Pero no todos han entrado en esta solución, ya que se ha cometido una “injusticia” con la Asociación Comarcal de Discapacitados ProSub de Alzira a la que se le comunicó el pasado martes en la Delegación del Gobierno que no se les condonaba el préstamo de 150.000 euros que pidieron tras la pantanada tal como adelantó ayer LAS PROVINCIAS.

La presidenta de esta entidad, Isi Anaya, anunció ayer una serie de movilizaciones por lo que consideran ellos como “justicia social” de las 300 familias afectadas.

Así, mañana viernes se han fletado varios autobuses para desplazarse a Valencia y concentrarse delante de la Delegación del Gobierno. También van a realizar algunas acciones como un encierro en la sede que tienen y “pedimos a todos los alcireños que nos apoyen porque ProSub es muy querida por su esfuerzo y trabajo. Desde que empezamos este proyecto siempre hemos defendido que no se nos discrimine, ahora pedimos que el Gobierno nos trate de igual a igual”, dijo.

“Como nosotros no estamos en ningún real decreto, ni en ninguno de los otros supuestos que presentó la vicepresidenta del Gobierno para cobrar, seguro que somos los únicos a los que no se les va perdonar el préstamo”, señaló Anaya, disgustada por lo ocurrido.

Anaya explicó que el pasado viernes en la manifestación convocada por Aspertous en Valencia tuvieron una reunión con el Delegado del Gobierno, Antoni Bernabé, “a la que asistí y él me dijo que nuestro caso era sangrante y que lo comunicaría al Ejecutivo para que lo tuviera en cuenta, pero el martes nos dieron la sorpresa cuando acabó la reunión con la vicepresidenta del Gobierno y el presidente de Aspertous nos comunicó que nuestro caso no tenía solución política”.

Isi Anaya explicó que la entidad construyó un centro de discapacitados severos, después de que la familia Suñer les diera un terreno en la Avenida de los Deportes, y que sufrió unos daños muy importantes en la pantanada.

“Entonces pedimos un crédito de 25 millones de las antiguas pesetas para reformar el edificio y luego se lo cedimos a la Generalitat Valenciana para que lo gestionase”, recalcó.

Ahora la entidad bancaria BBVA “nos exige el pago del crédito, aunque nos han alargado la agonía tres meses más. Nosotros no podemos hacer frente a esta deuda y tenemos la amenaza del embargo de nuestra sede donde tenemos un centro de discapacitados tempranos, de niños que van de cero a cuatro años”, manifestó.