Los gobiernos de José Mª Aznar, no tuvieron coraje y valor suficiente para enfrentarse a la creación de la Ley de la Dependencia, como así conocemos la mayoría de ciudadanos a la ley de autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia. Algo que le venía recriminando el partido socialista frente a la inexcusable realidad que muchas personas y familias enteras estaban viviendo en el tiempo de forma penosa, desconsoladora y costosa en sus propias carnes y a la que no podían hacer frente de una forma estructurada tras los cambios sociales acaecidos, – el aumento de la esperanza de vida, la cada vez más numerosa aparición de enfermedades como el alzhéimer, como consecuencia de ello y la transformación del papel de la mujer en la sociedad-, fueron quizás las causas mayores que motivaron al partido socialista a ponerse manos a la obra y pretender la creación de esta ley.
Una Ley que en principio se pretendía universal como el resto de leyes universales, sanidad, pensiones, educación, como elemento conformador del cuarto pilar del estado del bienestar y dirigido a los colectivos más desfavorecidos, tercera edad y personas con discapacidad, por ser estos sectores tal vez los que como ciudadanos menos sentido real de universalidad, disponían y que por mucho que nos la pinten como tal, no se acerca ni de lejos.
Una ley que pretendía evitar precisamente la dependencia tanto de los beneficiarios como de las familias afectadas a través de mecanismos de prestación de servicios, de medidas preventivas o ralentizadoras de altos niveles de dependencia, parecía quererse conformar como una ley que pretendía separar la paja del trigo para afrontar mejor la desbordante problemática social que ya alcanza a numerosísimas familias en España y que por el contrario se ha convertido en un totum revolutum a estas alturas casi imposible de descifrar.
Primero fue el estudio y la creación del Libro Blanco de la Dependencia. Un amplísimo y detallado estudio de la realidad social y económica a la que habrían de enfrentarse desde la pertenencia de recursos e infraestructuras disponibles y la proyección de necesidades futuras.
Después fue su tramitación parlamentaria a través de comisiones de trabajo y participación de los colectivos sociales directa o indirectamente implicados, en los que la gran mayoría representativa e incluso no tan representativa como fue la participación del Foro de Vida Independiente, una especie de organización, creada a través de Internet, sin estructura organizativa alguna, alcanzaron a dejar patentes sus necesidades y pretensiones.
Posteriormente aparecería de la mano del Gobierno y a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales la elaboración de ese primer borrador de proyecto de Ley, para su posterior tramitación parlamentaria hasta su aprobación como Ley.
Quienes como yo, que como mero miembro del foro de vida independiente hemos vivido de forma activa y cercana la totalidad y la complejidad que para algunas personas con diversidad funcional ha supuesto todo el proceso, pese a no ser expertos en más materia que la plasmación de nuestras realidades y la reivindicación de la satisfacción de nuestras necesidades como derecho –que lo son y habrán de ser cuanto antes, si hablamos de derechos de ciudadanía-, a fecha de hoy no salimos de nuestro asombro, ante el cambio tanto cualitativo como cuantitativo que tanto política como económicamente se ha ido a lo largo del tiempo produciendo.
Tras un año y casi ya dos meses de su entrada en vigor hemos visto correr ríos de tinta a través de medios de comunicación escritos, hemos visto difuminarse las ondas sonoras de todas las emisoras de radio, y hasta se han fundido los componentes electrónicos de nuestros televisores y ordenadores ante la controversia que viene provocando. Algunos, como puede ser sin irme demasiado lejos, mi propio caso, tras muchos intentos y esfuerzos llevados, desde diferentes áreas y actividades a cabo, hemos pasado de la esperanza a la frustración, terminando en el hartazgo.
Todos los días nos despertamos con el rifi-rafe, partidista y autonómico, de quiénes son los mejores en su desarrollo, sin que hasta ahora y de una forma fehaciente, ni una sola de las 17 comunidades autonómicas de España, lo haya aun y plenamente demostrado, lo que sin lugar a dudas cada vez nos mantiene como ciudadanos de pleno derecho más desigualados.
Mientras en unas comunidades se resuelven rápidamente las tramitaciones en otras apenas están empezando. Mientras unas dicen haber invertido sus costes, sin que nadie se haya beneficiado, otras se jactan de ahorros preventivos y estarlo guardando. Mientras en unos lugares se tiene en cuenta la decisión de los usuarios en otras parece presentarse indiscutiblemente diseñado. Y así podría continuar con una lista interminable de indiscutibles incoherencias a que nos tienen acostumbrados.
Diríase más bien que “pepeismos”, “pesoismos” y “nacionalismos”, es decir, la suma de los divisores “ismos”, por una extraña relación de quizás política e interesada dependencia, a costa de muchas urgencias, se mantienen en el vigente periodo electoral y a costa de esta Ley enfrentados. Sin olvidarnos para ello, de ese ya viejo y conocido soporte de acólitos sociales camuflados del que suelen ir acompañados y que buena parte del pastel gestionan.
Sin embargo la realidad es tan simple como la que hace unos días una persona plasmaba, a través de uno más de los miles o quizás millones de comentarios sobre la realidad vivida y los desmanes de esta ley existentes que podemos encontrarnos en los diarios digitales y que reproduzco textualmente por como plasma desde un sentido figurado, su crudeza y realidad. Una realidad que a quienes ciertamente correspondería poner solución, por dependencias políticas electorales, no parece ni importarles.
Sin embargo la realidad es tan simple como la que hace unos días una persona plasmaba, a través de uno más de los miles o quizás millones de comentarios sobre la realidad vivida y los desmanes de esta ley existentes que podemos encontrarnos en los diarios digitales y que reproduzco textualmente por como plasma desde un sentido figurado, su crudeza y realidad. Una realidad que a quienes ciertamente correspondería poner solución, por dependencias políticas electorales, no parece ni importarles.
“Mueren al día 10 veces más personas que han solicitado el reconocimiento del grado de dependencia, como paso previo para solicitar las prestaciones, que denuncias de víctimas de violencia domestica. Quizá la diferencia esté en que las víctimas de la violencia de género se pueden presentar en el juzgado y las víctimas de la desidia de la administración por razón de sus limitaciones funcionales no. Ah! Que nadie piense que eso ocurre en la comunidad valenciana solamente, ocurre en las 17 comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla. Si se exhuman los cadáveres de los miles de personas dependientes que han muerto en el más de un año de vigencia de la ley se vería que han sido enterradas con su solicitud en la mano.”
Por lo que no es de extrañar que algunos hayamos pasado desde la esperanza que presumíamos a la entrada en vigor de esta Ley, a la sensación de frustración, para acabar en el hartazgo.
Mª Ángeles Sierra Hoyos.
2 replies on “LEY DE LA DEPENDENCIA: DE LA ESPERANZA A LA FRUSTRACIÓN PARA ACABAR EN EL HARTAZGO.”
La realidad, si es que de realidades hablamos, es que ciertas Comunidades Autónomas no sólo no están aplicando la ley, sino que retrasan de forma real las peticiones que por ley pertenecen a las personas que se acogen a la misma. Esas Comunidades Autónomas tienen nombre y apellidos; en Madrid y Valencia, por nombrar dos de las más cacareadas, ni siquiera se ha otorgado el presupuesto correspondiente para su desarrollo, cuando el presupuesto Estatal está liberado desde el mes siguiente de entrada en vigor de dicha ley. ¿Por qué? Pues sería cuestión de preguntarse como es que en Andalucía, Galicia o Cataluña el ratio de espera para la evaluación de las peticiones no pasa de los 30 días, y las prestaciones se otorgan en un máximo de 90, y resulta que en Madrid la evaluación ni siquiera se está realizando… por falta de personal, según la Consejería de Asuntos Sociales.
El tema aquí es, ¿Tiene el Estado algún tipo de responsabilidad en la mala gestión en la aplicación de leyes como la de dependencia, cuando esta depende del gobierno y las consejerías correspondientes de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos que tienen las competencias en ese sentido? No, no la tiene. No es achacable al Estado que la aplicación de leyes, después de haber liberado presupuestariamente los fondos necesarios para su aplicación efectiva, no se haga por parte de quien tiene que hacerlo. No es ni el mismo ejemplo que se puede aplicar a la ley de educación que no fue dotada presupuestariamente durante 8 años – desde el año 1996 al 2004- y que ha derivado en un deficit educativo que costará 12 años de inversión y sacrificio presupuestario para volver a los niveles anteriores. En este caso hablamos de una desidia por parte de los gobiernos autonómicos y municipales que, aún teniendo los dineros correspondientes para hacerlo, no llevan adelante la aplicación de la ley.
Sé que decirlo es una reverenda estupidez, pero me gustaría dar un consejo obvio a todas aquellas personas que se ven en el brete que usted ha expuesto. La Ley de Dependencia es una ley, es decir, su aplicación no es discutible. La aplicación de las leyes no es discutible. Mi consejo es que, en el momento en que alguien, ya sea el gobierno autonómico o el gobierno municipal del lugar en el que vive la persona que se acoge a la ley, vulnera la ley, lo lógico es acudir a los tribunales, poner una denuncia, denunciar a quien vulnera la ley – aparte de tomar buena nota de ello para las próximas elecciones autonómicas y municipales- y, por supuesto, darle toda la publicidad posible. Yo mismo me comprometo a publicar desde mi columna en Diario Siglo XXI, mis blogs y los comentarios que pueda hacer en cualquier otra publicación, dichas denuncias. Les puedo asegurar que ante una reclamación legal de derechos, sobre todo cuando se hace forma masiva, en previsión de las indemnizaciones a pagar, como por arte de ensalmo, se aplicará la ley.
Ánimo. Le puedo asegurar que somos muchos los que seguimos todo este tema y le damos toda la publicidad que podemos, porque aquí no hablamos de política, aunque esos gobiernos autonómicos y municipales así lo crean, hablamos de personas con necesidades, personas para las que se hizo esa ley. Tratar a esas personas como juguetes electorales no sólo es deleznable, sino también mezquino y criminal.
Ôo-~
Estoy muy de acuerdo con el análisis que nos hace Santi-Benitez, pues si a las particularidades le restamos las voluntades y puesta en marcha de la Ley, creo que ha sido Andalucía quien se ha anticipado al resto de comunidades y esto es justo decirlo y agradecer, en alguna medida, ya que de otra manera, a estas alturas todavía estaríamos mirándonos el ombligo.
Sabemos que la puesta en marcha ha sido desproporcionadamente lenta e ineficaz. Como otros observadores han indicado, causa la impresión de una improvisación e imprevisión de los legisladores, y si resulta cierto que al mes de la aprobación de la Ley estaba la consignación presupuestaria transferida a las distintas comunidades, en ese caso estoy también de acuerdo con Santi en que ahí están los tribunales para denunciar la apropiación indebida de un dinero que no les pertenece, así pues, menos cacarear y mas acción para remover la justicia hasta donde nos haga falta.
Como ya me dijo una vez una buena compañera del FVI, a nosotros nos sobran palabras, lo que nos faltan son los hechos. Si existe una Ley, que se cumpla; sino denunciar a quien o quienes lo impiden que no nos van a comer, os lo aseguro.