El PP impone el silencio administrativo para negar ayudas a dependientes sin explicaciones
Los populares rechazan instar al Consell a agilizar la ley de la Dependencia.
Marí critica al PSPV que mantenga el no a la supresión del impuesto de Patrimonio pese al anuncio de Zapatero.
Doble silencio. El PP impuso ayer sin ofrecer la más mínima explicación en las Corts el cambio legal por el que el Consell podrá denegar a partir del 1 de enero por silencio administrativo las ayudas a las personas dependientes, en el arranque del debate de los presupuestos de la Generalitat para 2008 que se prolongará hasta mañana. La portavoz socialista de Economía, Cristina Moreno, subió cuatro veces a la tribuna para «suplicar» a los populares que retiraran la medida, al entender que supone, «no un boicot a Zapatero, sino un tortazo a la cara de los discapacitados», o al menos que se diera alguna justificación para defender la medida del Consell. El portavoz popular de Economía, José Marí, ignoró completamente el asunto. Y no fue por falta de tiempo. En la primera intervención, la presidenta, Milagrosa Martínez, lo dejó con la palabra en la boca, pero en las otras tres le sobró tiempo. Ni palabra sobre el asunto. Silencio parlamentario.
Moreno conjeturó que el mutismo de Marí, jefe de los servicios jurídicos de la Generalitat hasta las elecciones de mayo, obedece a que piensa que es una «barbaridad jurídica». Denunció que la medida se coló mediante una enmienda del PP en el articulado de la ley de Presupuestos en vez de figurar en la ley de acompañamiento (donde ya va otro silencio negativo, para los certificados de familia numerosa) y se preguntó si lo que se quiso es esquivar los informes jurídicos. Arreció en su exigencia a Marí de que defendiera al Consell o renunciara a ejercer de portavoz. Sin éxito. Para el PSPV, el Consell, ante la imposibilidad de gestionar la solicitudes por no haber dispuesto los medios para ello, ha optado porque decaigan si no puede responder.
El popular recriminó a la socialista que mantuviera sus enmiendas en las que rechazaba las deducciones de impuestos introducidas en la ley de acompañamiento, entre ellas, el inicio de eliminación del de Patrimonio, pese a que el presidente Zapatero ha anunciado que lo suprimirá. Igualmente, reiteró su censura de que pretenda eliminar las bonificaciones fiscales por la Copa del América cuando el PSOE incluyó medidas «similares» en el Senado. «Hace falta tener mucha cara y muy poca vergüenza», asestó. La socialista recordó que ya adelantó su apoyo a suprimir el impuesto de Patrimonio pero la ley de acompañamiento «no es el lugar».
Ayuda para piso por la Copa América
Sobre este punto, Mireia Mollà, de Compromís, censuró las bonificaciones del 99,99% en el impuesto de patrimonio y en el de trasmisiones patrimoniales en favor de las personas que formen parte de entidades participantes en la pasada Copa del América en caso de compra o alquiler de vivienda. Y exigió que esas ayudas se apliquen a los jóvenes que acceden a un piso. Marí rechazó los aumentos de 100 euros en las deducciones planteados por Compromís alegando que son «carentes de fundamento económico y populistas». La jornada estuvo presidida por el debate de la ley de la Dependencia. Antes de la discusión de las cuentas, el PP rechazó una moción del PSPV en la que se instaba a la Generalitat a agilizar el proceso de resolución de solicitudes para el acceso a las ayudas de esta norma, a incrementar la plantilla de valoradores y a asumir directamente la gestión de las prestaciones. El socialista Antonio Torres acusó al presidente Camps de «dar instrucciones» para «ralentizar al máximo» la aplicación de la ley de la Dependencia en la Comunitat que, junto a Madrid, es la autonomía «más atrasada» en el desarrollo. Y ello, denunció, por motivos electorales. Así, dijo que «sólo hay 35 valoradores», cifra «insuficiente» para Valencia. Por contra, la popular Mª. José García Herrero sostuvo que es el Gobierno el que impide el desarrollo adecuado de la ley porque no aporta suficiente dinero a las comunidades y no ha regulado cuestiones como el «copago».
Sobre este punto, Mireia Mollà, de Compromís, censuró las bonificaciones del 99,99% en el impuesto de patrimonio y en el de trasmisiones patrimoniales en favor de las personas que formen parte de entidades participantes en la pasada Copa del América en caso de compra o alquiler de vivienda. Y exigió que esas ayudas se apliquen a los jóvenes que acceden a un piso. Marí rechazó los aumentos de 100 euros en las deducciones planteados por Compromís alegando que son «carentes de fundamento económico y populistas». La jornada estuvo presidida por el debate de la ley de la Dependencia. Antes de la discusión de las cuentas, el PP rechazó una moción del PSPV en la que se instaba a la Generalitat a agilizar el proceso de resolución de solicitudes para el acceso a las ayudas de esta norma, a incrementar la plantilla de valoradores y a asumir directamente la gestión de las prestaciones. El socialista Antonio Torres acusó al presidente Camps de «dar instrucciones» para «ralentizar al máximo» la aplicación de la ley de la Dependencia en la Comunitat que, junto a Madrid, es la autonomía «más atrasada» en el desarrollo. Y ello, denunció, por motivos electorales. Así, dijo que «sólo hay 35 valoradores», cifra «insuficiente» para Valencia. Por contra, la popular Mª. José García Herrero sostuvo que es el Gobierno el que impide el desarrollo adecuado de la ley porque no aporta suficiente dinero a las comunidades y no ha regulado cuestiones como el «copago».