FSP denuncia que hay 45.000 personas en lista de espera para tener el certificado de minusvalía.
Lamenta que Bienestar Social pretenda despedir a 39 contratados.
A. G., Valencia La Federación de Servicios Públicos (FSP) de UGT-PV denunció ayer que la Conselleria de Bienestar Social pretende despedir a 39 empleados temporales de los centros de valoración de discapacidades el próximo 31 de diciembre, pese a que el retraso para obtener el certificado de grado de minusvalía es de 13 meses en Valencia, 8 en Castelló y 10 en Alicante, según los datos del sindicato. De acuerdo con la información sindical, la lista de personas en espera ronda las 45.000. La contratación de estos equipos de refuerzo se produjo hace dos años y recientemente han recibido comunicación escrita del departamento de Juan Cotino de que dejan sus puestos el próximo día 31. La inquietud sobre estos puestos se ha dado otros ejercicios, al finalizar los contratos anuales, pero en esta ocasión «no nos consta ningún esfuerzo por la conselleria para que continúen», aseguró el responsable de Servicios Sociales de la FSP, Antoni Femenia, a Levante-EMV. La citada fuente subrayó que el aumento de solicitudes de certificados ha sido tan importante que el personal de refuerzo sólo ha podido contener la lista de espera, de forma que esta se mantenga en cifras similares a las de hace dos años y no se haya disparado. El grado de minusvalía abre la puerta a beneficios fiscales y sociales para sus poseedores. No tiene nada que ver con la valoración de la dependencia, iniciada en 2007 y que da derecho a servicios y prestaciones económicas en función del nivel acreditado. Para Femenia, el «fracaso reiterado» con los certificados de discapacidad es «un mal predictor» de lo que puede ocurrir con la dependencia. FSP señaló que los afectados son, en el caso de Valencia, 27 trabajadores (9 médicos, 5 psicólogos y 7 trabajadores sociales) de una plantilla de 45 puestos adscritos al centro de valoración. En Alicante hay 8 contratos temporales y una plantilla de 24 puestos, y en Castelló 4 contratos de refuerzo sobre un total de 14 plazas. Incumplimiento de la normativa El sindicato recordó que ya ha denunciado varias veces los retrasos en el reconocimiento de grado de minusvalía, ya que suponen un incumplimiento de la norma dictada por la propia Conselleria de Bienestar Social, que fija en 6 meses el plazo máximo para resolver los expedientes.
Las citadas fuentes manifestaron que los retrasos también constituyen una vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, a las que se les impide «la entrada a los sistemas de protección social vinculados con el certificado de minusvalía». FSP-UGT señaló ayer que la consecuencia directa de estos despidos será un aumento inmediato, a partir de enero, de los tiempos de espera para el reconocimiento del grado de minusvalía.