. . 
 TRIBUNA DEL DÍA |
 |
|
|
Una Legislatura claroscura |
|||
|
Carles Campuzano, portavoz de Política Social y Empleo de CiU en el Congreso de los Diputados El balance de la Legislatura en materia de discapacidad incorpora aspectos positivos, pero también algunos déficits significativos. En lo positivo es necesario destacar, de entrada, la creación de la Comisión no permanente para las políticas integrales de Discapacidad, un espacio de encuentro y debate sobre las necesidades de las personas con discapacidad. Han sido muy numerosas las comparecencias habidas en estos cuatro años en la Comisión que han permitido al Congreso aproximarse a realidades, a menudo poco conocidas y complejas, que exigían un compromiso por parte de las políticas públicas. Hacer frente a la desigualdes por razón de discapacidad ha sido el eje motor de los trabajos de la Comisión. La creación de esta Comisión fue una propuesta de CiU y sería necesario que continuase en la próxima Legislatura.
En el ámbito legislativo el trabajo ha sido intenso.Se han aprobado leyes que afectan a los sectores tan importantes como aquella que reconoce las lenguas de signos y los medios de apoyo a la comunicación oral, o el régimen de infracciones y sanciones de la Liondau o los cambios en la legislación electoral para facilitar el derecho a voto de las personas invidentes; y al mismo tiempo dos iniciativas legislativas de CiU han acabado en el BOE: la Proposición de Ley para hacer compatible la pensión no contributiva con el empleo remunerado y la Proposición de Ley sobre el IVA superreducido para vehículos adaptados.
Y en otros textos legales se han abordado problemáticas concretas de la personas con discapacidad.En la reforma fiscal, en la reforma laboral, en la reforma del sistema de la Seguridad Social… Prácticamente, en todas las propuestas legislativas que han tramitado las Cortes, la perspectiva de la discapacidad ha estado presente. Ahí, el papel jugado por el movimiento asociativo ha sido fundamental. De nuevo, la alianza transversal entre la sociedad civil organizada y los grupos parlamentarios
ha funcionado. Expresión concreta de esa alianza ha sido haber evitado los recortes en materia de apoyo a la creación de empleo para las personas con discapacidad. La pretensión inicial del Gobierno fue modificada durante la tramitación parlamentaria.
Quizás, en la Ley de Autonomía Personal encontraríamos los principales elementos de crítica a la acción de esta legislatura. No en la prioridad de las políticas del ámbito de los servicios sociales, o en la necesidad de aumentar el compromiso presupuestario, o en la formulación del derecho a los servicios sociales para las personas dependientes.
La crítica hay que formularla en el abismo entre la retórica gubernamental y la realidad de los hechos. La tan necesaria Ley de Autonomía Personal hoy va camino de convertirse en una transferencia de dinero, a menudo escaso y insuficiente, a las personas que de ninguna de las maneras va a aliviar las necesidades de los dependientes y sus familias. Y desde la perspectiva de las personas con discapacidad se está evidenciando que ésta ha sido una iniciativa más pensada para el colectivo de personas mayores. El régimen de incompatibilidades con las prestaciones de la Seguridad Social,las cuantías previstas para la contratación de un asistente personal o la protección para las personas con discapacidad intelectual ponen de manifiesto que ésa tan deseada ley no va a mejorar las condiciones de vida ni va a facilitar el acceso a la independencia que los movimientos sociales de la discapacidad vienen reclamando. Habrá sido una oportunidad perdida.
|
||