llevó a cabo por un decreto de 22 de febrero de 1813.