Más destape de impresentabilidades.

Aislado en el silencio y la oscuridad. Dolores Lozano y su hijo José María residen solos en una vivienda en Málaga. Gregorio Torres

MATUCHA GARCÍA. MÁLAGA José María tiene 28 años y es sordo y ciego. Necesita contar en todo momento con una persona que lo guíe y le comunique lo que existe a su alrededor para poder desplazarse sin tropezar, comer, ducharse o realizar cualquier actividad que cualquier otro humano realiza con normalidad.
Este joven, como tantos otros malagueños, asistió con ilusión al nacimiento de la nueva Ley de Dependencia. Un rayo de luz en su oscuridad que se configuraba como una esperanza para poder alcanzar ciertas dosis de libertad e independencia y una mejora en su calidad de vida.

Sus expectativas pronto se han visto frustradas. José María, a pesar de no ver ni oír y tener un grado de minusvalía del “cien por cien”, no ha conseguido obtener el máximo nivel establecido para los grandes dependientes. Los técnicos de la Junta de Andalucía, adscritos a la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, encargados de realizar las valoraciones de las solicitudes presentadas para beneficiarse de las ayudas, no le han reconocido el mayor grado de dependencia, según asegura su madre, Dolores Lozano.

Se da la incomprensible paradoja que el joven se ha quedado a un punto de la clasificación máxima. Dentro de este grado tres (gran dependencia) se establece el nivel uno (de 75 a 89 puntos) y el nivel 2 (de 90 a 100). Los recursos y el dinero a los que puede optar aumentan a mayor clasificación.
José María ha obtenido 89 puntos, algo incomprensible para su madre, que pretende recurrir esta resolución para que a su hijo obtenga las ayudas que merece.

Recurrirá ante la Junta. Su madre anunció ayer que recurrirá ante la Delegación provincial de Málaga dicho dictamen, para lo que cuenta con un plazo de un mes. Asimismo, dijo no comprender qué clase de valoración se le ha realizado a su hijo, ya que, según apuntó, “no puede hacer por si solo ninguna tarea, necesita a una personas las 24 horas del día para que le atienda”.

Dolores y José María exigen lo que ya es un derecho por ley de todos los ciudadanos españoles. Estos residentes de Málaga subsisten además con algo menos de 500 euros, que es la pensión que él recibe. Con esta cantidad, han de hacer frente al alquiler, la comida, la luz, el agua, etcétera. Quedan ínfimos recursos y hay que recurrir a los malabarismos para poder subsistir con cierta dignidad.

Su sufrida madre debe dedicarse en cuerpo y alma al cuidado de su hijo. Es obvio que no le queda tiempo para buscarse un empleo. “Necesita a una persona para todo. Ahora me tiene a mí, pero yo no voy a estar siempre. Ahora mismo el único apoyo que tiene soy yo”, comenta.

José María permanece siempre en casa. Tan sólo asiste tres días a la semana durante tres horas a un centro ocupacional, para lo que cuenta con un intérprete, un apoyo esencial que ha logrado gracias a la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE).

Madre e hijo residen solos en una vivienda de la calle Pelayo de la capital. El resto de los hermanos viven fuera de la ciudad. “Somos de Algarrobo y nos vinimos a Málaga porque en los pueblos no existe apoyo para este tipo de personas”, asevera.

Dolores reclama para su hijo un asistente personal. “Está aislado. Para todo necesita mi ayuda. Anda cogido de mí, para lavarse hay que ayudarlo y colocarle las cosas, al igual que para comer”, narra.

El temor de esta madre es el futuro de su hijo cuando ella no esté, por eso lucha para que la Junta de Andalucía le concedan el máximo grado de dependencia posible. Se trata del bienestar y de la calidad de vida de su hijo.