La Fiscalía del TSJA desacredita al Defensor del Pueblo y se alinea con Chaves
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no pide responsabilidades a la Junta de Andalucía por los retrasos de la Ley de Dependencia que denunció el Defensor del Pueblo y, sin embargo, asume las razones de tal retraso esgrimidas por la propia Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social. O sea, deja sin respuesta a la petición de responsabilidades a la Junta que solicitaron tres padres malagueños en una denuncia contra esa Consejería y que fue admitida a trámite. Con este comportamiento, la fiscalía se alinea con el gobierno Chaves y descalifica, en la práctica, el informe del Defensor del Pueblo de hace una semana.* Chaves exige conocer por anticipado las preguntas de alumnos de 15 años.
* El TC da la razón después de muerta a una madre que se enfrentó a la Junta de Andalucía.
* Cinco mil empresarias exigen saber por qué la Junta de Andalucía ha desestimado sus solicitudes de ayuda .
LD (Pedro de Tena) Recordarán que el Defensor del Pueblo Andaluz en su informe sobre la Dependencia en Andalucía denunció la escasa previsión de los poderes públicos andaluces dirigidos por el gobierno de Manuel Chaves, los incumplimientos en los plazos procedimentales que han originado decepción de los potenciales beneficiarios y que, como consecuencia, persisten, como antes de la Ley de Dependencia, las necesidades que no han sido satisfechas.
Tras el primer año de vigencia de la Ley (2007), se presentaron en Andalucía un total de mas de 80.000 solicitudes, de las que, según información de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a finales de 2007 habían sido objeto de valoración alrededor de un 70% de las mismas, resultando beneficiarias de las medidas previstas en la Ley sólo 12.000 personas dependientes, de las que unas 2.500 se concretan en prestaciones o ayudas económicas y el resto en servicios.
Esto indica según la mencionada institución andaluza “la escasa previsión en los poderes públicos para acometer la magnitud de las demandas ciudadanas, lo que más allá de los incumplimientos de los plazos procedimentales ha originado cierta decepción en sus potenciales beneficiarios, que ya en el 2005, con ocasión del Libro Blanco de la Dependencia, y en el año 2006, con la tramitación de la Ley, ven como el 2007, ya vigente ésta, las prestaciones económicas y servicios que en la misma se configuran como unos derechos subjetivos no se materializan, persistiendo las necesidades insatisfechas como antes de este nuevo marco legal”.
Incluso El País le sacó los colores a Zapatero porque ha hecho una ley de Dependencia, pero no ha previsto su aplicación y ya veremos si el dinero para aplicarla. De momento, lo que ya sabemos es que muchos miles de dependientes han muerto desde que se aprobó la Ley en dciembre de 2006.
El señor Chaves ha demostrado la negligencia de su gobierno contribuyendo al retraso de la aplicación de la Ley en Andalucía. De hecho,en julio de 2007, seis meses después de la aprobación de la Ley, la Junta sólo había completado 207 valoraciones de un total de 35.000 solicitudes de valoración para acogerse a la Ley de Dependencia. Todos los partidos andaluces, salvo el PSOE, naturalmente, denunciaron los hechos. La ley obliga a resolver las solicitudes en un plazo de tres meses y a pagar con efecto retroactivo desde que se inició la solicitud. ¿También a los muertos? La ley estableció un calendario para atender todas las solicitudes que llegaran. A los grandes dependientes, los más graves (unos 200.000 en España, ¿cuàntos en Andalucia?) les correspondía en 2007. No se ha cumplido.
La respuesta del teniente fiscal jefe del TSJA en Granada, Guillermo Sena Medma, a los padres denunciantes se basa, qué cosas, en un informe de la Delegación provincial de Málaga de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, que es la responsable de los retrasos. El informe de la delegación apunta que “el gran volumen de solicitudes presentadas en la Delegación como consecuencia de la puesta en marcha del sistema ha generado un cúmulo de solicitudes pendientes que ha impedido poder atenderlas todas en el plazo inicialmente previsto de tres meses. No obstante, estamos poniendo en marcha todos los recursos necesarios para atender todas aquellas solicitudes que habiendo transcurrido el citado período se encuentran aún pendientes de valoración”.
Según Europa Press, para el abogado que lleva el caso, Ignacio Loring, dicha respuesta supone que la Fiscalía “se ha lavado las manos” en este asunto, “dejando atrás su obligación de velar por el cumplimiento de la legalidad vigente”. No obstante, indicó que sus representados “por ahora” no van a realizar ninguna otra denuncia, a la espera aún de que se les realicen a sus hijos el Plan de Atención Individualizado (PIA).