Recientemente, la Corte Suprema ha dictado una importante sentencia en materia de los llamados \u201cderechos sociales\u201d, en este caso, lo relacionado con el derecho a vivienda.<\/p>\n
Es sabido que un reflejo de las importantes discusiones pol\u00edticas que yacen detr\u00e1s de la consagraci\u00f3n, promoci\u00f3n y consolidaci\u00f3n de derechos sociales, es la distinci\u00f3n que en dogm\u00e1tica constitucional suele hacerse entre cl\u00e1usulas \u201coperativas\u201d y \u201cprogram\u00e1ticas\u201d de la Constituci\u00f3n. Otro punto central a su debate es la relaci\u00f3n entre el deber de optimizar los derechos establecidos constitucionalmente y la disponibilidad de recursos para ello por parte del Estado.<\/p>\n
Pocas veces se da, entonces, que los tribunales (y en especial, el de m\u00e1s alta jerarqu\u00eda) se aboquen a la tarea de establecer obligaciones concretas para el Estado, frente al reclamo por el amparo de ese tipo de derechos.<\/p>\n
En \u201cQ. C., S. Y. c\/ Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires s\/ amparo\u201d<\/em>, la Corte Suprema condena al gobierno de la ciudad de Buenos Aires a dar alojamiento a una mujer con un hijo que sufre una discapacidad producto de una encefalopat\u00eda cr\u00f3nica no evolutiva, quienes viv\u00edan en lo que el tribunal denomina \u201csituaci\u00f3n de calle\u201d. La familia recib\u00eda un subsidio monetario que no le permit\u00eda afrontar el gasto necesario para procurarse vivienda. Con dicha decisi\u00f3n la Corte se aparta del criterio de la instancia anterior, que hab\u00eda sostenido que la obligaci\u00f3n del Estado, a la luz de su interpretaci\u00f3n del Pacto de Derechos Econ\u00f3micos, Sociales y Culturales, consiste en dar \u201cabrigo\u201d y poner en marcha programas progresivos de acceso general a la vivienda, que por otra parte no pueden desestimarse gen\u00e9ricamente frente a situaciones individuales de desamparo.<\/p>\n La Corte ofrece entonces argumentos para intentar conciliar la operatividad -que afirma, como derivada- de las normas constitucionales involucradas, con la necesidad de reglamentaci\u00f3n; y para justificar el control de razonabilidad de dicha reglamentaci\u00f3n por parte del Poder Judicial. Con ello, busca luego demarcar el contenido m\u00ednimo que en circunstancias como las de este caso debe quedar concretamente satisfecho.<\/p>\n El an\u00e1lisis y discusi\u00f3n de estos argumentos queda aqu\u00ed abierto, junto con la posibilidad de profundizar el debate sobre las importantes cuestiones que del contenido del fallo surgen.<\/p>\n