Tribunales.- La Fiscalía del TSJA no pide responsabilidades a la Junta por los retrasos de la Ley de Dependencia
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no pide responsabilidades a la Junta de Andalucía por los retrasos de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia, tal y como solicitaron tres padres malagueños en una denuncia presentada el pasado mes de octubre contra la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social y que fue admitida a trámite.
La respuesta del teniente fiscal jefe del TSJA en Granada, Guillermo Sena Medma, a los padres denunciantes, a la que tuvo acceso Europa Press, incluye una copia del informe que la Fiscalía le solicitó a la delegación provincial de Málaga de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía sobre la situación de sus expedientes, manifestándoles que los próximos trámites los deberán efectuar en la referida delegación malagueña.
El informe de la delegación apunta que ‘el gran volumen de solicitudes presentadas en la Delegación como consecuencia de la puesta en marcha del sistema ha generado un cúmulo de solicitudes pendientes que ha impedido poder atenderlas todas en el plazo inicialmente previsto de tres meses. No obstante, estamos poniendo en marcha todos los recursos necesarios para atender todas aquellas solicitudes que habiendo transcurrido el citado período se encuentran aún pendientes de valoración’.
Para el abogado que lleva el caso, Ignacio Loring, dicha respuesta supone que la Fiscalía ‘se ha lavado las manos’ en este asunto, ‘dejando atrás su obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad vigente’. No obstante, indicó que sus representados ‘por ahora’ no van a realizar ninguna otra denuncia, a la espera aún de que se les realicen a sus hijos el Plan de Atención Individualizado (PIA).
Los padres solicitaron el pasado mes de junio la valoración del grado de dependencia de sus hijos y transcurridos tres meses desde que se realizaran las solicitudes no se les había notificado resolución expresa, por lo que se entendieron desestimadas las solicitudes por silencio administrativo.
En la denuncia, Loring solicitaba que la Fiscalía investigara el por qué la Junta de Andalucía ‘está incumpliendo el procedimiento de valoraciones de los solicitantes, cuando dicha ley era una de las prioridades políticas del Gobierno en el Estatuto de Autonomía de Andalucía’. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS FAMILIAS.
Por su parte, una de las madres que ha presentado la denuncia María de la O Rueda, en declaraciones a Europa Press, criticó que la actuación de la Fiscalía en este caso, ya que, según dijo, si los ciudadanos ‘incumplimos los plazos para cualquier gestión administrativa recibimos una sanción, por lo que si es la Junta de Andalucía la incumple su propia Ley, también debería ser sancionada’.
Asimismo, esta madre explicó que el pasado día 5 de febrero una trabajadora social de la Junta le realizó a su hijo el PIA y determinó que éste, valorado con el máximo nivel de gran dependencia, debería recibir una prestación con asistencia personal en casa, valorada en unos 800 euros mensuales. Si bien, la Administración andaluza cuenta con un mes para aprobar dicha resolución. De no cumplir la Junta con este plazo, María de la O anunció que no descarta volver a denunciar a la Junta.
Por último, indicó que de las tres familias denunciantes la Junta sólo le ha realizado el PIA a su hijo, ya que los otras dos familias permanecen aún a la espera de que se les lleve a cabo. En concreto, uno de los menores padece autismo, otro un trastorno generalizado del desarrollo y el último de ellos síndrome de Rett.