Ley de dependencia
Asisto atónito e indignado a la campaña mediática sobre la LEPA (Ley de Promoción de la Autonomía Personal y las Personas en Situación de Dependencia) y sus bondades que ha puesto en marcha el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Con frases como “la asistencia que tú necesitas” e imágenes de un chico con síndrome de down jugando en una bolera con un grupo de amigos o la de personas mayores acompañados y ayudados en sus casas. Parece transmitir un mundo idílico y maravilloso gracias a la nueva LEPA. Sin embargo nada más alejado de la realidad de personas que diariamente necesitan ayuda para realizar las más básicas tareas de la vida diaria como levantarnos de la cama, aseo personal, comer…. y por supuesto cualquier otro tipo de tarea dentro de nuestra sociedad, a la cual pertenecemos como ciudadanos de pleno derecho pero que sin embargo una vez más se queda en papel mojado, pues no podemos acceder a ella por falta de prestaciones reales y efectivas.
Cuando se va a cumplir el primer año desde que entró en vigor dicha ley, la realidad es otra, ningún ciudadano/a catalogado como gran dependiente en la Ley , y por lo tanto primeros beneficiarios de ella, está cobrando ayuda alguna para desarrollar una vida en igualdad de oportunidades con el resto de los ciudadanos dentro de su entorno social y comunitario. De hecho todavía quedan miles de solicitudes pidiendo la valoración correspondiente en toda España como requisito previo para acceder a la Ley y por lo tanto saber a qué tienen derecho.
Las Comunidades Autónomas no tienen claro cuál va a ser su aportación definitiva dentro de la Ley, y algunas de ellas todavía no han realizado el reglamento mientras que otras se aventuran a desarrollar la Ley por su cuenta, creando 17 Españas con prestaciones diferentes. No se tiene claro cuáles son las prestaciones a las que tiene derecho la persona valorada y en qué condiciones, hay confusión en los profesionales y demasiados interrogantes por resolver. Preguntas como ¿qué va a pasar con las personas ya contratadas?, ¿qué régimen de seguridad social les corresponde?, ¿quién paga esta seguridad social?, etcétera.
Lo que sí sabemos es que la dotación para asistencia personal es de 90 horas mensuales en el mejor de los casos, con lo que se podrían cubrir tres horas diarias de asistencia. Y 480 euros para el cuidador familiar, para cubrir las 24 horas del día los 365 días del año. Datos a todas luces insuficientes para llevar a cabo una vida en igualdad de oportunidades y disfrutar de los mismos derechos que el resto de la ciudadanía. No queremos estar encerrados en residencias con dotaciones y presupuestos espectaculares, que suponen jaulas con barrotes de oro donde la persona no tiene el control de su vida ni la opción de tomar decisiones sobre la misma. Las personas con diversidad funcional exigen sus derechos subjetivos y no servicios, ser ciudadanos como el resto.
Ignacio Loring Caffarena (Málaga)