Revoluciones que, a la postre, se han visto lastradas por los problemas técnicos y/o burocráticos –es decir, por la falta de previsión–, como ha sido el caso de la Ley de Dependencia, cuando no han acabado directamente en decepción por conseguir justo lo contrario de lo que pretendían.

Este es el caso de la nueva Ley Hipotecaria, que ha entrado en vigor hace menos de un mes y que, si bien introduce ciertas mejoras técnicas y novedades –mayor transparencia y control, rebaja de comisiones, incorporación de la figura de la hipoteca inversa…–, no logra, sin embargo, cumplir dos de los grandes objetivos para los que, teóricamente, fue concebida: reducir los costes que supone para el ciudadano la suscripción de una hipoteca y flexibilizar el mercado hipotecario.

El abaratamiento prometido se ha quedado poco menos que en agua de borrajas al descartarse las rebajas fiscales contempladas en un inicio, especialmente en lo que se refiere a las exenciones en el pago del Impuesto de Actos Jurídicos Documentados (AJD), que representa la mitad del coste que un ciudadano tiene que afrontar al contratar una hipoteca.

Tampoco se ha materializado la anunciada flexibilidad en la contratación de un crédito hipotecario, promesa que, a la postre, se ha tornado en mayor rigidez. Aunque el Gobierno insiste en que la nueva ley amplía la capacidad de elección de las familias, lo cierto es que la limita notablemente en un aspecto tan relevante como la subrogación crediticia. De hecho, en el supuesto de que un ciudadano solicite o reciba una contraoferta de otra entidad, el primer banco podrá igualarla o mejorarla e impedir así el libre traslado de la hipoteca, so pena de optar por la cancelación del préstamo y la contratación de uno nuevo, con el incremento de costes que ello implicaría.

Es innegable, y en ello coinciden los expertos, que la norma incorpora mejoras en algunos aspectos, pero se queda muy corta en su propósito inicial de beneficiar al consumidor, que puede llegar a encontrarse con más inconvenientes que ventajas. Una medida que, además, introduce más rigidez que flexibilidad en el mercado hipotecario y de la que se beneficiarán sobre todo aquellas entidades con servicios menos competitivos, que podrán blindar así sus préstamos.