Charo Gisbert, de 52 años, sufre desde niña una grave enfermedad pero hasta 1993 no se enteró de que sus dolores musculares se debían a una fibromialgia. La “hiperlordosis lumbar con inestabilidad de la charnela” que padece dificulta mucho sus movimientos. Pese a ello, no recibe más ayuda que un par de horas a la semana para hacer la compra y otra hora para el aseo personal. “No quiero dinero, solo quiero tener derecho a ducharme todos los días”, reclama tras ver cómo pasan los meses y la ley de Dependencia del Gobierno sigue estancada en la burocracia valenciana.

En la ciudad de Valencia hay unos 4.500 grandes dependientes y ni uno solo ha empezado a disfrutar las ayudas de la ley. Es más, según el Grupo Socialista, la falta de personal de los servicios sociales del Ayuntamiento hace que solo hayan visitado para valorar a 600 de los afectados que han solicitado ayudas. Estos todavía tendrán que esperar a que la Comisión de Valoración de la Consejería de Bienestar Social emita un dictamen y que los técnicos municipales vuelvan a visitarles para realizar el Plan Individual de Atención (PIA). Solo después comenzarán a recibir las prestaciones: bien en atención de personal especializado bien en ayudas económicas.

La portavoz socialista Carmen Alborch denunció ayer que el Ayuntamiento solo ha contratado a 14 personas para valorar a los afectados. Mientras, el Consistorio culpa indirectamente del retraso al Consell. “Se han contestado y remitido todas las solicitudes de informes sociales recibidas desde la Generalitat”.

Junto a Charo Gisbert, Alborch pudo poner cara ayer a una docena de tragedias personales en el Ayuntamiento. Una docena de familias que esperan desde hace meses las ayudas para personas con una gran invalidez reconocida desde hace años pero que todavía no perciben nada por un bloqueo burocrático. Entre ellas, Petra Galán, de 61 años, con tuberculosis dorsal desde los 19 años. Una enfermedad que le provoca una opresión tanto en los pulmones como el corazón: “Llevo ventilación mecánica desde hace 12 años por la noche y después de comer; si no, no soy persona”, explica. Se mueve por casa con un andador con asiento y para la calle emplea una silla eléctrica. Ahora recibe una hora de ayuda al día: “No es suficiente; por la mañana hay días que no me puedo quitar el respirador porque se me han dormido los brazos”.

En la misma situación está Amparo Giner, de 63 años, que sufre un Parkinson como efecto de la medicación que le dieron tras un trasplante de hígado. Se mueve en silla de ruedas y necesita asistencia a domicilio: “No pido mucho, solo lo que puedan ayudarme”. Eso sí, se muestra muy crítica con una figura que debería velar por sus intereses: “A la Defensora del Discapacitado, Juana Andrés, no vayas a pedirle ninguna ayuda, que no existe; ni te coge el teléfono; no sabemos en qué consiste ese cargo”.

En un Consistorio poco adaptado a las sillas de ruedas también sufrió las estrecheces del ascensor Palmira Castellano, que llevó a su hija Sara Carrasco, con una lesión cerebral provocada por un síndrome Lennox-Gastaut. “Nosotras en el fondo tenemos suerte, solo nos falta el plan individual de atención”, se consuela Palmira.

“La mejor ley: gente cualificada”