El Cermi está elaborando en estos momentos, junto con la Fundación ONCE, un estudio exhaustivo sobre los efectos en todas las ramas del ordenamiento jurídico español de los principios y mandatos de la Convención, para determinar dónde pueden producirse colisiones y plantear las correspondientes modificaciones normativas.

El comité sostiene en un comunicado que “aunque la legislación española en materia de discapacidad es de las más avanzadas, hemos detectado posibles conflictos en cuestiones por ejemplo de Derecho Penal y Derecho Civil, que habrá que adecuar a la normativa internacional al prevalecer sobre la española”.

Asimismo, la plataforma representativa de la discapacidad propondrá nuevas medidas que ayuden al cumplimiento efectivo de la legislación pues, “ya no bastan las declaraciones de derechos sino su exigibilidad y vinculación”.

La Convención de la ONU sobre Derechos de las Personas con Discapacidad forma parte del Derecho español desde que el pasado día 3 de diciembre de 2007 el Reino de España ratificó este instrumento internacional de protección jurídica de este sector de la ciudadanía.

España ha sido uno de los primeros países de Europa y del mundo en ratificar tanto la Convención como el Protocolo facultativo de seguimiento de la misma.