Varias decisiones de importancia se han producido en los \u00faltimos meses en Colombia. Al menos tres de la Corte Constitucional y dos de la Corte Suprema de Justicia (tribunal fundamentalmente de casaci\u00f3n), merecen ser incluidas:<\/p>\n
A. CORTE CONSTITUCIONAL<\/strong><\/p>\n 1. Sentencia C-141 de 2010<\/strong> (inconstitucionalidad del refer\u00e9ndum para la reelecci\u00f3n presidencial) a) Resumen b) La Corte encontr\u00f3 que la ley era inconstitucional, al verificar \u00abun conjunto de irregularidades vinculadas a la financiaci\u00f3n de la campa\u00f1a en favor de la iniciativa de reforma constitucional\u00bb que \u00abvistas en conjunto, configuran una grave violaci\u00f3n de principios b\u00e1sicos de un sistema democr\u00e1tico\u00bb. Encontr\u00f3 que se \u00abvulner\u00f3 el principio constitucional de transparencia, ya que toda la actuaci\u00f3n fue dirigida a burlar los mandatos legales y constitucionales, como tambi\u00e9n el principio constitucional de pluralismo, al permitirse contar con recursos desproporcionados para privilegiar o favorecer la propuesta de convocatoria a una reforma constitucional\u00bb.<\/p>\n c) En el procedimiento legislativo, la Corte encontr\u00f3 varios vicios:<\/p>\n – Se omiti\u00f3 ajuntar la certificaci\u00f3n del Registrador Nacional del Estado Civil prevista en el art\u00edculo 27 de la Ley Estatutaria de Mecanismos de Participaci\u00f3n, sobre cumplimiento de los requisitos exigidos para la realizaci\u00f3n de los mecanismos de participaci\u00f3n ciudadana (este vicio se repiti\u00f3 en otra ley de convocatoria a refer\u00e9ndum constitucional de iniciativa popular, que pretend\u00eda levantar la prohibici\u00f3n de cadena perpetua. Por varios vicios, entre ellos precisamente \u00e9ste, la Corte \u2013seg\u00fan notas de prensa<\/a>, ya que no ha sido publicada la sentencia ni ha salido comunicado oficial del alto tribunal\u2013 tambi\u00e9n declar\u00f3 inconstitucional la ley que convocaba a dicho refer\u00e9ndum, mediante sentencia<\/p>\n – Se modific\u00f3 en el tr\u00e1mite legislativo el texto original del proyecto de ley presentado a iniciativa ciudadana, pues el texto original se refer\u00eda a una reelecci\u00f3n mediata o por per\u00edodo interpuesto, y no a reelecci\u00f3n inmediata (invocaci\u00f3n de violaci\u00f3n del principio de democracia participativa).<\/p>\n – El proyecto de ley se aprob\u00f3 por fuera de los plazos de reuni\u00f3n del Congreso, pues se aprob\u00f3 en sesiones extraordinarias, cuya convocatoria se public\u00f3 en el Diario Oficial cuando ya las sesiones se hab\u00edan realizado.<\/p>\n – La Corte encontr\u00f3 que algunos representantes de un partido pol\u00edtico votaron violando el texto actual de los art\u00edculos 108 y 130 de la Constituci\u00f3n<\/a> (voto por bancadas).<\/p>\n – Finalmente, la Corte se refiere a la \u00abteor\u00eda de la sustituci\u00f3n de la Constituci\u00f3n\u00bb, reiterando que no proceden reformas constitucionales que desconozcan los principios estructurantes o elementos definitorios de la Carta Pol\u00edtica de 1991\u00bb. En este caso, la separaci\u00f3n de los poderes, el sistema de frenos y contrapesos, la regla de alternaci\u00f3n y per\u00edodos preestablecidos, el derecho de igualdad y el car\u00e1cter general y abstracto de las leyes.<\/p>\n <\/p>\n 2. Sentencia C-252 de 2010<\/strong> (inconstitucionalidad de la declaratoria de un estado de excepci\u00f3n para la reforma al sistema sanitario) a) Resumen:<\/p>\n Mediante esta sentencia se declara la inconstitucionalidad del Decreto 4975 de 2009, que hab\u00eda declarado un estado de excepci\u00f3n (emergencia social) en todo el territorio nacional con el fin de que el Gobierno pudiera ejercer todas las facultades a las cuales se refiere el art\u00edculo 215 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica<\/a>. Ese estado de excepci\u00f3n se refer\u00eda al estado financiero del sistema p\u00fablico de salud (sanidad) y de las Entidades Promotoras de Salud \u2013 EPS.<\/p>\n La Corte destac\u00f3 que \u00abel principio de subsidiariedad impone recurrir a la emergencia s\u00f3lo cuando se est\u00e1 frente a la imposibilidad o insuperable insuficiencia de las instituciones normales para solucionar las crisis e impedir la extensi\u00f3n de sus efectos\u00bb.<\/p>\n La Corte encontr\u00f3 que el decreto que declar\u00f3 el estado de excepci\u00f3n era inconstitucional por \u00abla inexistencia de hechos sobrevinientes y la disposici\u00f3n de mecanismos ordinarios para conjurar la actual situaci\u00f3n\u00bb. La decisi\u00f3n de la Corte analiz\u00f3 pruebas (con lo cual el juicio de constitucionalidad tuvo en cuenta elementos de tipo f\u00e1ctico y no s\u00f3lo de legitimidad), de las cuales coligi\u00f3 un problema estructural (dise\u00f1o de la ley 100 de 1993), relacionado con el dise\u00f1o, organizaci\u00f3n y sostenibilidad del sistema de salud, descartando as\u00ed hechos \u00absobrevinientes y extraordinarios\u00bb.<\/p>\n La Corte reconoce el car\u00e1cter deficitario del sistema de protecci\u00f3n social, raz\u00f3n por la que declar\u00f3 (quiz\u00e1s en un exceso suyo), que \u00abse hace imperioso avanzar hacia un sistema de protecci\u00f3n social que garantice el goce efectivo del derecho a la salud dentro de un marco financiero sostenible a corto, mediano y largo plazo, que prevea fondos de reserva para periodos de crisis\u00bb, ya que \u2013afirma la Corte\u2013 \u00abno se aprecia la existencia de una pol\u00edtica permanente, integral y progresiva de salud que materialice con la mayor inmediatez posible los dictados constitucionales a favor de la poblaci\u00f3n colombiana\u00bb.<\/p>\n Tambi\u00e9n dijo la Corte que algunos de los problemas se deben al \u00abincumplimiento de la normatividad en salud, como la existencia de regulaciones no adecuadas al goce efectivo del derecho y sostenibilidad financiera del sistema\u00bb, con lo cual descart\u00f3 que la crisis tuviera causa en hechos imprevistos.<\/p>\n b) Resaltamos desde el Observatorio<\/p>\n \u00abLa Corte constat\u00f3 la existencia de una agravaci\u00f3n en las finanzas del sistema de salud. Comprob\u00f3 que la valoraci\u00f3n que hizo el Ejecutivo sobre la gravedad financiera no resulta arbitraria, ni producto de un error manifiesto. Ello, sin dejar de reconocer que era una situaci\u00f3n conocida de tiempo atr\u00e1s, previsible en sus efectos, de avance progresivo y exponencial\u00bb.<\/p>\n [\u2026]<\/p>\n \u00abConforme a lo anterior, la declaratoria de la emergencia social no cumple los presupuestos materiales para la declaraci\u00f3n del estado de emergencia social. Espec\u00edficamente, no se est\u00e1 en presencia de hechos sobrevinientes y extraordinarios, lo cual por s\u00ed s\u00f3lo har\u00eda inexequible el decreto. Y siguiendo el an\u00e1lisis constitucional tampoco se supera el juicio de suficiencia toda vez que el Gobierno cuenta con mecanismos ordinarios para remediar la actual situaci\u00f3n. Por lo anterior, resulta inexequible el decreto declaratorio\u00bb.<\/p>\n c. Efectos diferidos: \u00bfContradicci\u00f3n?<\/p>\n Particularmente interesante resulta el an\u00e1lisis de los llamados efectos diferidos de la sentencia: la Corte, dada la \u00abexcepcional gravedad de la situaci\u00f3n financiera del sistema de seguridad social en salud\u00bb se\u00f1al\u00f3 que si bien es imperativo declarar la inconstitucionalidad del estado de emergencia por haber sido decretado por fuera de las hip\u00f3tesis claramente determinadas por el texto superior\u00bb, en virtud de las \u00abgraves consecuencias, socialmente injustas, y notoriamente opuestas a los valores y principios constitucionales, que se derivar\u00edan de la abrupta e inmediata p\u00e9rdida de vigencia de todas las medidas expedidas en uso de las facultades de excepci\u00f3n\u00bb, mantuvo en vigor las normas tributarias declaradas al amparo del estado de excepci\u00f3n. Esta decisi\u00f3n implic\u00f3 algunos votos disidentes en este punto concreto, y fuertes cr\u00edticas de quienes consideran que la Corte viola as\u00ed el principio de l\u00f3gico de no contradicci\u00f3n.<\/p>\n d. Votos disidentes y particulares:<\/p>\n Tres magistrados salvaron parcialmente el voto, manifestando su desacuerdo con la parte que otorg\u00f3 efectos diferidos a los decretos que establecen fuentes tributarias de financiaci\u00f3n. Otro magistrado consider\u00f3 que la Corte se equivoc\u00f3 al darle efectos diferidos al decreto de declaraci\u00f3n del estado de excepci\u00f3n pero en ese caso su voto disidente no fue parcial, sino total, al considerar que la sentencia \u2013con la excepci\u00f3n introducida\u2013 era una \u00abinterpretaci\u00f3n ad absurdum\u00bb. Un magistrado m\u00e1s, aclar\u00f3 su voto (voto particular).<\/p>\n <\/p>\n 3. Sentencia C-376 de 2010 (Obligatoriedad de educaci\u00f3n primaria gratuita)<\/strong><\/p>\n La Corte Constitucional declar\u00f3 ajustado a la Constituci\u00f3n el art\u00edculo 183 de la ley 115 de 1994, que confer\u00eda una competencia al Gobierno Nacional para regular los cobros acad\u00e9micos en los establecimientos educativos estatales. El demandante de la norma pretend\u00eda que se declarara inconstitucional, al entender que en educaci\u00f3n b\u00e1sica primaria no pod\u00eda haber cobros de ninguna \u00edndole, ya que \u00e9sta es, seg\u00fan la Constituci\u00f3n, obligatoria y gratuita. La Corte consider\u00f3 que deb\u00eda dictar una sentencia manipulativa, declarando constitucional el art\u00edculo demandado, pero excluyendo de la competencia conferida al Gobierno Nacional los cobros referidos a la educaci\u00f3n b\u00e1sica primaria, que es, como reza la Constituci\u00f3n, obligatoria y gratuita.<\/p>\n Esteban Hoyos Ceballos, profesor de la Universidad Eafit y experto en el tema, se\u00f1ala que son dos las consideraciones que revisten importancia desde el punto de vista argumentativo. La primera, la fuerza que la Corte le dio a la interpretaci\u00f3n autentica del articulo 67 de Constitucion,en la parte relativa a la intenci\u00f3n del Constituyente de 1991 de establecer o no excepciones para el cobro de derechos acad\u00e9micos en instituciones educativas p\u00fablicas. Seg\u00fan Hoyos, la lectura de las discusiones en la Asamblea Nacional Constituyente indicaba que la excepci\u00f3n del art\u00edculo 67 de la Constituci\u00f3n se estableci\u00f3 para la educaci\u00f3n superior y no para la educaci\u00f3n primaria (ni siquiera la secundaria).<\/p>\n El otro punto interesante que resalta Hoyos es la discusi\u00f3n acerca del conflicto de normas constitucionales (en este caso el art\u00edculo 67) y normas internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido estricto. En esos instrumentos internacionales es clara la obligaci\u00f3n de gratuidad de la educaci\u00f3n p\u00fablica en la primaria. Aunque el art\u00edculo 67 no era tan claro, la Corte hace una lectura que lo hace compatible con el contenido de dichas obligaciones y declara la exequibilidad condicionada del articulo 183.<\/p>\n El texto de la sentencia puede verse y descargarse haciendo clic aqu\u00ed<\/a>.<\/p>\n B. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA<\/strong><\/p>\n <\/strong><\/p>\n <\/strong>1. Sala de Casaci\u00f3n Civil – Sentencia de Octubre 7 de 2009 (Los principios generales del Derecho como normas de car\u00e1cter sustancial cuya violaci\u00f3n habilita para recurrir en casaci\u00f3n) Se trata de una sentencia proferida con ocasi\u00f3n de un recurso de casaci\u00f3n. En ejemplo de exceso en la motivaci\u00f3n, la Corte Suprema, tras rechazar todos los cargos en casaci\u00f3n, incluy\u00f3 un extenso obiter dictum<\/em> sobre el papel de los principios en el Derecho (ocupa 28 p\u00e1ginas de las 63 que tiene toda la sentencia).<\/p>\n En concreto, se trat\u00f3 del cargo en el que el demandado \u2013impugnante en casaci\u00f3n\u2013 le atribu\u00eda a la sentencia de grado haber violado directamente la norma sustancial contenida en \u00abel principio general del derecho seg\u00fan el cual nadie puede derivar derechos de su propia ilicitud\u00bb.<\/p>\n La Corte expresamente acogi\u00f3 la distinci\u00f3n \u2013dir\u00edamos, postpositivista\u2013 entre reglas y principios y lo hizo apoy\u00e1ndose en la obra de Zagrebelsky, lo cual la lleva a adoptar ciertas definiciones discutibles de esas piezas del Derecho. La Corte realiza una disquisici\u00f3n hist\u00f3rica sobre el reconocimiento de los principios como normas jur\u00eddicas en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano, identific\u00e1ndolos con la expresi\u00f3n de \u00abreglas generales de derecho\u00bb incorporada en algunas leyes y numerosas sentencias desde el siglo XIX. En particular, la Corte afirma que la aplicaci\u00f3n de los principios generales se produce mediante analogia juris<\/em> o bien de manera directa y por lo tanto, que puede invocarse un principio como norma de derecho sustancial que, en caso de ser violada, abre el paso a la v\u00eda casacional como mecanismo de impugnaci\u00f3n de la legitimidad de una sentencia. Con todo, concluye que en el caso concreto la sentencia impugnada no viol\u00f3 principio alguno.<\/p>\n
\nMagistrado Humberto Sierra Porto.<\/p>\n
\nAunque a\u00fan no se conocen ni el texto definitivo ni los votos particulares \u2013salvamentos de voto\u2013 de dos de los magistrados, del comunicado de prensa puede extraerse lo siguiente: la sentencia contiene el examen de constitucionalidad de la ley 1354 de 2009, de iniciativa popular, que convocaba a un refer\u00e9ndum modificatorio de la Constituci\u00f3n para permitir la reelecci\u00f3n del Presidente de la Rep\u00fablica por un tercer per\u00edodo.<\/p>\n
\nMagistrado Jorge Iv\u00e1n Palacio<\/p>\n
\n<\/strong><\/p>\n