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Este periódico suyo y mío revelaba el pasado sábado a doble página el demoledor informe realizado por la Sindicatura de Greuges contra la grotesca administración autonómica valenciana que nos ha caído en suerte. Las Cortes autonómicas, donde la derecha goza de una aplastante mayoría merced a sus inconfesables méritos, han silenciado durante varios meses el informe de Emilia Caballero que reclama, entre otros delicados asuntos, paralizar la tramitación de la macro urbanización de Rabasa. La documentación, merecedora de figurar en la Enciclopedia Británica con el mismo tratamiento en el que aparecían los desmanes de aquel caballero que un malhadado día presidió la misma Generalitat que dirige actualmente el integrista Camps, recomienda, acertadamente, anular la adjudicación realizada en su día. Pero el memorando del equipo de la Síndica va un poco más allá: advierte de indicios de publicidad engañosa en la convocatoria realizada por la empresa beneficiaria de la contratación. El informe, que hasta hace poco nunca existió, condena en forma rotunda el silencio cómplice y flagrante del Ayuntamiento y, sobre todo, de las consellerias correspondientes que han dado la callada por respuesta a una institución que, como el Consell, forma parte de la Generalitat. Pero, ya saben, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Especialmente si de lo que se le advierte es gravemente peligroso para los intereses, bien jugosos, de unos pocos, sobre todo cuando se amonesta la permisividad del Consell frente a la ilegalidad urbanística. La recomendación final de Emilia Caballero es meridianamente clara y no deja lugar a equívocos: “que no se apruebe el plan parcial de mejora ni el PAI del sector Rabasa sin revisar previamente el Plan General de Ordenación Urbana de 1987”.
La Síndica ha declarado en este ya célebre dossier, que también debería figurar en los anales administrativos por la obstrucción política recibida y por la falta de respeto institucional, que ocho consellerias, ocho, son consideradas hostiles por su falta de colaboración con un organismo que, en aras de su independencia, debería ser respetado.
La Sindicatura vela para que los poderes públicos no menoscaben la libertad de los ciudadanos y, en un sistema democrático normalizado, el Consell debería haber tomado buena nota de lo que apunta la defensora del pueblo valenciano y responderle, aceptando o negando los extremos indicados. Pero no ha sido así. El portavoz del gobierno del Partido Popular presidido por Camps, un tal Vicente Rambla, ha salido a los medios de comunicación a pedir la dimisión de la Síndica “por asumir tareas que extralimitan sus competencias”. Curioso. Vicente Rambla, del que en Alicante conocemos bien poco de sus desvelos por esta provincia maldita para los que gobiernan el cap i casal turiano, reclamó insistentemente que se marchara Emilia Caballero, que ocupa el puesto interino por agotamiento, nunca mejor dicho, del titular propuesto por el Partido Popular. El portavoz del Consell arropó su deseo de preservar la dignidad de su gobierno exigiendo responsabilidad y coherencia precisamente a la única institución de la Generalitat que nos ha tocado en suerte a los alicantinos. Es conocido el desprecio de los conservadores hacia las instituciones que no siguen sus directrices, especialmente cuando los informes de las sindicaturas (la de Cuentas les suele colorear las mejillas cada dos por tres) no están de acuerdo con sus deseos de un Levante (Valencia) feliz, les saca de sus casillas y les aboca, espero, a unos trágicos idus de marzo electorales.
Al Consell del Partido Popular, fiel en su devastadora actuación en Alicante, les recordaría que la dignidad de un gobierno, se gana, entre otras cosas, controlando el disparatado gasto que ha supuesto el Palacio de la Ópera valenciano, más de 50.000 millones de pesetas dilapidados en obras faraónicas de escenarios apresuradamente agrandados porque las previsiones se hicieron mal o firmando acuerdos con organizaciones de invidentes porque una parte de las localidades no gozan de correcta visibilidad. Este dispendio que sale de nuestros bolsillos y no de los que dicen gobernarnos, tiene su lado contrario y vergonzoso en los miles de niños alicantinos que continúan año tras año recibiendo clases en infamantes barracones. La dignidad de un gobierno también se demuestra evitando privilegiar el Puerto de Valencia con majestuosos equipamientos para la Copa América o convirtiendo su dársena en un circuito de Fórmula Uno mientras, en la rada alicantina, debemos soportar estoicamente la construcción indiscriminada de silos que albergan materias altamente contaminantes para la población. La dignidad de un gobierno también se demuestra impidiendo la privatización de un sistema sanitario que había sido ejemplar y que ahora tan sólo se salva por la profesionalidad de los trabajadores públicos. La dignidad de un gobierno se consigue no coartando la libertad de expresión y prohibiendo las emisiones de TV3 para la provincia alicantina, mientras que la televisión del Partido Popular, un Canal Nou que seguimos pagando todos, hasta los que no votamos su opción política, continúa estando vergonzosamente al servicio de Camps y Rajoy marginando a los pocos profesionales independientes que todavía no han sido depurados. La dignidad de un gobierno, para no extenderme demasiado, se consigue entregando a la oposición la documentación sobre los posibles estragos económicos de las numerosas empresas públicas y opacas de la Generalitat, aunque sólo sea para demostrar que no tienen nada que ocultar. Pero no lo harán. No creen en la libertad, especialmente cuando gobiernan ellos. Como aquí.
Emilio Soler
es profesor de Historia Moderna
de la Universidad de Alicante.
es profesor de Historia Moderna
de la Universidad de Alicante.