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Lo que mal empieza, mal acaba.

Cotino afirma que «nunca dirá no» a la ley de dependencia, aunque insiste en el bloqueo al convenio

Antonio Torres (PSPV) acusa al Gobierno de retrasar el acuerdo con el ministerio por razones electorales y presupuestarias

J. Ruiz, Valencia

El vicepresidente tercero y conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, manifestó ayer que el Consell «nunca dirá no» a la ley de dependencia, si bien insistió en que «únicamente» firmará el convenio con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales para la aplicación de la norma en la Comunitat si el documento incluye el 50 por ciento del coste de todas las prestaciones. La exigencia supone un boicot de hecho ya que el pacto alcanzado en el seno del consejo territorial de la dependencia entre las comunidades y el Gobierno el pasado 9 de mayo comprendía la financiación a partes iguales de los servicios relacionados estrictamente con la dependencia. A la Comunitat le corresponden en 2007 21 millones, pero el Consell exige que Madrid le pague también el resto de prestaciones sociales.

Cotino, que fue interpelado ayer en las Corts por el diputado socialista Antonio Torres, mantuvo que con su postura estaba defendiendo los intereses de los valencianos. El conseller sacó pecho por el trabajo realizado desde su departamento al asegurar que la Comunitat fue la primera en admitir solicitudes de personas dependientes para ser evaluadas. «Cuando algunas comunidades tenían una persona evaluada nada más, esta autonomía ha evaluado a más de 5.000 personas» , señaló. El conseller afirmó que a los populares les parece «bien» la ley, «pero partiendo de lo que ya estamos haciendo, no de cero».

Torres, por su parte, acusó a Bienestar Social de estar retrasando el convenio con el ministerio por razones presupuestarias y electorales. Así, señaló que cuando lo haga, deberá aportar el 50 por ciento del gasto que supone la aplicación de la ley. En ese sentido, Torres sostuvo que en estos momentos la conselleria no está aportando nada porque las personas evaluadas ya están atendidas en centros de la Generalitat. De esta manera, añadió, el Consell se «ahorra» la parte que le corresponde cofinanciar de las personas que están sin evaluar y atendidas en sus domicilios.

Para el socialista hay también razones partidistas ya que el PP intenta minimizar el impacto de la ley para que no se vean sus beneficios antes de elecciones.