Entre los directivos o el personal de Renfe y ADIF
El Grupo Parlamentario de ERC ha presentado una proposición no de ley en la que exige al Gobierno que garantice la accesibilidad al transporte ferroviario de las personas con discapacidad y que sancione a aquellas “personas responsables” de plantearles cualquier “impedimento”.
SUSANA GALLEGO. El texto insta al Gobierno a que realice las “gestiones oportunas para garantizar que las directivas o el personal de Renfe y ADIF no imposibilitan el acceso al andén o al tren de ninguna persona con discapacidad, más allá de las causas generales para todas las personas”. En este sentido, exige que se establezcan “los mecanismos que permitan sancionar a las personas responsables de estos impedimentos y la rápida y eficaz reparación de las personas afectadas”.
Esquerra pide que las partidas presupuestarias asignadas a accesibilidad en los transportes públicos en 2008 se destinen prioritariamente a “las estaciones que tengan cerca algún centro donde asistan cotidianamente personas con discapacidad, donde se realicen eventos para ellas o sean centros públicos administrativos de referencia, las que tengan como cliente habitual alguna persona con discapacidad, las que sean intercambiadores y las que tengan mayor número de pasajeros”.
En su argumentación las diputadas Georgina Oliva y Laia Cañigueral, recuerdan que el Congreso de los Diputados aprobó hace pocas semanas, y sin que el Senado haya realizado algún tipo de propuesta de modificación al respecto, la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, hecho en Nueva York el 13 de diciembre de 2006. El propósito de la misma es “promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente”.
Uno de los principios generales para llegar a tal propósito el de la accesibilidad. Para cumplir con estos objetivos, los Estados “se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercicio de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad sin discriminación alguna por motivos de discapacidad”.
“TODAS LAS MEDIDAS PERTINENTES”
En este sentido, argumenta la iniciativa de ERC, se incluye “tomar todas las medidas pertinentes, incluidas medidas legislativas, para modificar o derogar leyes, reglamentos, costumbres y prácticas existentes que constituyan discriminación contra las personas con discapacidad”. De manera más concreta, la Convención se establece que los estados adoptarán medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las comunicaciones.
España, recuerda Esquerra, aprobó en 1982 la Ley de Integración Social de los Minusválidos (Lismi) que establecía que en 10 años todos los transportes públicos debían ser accesibles. Sin embargo y ante el flagrante incumplimiento y para cubrir nuevas demandas y necesidades de las personas con discapacidad se aprueba en 2003 la Ley de Igualdad de Oportunidades (Liondau) que establece un nuevo plazo para garantizar la plena accesibilidad a los transportes públicos, según unos parámetros que debían publicarse en dos años.
Este plazo fue nuevamente incumplido y, en lugar de la publicación de estos parámetros, el gobierno español, Renfe y ADIF han publicado una “Guía de Servicios Ferroviarios para viajeros con discapacidad que tengan dificultades en su desplazamiento”, en la cual se establecen toda una serie de obstáculos burocráticos para las personas con discapacidad. Entre ellas, la solicitud del billete con al menos 48 horas de antelación y mediante un teléfono de tarificación especial o la solicitud en el Centro de Atención al Cliente de la Estación, que a menudo implica hacer una cola que supone más pérdida de tiempo, de personal de acompañamiento y ayuda.
Asimismo, y pese a que en la citada guía no se exprese con claridad este punto, en la práctica, personas con discapacidad ven negada la posibilidad de acceder a los trenes que no están habilitados en términos de accesibilidad o en las estaciones que no están adaptadas para ello. Más allá de los incumplimientos de la propia legislación española respecto a accesibilidad a los transportes públicos y de la no realización de los mandatos parlamentarios que se han realizado al gobierno español, “la práctica cotidiana de Renfe y ADIF ha supuesto un retroceso en derechos para las personas con movilidad reducida” y la citada guía “pone en cuestión no sólo la buena voluntad, sino incluso la literalidad de la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”.
