La financiación de la Ley de la Dependencia enfrenta de nuevo al Gobierno y el Consell
Madrid sostiene que ha abonado 21,2 millones del convenio y Bienestar dice que no ha cobrado
El vicepresidente de Bienestar Social, Juan Cotino, afirmó ayer que su departamento ha realizado ya alrededor de 25.000 valoraciones de personas que quieren acogerse a la ley de Dependencia e insistió en que las resoluciones de ayudas están preparadas para ser emitidas en el momento que el Gobierno estatal firme el convenio previsto con la Comunitat Valenciana.
Sin embargo, fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales aseguraron ayer a Levante-EMV que la Generalitat ya ha cobrado los 21.277.833 euros incluidos en el acuerdo bilateral. No precisaron, no obstante, si el acto formal de la firma se ha llevado ya a cabo, circunstancia que Bienestar Social reiteró más tarde a este diario que no ha tenido lugar. Una portavoz del departamento de Cotino enfatizó asimismo que «los 21,2 millones aquí no han llegado» e instó a ser «absolutamente escrupulosos» en esta cuestión.
Gobierno y Generalitat mantienen, por tanto, la confusión y las diferencias sobre el despliegue de la ley de Dependencia en la Comunitat Valenciana. La embarrada situación afecta a miles de personas mayores y discapacitadas que no pueden valerse por sí mismas y a sus familias.
La consecuencia más evidente es el retraso en la entrada en ejecución de la normativa, que contempla la atención a las personas dependientes como un derecho. Así, a falta de 15 días para acabar el año, el convenio entre las dos administraciones continúa sin ser firmado y las ayudas previstas no han empezado a ser pagadas por Bienestar Social.
En este sentido, las fuentes del ministerio consultadas ayer por este diario subrayaron que la atención a los dependientes no puede estar supeditada a un convenio: «Es ya un derecho y la ley ampara a los ciudadanos» . Compararon el caso con que se impida a un niño ir a un colegio porque falta un convenio con el Ministerio de Educación. Agregaron además que el convenio es sólo una parte de la financiación; otra se ingresa mensualmente según la cifra de personas atendidas e incluidas en el sistema.
Cotino aseguró, por su parte, que el Consell podría aprobar hoy el convenio, pero de nada sirve sin la firma del Gobierno. En esta línea, afirmó que hay voluntad de las dos partes de cerrar el asunto antes de fin de año.
Bienestar Social ha rebajado sus pretensiones iniciales (pedía la financiación del 50% de todos los servicios sociales) y se conforma con la mitad de los recursos previstos en la ley, incluyendo los ya existentes, y no sólo las prestaciones de nueva creación a raíz de la ley.