Tras analizar con detalle el asunto en una queja de oficio, el Defensor del Pueblo ha recomendado a la Secretaría de Estado y Hacienda que modifique la Ley de Haciendas Locales para establecer una bonificación en el Impuesto de Bienes Inmuebles.

Esa modificación tendría como finalidad proteger “a las rentas más desfavorecidas del fuerte incremento tributario que ha sufrido este tributo en los últimos años, como consecuencia de diversos factores (inflación, especulación urbanística,…)”, señala un comunicado difundido ayer lunes por la institución que dirige Enrique Múgica.

Dicha bonificación se aplicaría a sujetos pasivos cuyo único inmueble en propiedad sea su vivienda habitual y cuyas rentas no superen determinados ingresos anuales, que fijaría el Ministerio de Economía, de acuerdo con su política de protección a las rentas más bajas procedentes, exclusivamente, de pensiones por jubilación, minusvalías o incapacidades, añade el comunicado.

A juicio del Defensor, “ello contribuiría además a procurar definir y ejecutar las políticas necesarias para hacer efectivo el derecho reconocido en la Constitución a tener una vivienda digna, garantizando que los sectores más desprotegidos de la sociedad puedan mantener su vivienda”.

“Para el Defensor del Pueblo queda claro que el mandato constitucional se cercenaría si, obtenida una vivienda digna, los impuestos que pesan sobre ella, influidos por la inflación y la revalorización del mercado inmobiliario, obligan a prescindir de la misma”, concluye la nota.