Diversos colectivos profesionales han preparado modelos para que los solicitantes de ayudas de la ley de Dependencia puedan reclamar la concesión de estas si no han recibido ninguna notificación de la Conselleria de Bienestar Social en seis meses. Se unen de esta manera a la iniciativa del organismo que agrupa a las federaciones de discapacitados de la Comunitat Valenciana (Cermi-CV), que han empezado ya a distribuir formularios entre los interesados, como publicó ayer Levante-EMV . La Federación de Servicios Públicos de UGT informó de que respalda la postura del Cermi y ha elaborado también un modelo de recurso, el cual ha sido pactado con el resto de entidades que integran el Observatorio de la Dependencia, donde están sindicatos, asociaciones profesionales y los colegios de trabajadores sociales.

A diferencia del Cermi, estas entidades consideran que los solicitantes del reconocimiento de la situación de dependencia pueden reclamar sus derechos al cumplirse seis meses sin tener respuesta de la Conselleria de Bienestar Social. El comité de personas con discapacidad eleva este periodo en su formulario hasta los 9 meses, ya que el decreto de la Generalitat prevé la posibilidad de prorrogar excepcionalmente el plazo marcado cuando se pidan informes complementarios. En opinión de la FSP-UGT, si en los seis meses Bienestar no ha comunicado con acuse de recibo la necesidad de esa posible documentación adicional, se puede reclamar la aplicación del silencio administrativo positivo.

Un representante de FSP anunció asimismo la adhesión a la concentración convocada hoy ante la Dirección Territorial de Valencia de Bienestar Social (13.45 horas) por afectados. La crítica de los socialistas Por otra parte, la portavoz adjunta en las Corts del PSPV, Carmen Ninet, calificó de «imperdonable e indecente» , el «boicot del Consell sobre la ley de Dependencia» . En este sentido, instó al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, a trabajar para hacer llegar el dinero y las prestaciones que la ley concede a las personas discapacitadas, mayores y a sus familias.

Estos colectivos, explicó, «se han sumado a la denuncia del PSPV por el torpedeo del Consell a la norma estatal» . Muestra de ello, dijo, es la decisión del Cermi de dar cobertura a los solicitantes de ayudas que no hayan obtenido respuesta «ante la obscena pasividad de la Generalitat» . Calificó de « disparate » el despido del 37% de los evaluadores de discapacidad y solicitó al conseller, Juan Cotino, que «establezca una plantilla que responda a todas las solicitudes».