EL PAÍS, jueves 20 de diciembre de 2007
Los discapacitados más severos tendrán asistente en la calle.
La ayuda institucional se limita al domicilio en la actualidad.
Labores tan aparentemente sencillas como ir a la compra o a la biblioteca pueden resultar inalcanzables para una persona que sufre una discapacidad grave. Hasta ahora, la ayuda institucional para ese tipo de personas se limita al domicilio, es decir, a pagar a un trabajador para que les resuelva las cuestiones domésticas. Sin embargo, el Gobierno pretende ir más allá en colaboración con las organizaciones sociales y ha anunciado su intención de impulsar la figura del “asistente personal” para los discapacitados graves. Su trabajo consistirá en acompañar al discapacitado para que pueda desarrollar cualquier tipo de actividad en la calle, desde ir a trabajar, estudiar, comprar o llevarle al cine. Se trata de que su vida pueda ser lo más normal posible.
El consejero de Vivienda y Asuntos Sociales, Javier Madrazo, anunció ayer esta iniciativa, tras la firma con representantes de la Federación Cooperativa de Personas con Discapacidad Física de Vizcaya (Fekoor) de la cesión de una lonja de 110 metros cuadrados en Bilbao, donde se estudiarán las necesidades de este colectivo y el acompañamiento que precisan. “De esta forma se preparan a los nuevos asistentes individualizados. Hay que pensar que las personas que sufren una discapacidad grave también salen a la calle y tienen que hacer una vida lo más autónoma que puedan”, añadió Madrazo.
La iniciativa del departamento se enmarca dentro del anteproyecto de ley pactado entre el Gobierno, las diputaciones y los ayuntamientos para que los servicios sociales sean iguales en todo Euskadi. A partir de la aprobación de la ley, los servicios sociales —residencias, centros de día, cuidadores— serán un derecho subjetivo, lo que significa que serán exigibles ante los tribunales por cualquier persona que lleve más de un año empadronada en la comunidad autónoma.
De momento, ya se ha experimentado en algunas ocasiones con esta figura del asistente personal, pero su impacto ha sido “muy limitado”. Con la formación que recibirán a partir de ahora, se le va a dar más entidad. “Pasarán de estar una horas con las personas discapacitadas a desarrollar una jornada completa”. El acondicionamiento de la lonja costará alrededor de 90.000 euros. El paso siguiente será la contratación de 40 profesionales, aunque para el acuerdo final el Gobierno tendrá que contar con las diputaciones y ayuntamientos.