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Ocho ciudadanos denuncian a la Síndica retrasos en la aplicación de la Ley de Dependencia
P. G. del Burgo, Valencia
Cansados de esperar, de marcar decenas de veces números de teléfonos de la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales, de las delegaciones territoriales de la Conselleria de Bienestar Social, de todos los 900 habidos y por haber de la Generalitat Valenciana en los que no les dan más respuesta que “vuelva a llamar en unos días”, ocho ciudadanos presentaron el pasado mes de diciembre otras tantas quejas ante la Síndica de Greuges en las que lamentaban la demora en la aplicación de la Ley de Dependencia y solicitaban su intervención para averiguar en qué circunstancias se encontraban sus expedientes, según ha podido saber Levante-EMV de fuentes de la institución.
Los ocho usuarios, con familiares dependientes a su cargo, presentaron la solicitud a partir de abril, una vez aprobado el decreto de baremación de la ley. Como en el caso de Vicente Peiró Rico, un vecino de Burjassot, recibieron la visita del equipo de valoración de la conselleria y de los equipos municipales, que son los encargados de aportar un informe minucioso de la situación del dependiente y sus cuidadores.
Lo que queda es la resolución definiva del expediente y la adjudicación del grado de minusvalía para poder cobrar las ayudas que contempla la ley y que pueden alcanzar una cuantía máxima de 1.014 euros al mes.
La legislación recoge que el Estado abonará el 50% de la prestación y las comunidades, el porcentaje restante.
En este sentido, el portavoz de Política Social y Empleo del grupo socialista en las Corts, Antonio Torres, acusó a la Conselleria de Bienestar Social de “intentar boicotear la ley por la gran repercusión social que tiene y porque soluciona la situación de miles y miles de personas en la Comunitat Valenciana”.
Presupuestos desajustados
Mientras que el Gobierno ha presupuestado 870 millones de euros para toda España, 83 de los cuales (el 9,70%) serían para beneficiarios de la Comunitat Valenciana, la conselleria ha destinado 37 millones de euros, casi la tercera parte de lo que tendría que haber presupuestado para atender las solicitudes.
Torres criticó la demora del Consell en firmar con el Gobierno el convenio que se establece el nivel de dependencia que se rubricó en diciembre cuando el decreto era de abril.