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La falta de un autobús escolar adaptado obliga a un menor minusválido a pagar para ir a clase.
Tras semanas de absentismo, los padres del alumno abonan 400 euros a un taxi para que llegue al colegio.
Constantino Barreiro y Asunción Iglesias,
padres del menor, en la dificultosa tarea
de subirlo a un coche.
Die Orellana
E. OCAMPO / VIGO
Un alumno de 12 años residente en San Pelaio de Navia acude desde hace tres días al colegio en un taxi especial por el que sus padres pagan 400 euros al mes, ante la imposibilidad de hacerlo en un transporte escolar o público adaptado para silla de ruedas. El niño no podrá caminar probablemente hasta mayo, a consecuencia de una operación relacionada con la enfermedad que sufre de nacimiento (acondroplasia, conocida comúnmente como enanismo).
El alumno, que cursa primero de ESO en un centro concertado, sólo ha podido acudir unos días del curso a clase, según explican sus padres. Primero, por estar convaleciente de la intervención de elongación de fémures y después, “forzado” a tres semanas de absentismo escolar por no disponer de un medio adaptado, según su padre, Constantino Barreiro. “Desde el mes de diciembre, el niño podía haber ido perfectamente al colegio, porque no sufría dolores”, explica Barreiro, “pero tiene los huesos rotos y lleva fijadores externos”. La familia lo desplazó varias veces en su coche particular, pero considera las maniobras peligrosas para la salud del chico, por lo que pidió la colaboración del centro docente.
Los responsables del colegio (en Bouzas) y de la delegación de Educación de Pontevedra, atribuyen la responsabilidad del transporte escolar respectivamente a la otra institución.
“En colegios especiales tienen transportes adaptados, aquí no. Sólo tenemos el normal y no podemos comprar otro autobús. La Xunta no da ayudas para eso, así que el centro no tiene obligación”, dice la directora del colegio concertado. “Esto no es responsabilidad del centro y hay que tener en cuenta que es algo temporal. Los profesores ya va se encargan de ir a buscar al niño al taxi”, añadió.
Sin embargo, el delegado de Educación de Pontevedra se pronunció tajante: “El niño antes pagaba el transporte que ponía el colegio, por lo que ahora éste debería de encargarse del mismo”, explicó. “La responsabilidad no es de Educación, es el centro privado concertado quien tiene que dar un servicio especializado”. Y concluyó que “no es un alumno que a efectos de transporte dependa de educación”. Además, aconsejó a la familia informarse de ayudas de Vicepresidencia.
El pasado 6 de diciembre, los padres del menor afectado enviaron un escrito a la inspectora del Educación del colegio -tras una reunión anterior con la dirección- para dar a conocer la situación del alumno. En él, comentaban que el chico pudiese recibir clases en el domicilio. Tras diversas gestiones, los padres pidieron una audiencia en la Consellería de Educación. Enviaron una solicitud al departamento autonómico en el que recordaban que el articulado de la LOE recoge el derecho de los niños con algún tipo de minusvalía de disponer de un medio de transporte adaptado, amén de otras ventajas, así como de “facilitar la integración y ayuda cuando el niño tenga que faltar a la escuela por un largo período de tiempo”. La carta tiene fecha del 14 de enero y está firmada también por la presidenta de la Asociación Gallega de enfermos y familiares de acondroplásicos, por la presidenta de la Fundación Magar y el padre del niño afectado. Éste insiste en que los criterios que se exigen son “los mismos para los centros públicos y privados concertados”.