El Gobierno tiene previsto aportar casi 500 millones de euros en siete años a la Comunitat Valenciana para aplicar la Ley de Dependencia. Así lo informó ayer en Aldaia la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien matizó que a esa cifra “debería sumarse la misma cantidad de las administraciones local y autonómica”, para cumplir con el objetivo de dar “plena cobertura” a los más de 120.000 valencianos que padecen algún grado de discapacidad o de dependencia.
Laura Sena, Aldaia
Colaboración “leal”
La vicepresidenta remarcó que “las administraciones tienen el deber de colaborar leal y eficazmente, anteponiendo el interés de los ciudadanos a cualquier otro tipo de consideración oportunista y partidaria” por lo que “sería bueno que la Generalitat se implicase con mayor diligencia, colaboración y cooperación”.
Según los datos del Gobierno, en el marco de la Ley de Dependencia, más de 120.000 valencianos serán atendidos por el sistema público en 2015, año en el que habrán 36.000 nuevos puestos de trabajo para personas dependientes.
Por otro lado, de la Vega aseguró que en estos cuatro años se ha conseguido aumentar en un 10% el empleo de las personas
con discapacidad y en cuatro los próximos, “si obtenemos de nuevo la confianza de los ciudadanos, vamos a poner las condiciones para crear 200.000 puestos de trabajo de calidad para discapacitados”.Por su parte, desde la Delegación del Gobierno se insistió ayer en que “existe una falta de compromiso del Consell en un tema fundamental para los ciudadanos como es el de la dependencia que afecta a miles de familias”.
De las 30.000 solicitudes de ayuda presentadas, la Generalitat no ha concluido ningún proceso de evaluación por lo que los destinatarios aún no están cobrando.
7 comentarios para meditar
Un dependiente andaluz y uno valenciano saben que están prácticamente igual y que en ningún lado atan a los perros con longanizas. De hecho se van a celebrar elecciones en domingo mientras los servicios de ayuda a domicilio no funcionan en prácticamente ningún municipio de España.
Lo de la publicidad institucional es de escándalo. El anuncio de televisión pagado por el Ministerio mostraba imágenes de personas con discapacidad y de la tercera edad que no son dependientes, entre ellas la de un parapléjico encestando un balón que recogía una guapa moza. El de la Conselleria de Bienestar Social recogía, entre otros, un plano de una persona mayor sentada en la cama mientras una mujer con bata blanca se arrodilla con una palangana para lavarle los pies. Ni de lejos ninguna de las personas que aparecen en la publicidad son dependientes, el baremo que se aplica para establecer el grado y nivel de dependencia no les reconoce la puntuación para ello. De hecho días atrás aparecía en prensa la denuncia de la madre de un sordociego denunciando que a su hijo no le habían concedido el grado máximo (entre 90 y 100) por un punto, tenia 89. No es que el baremo estuviera mal aplicado, es que el umbral que existe para ser reconocido como dependiente de grado 3, nivel 2 (el máximo) es casi imposible de alcanzar. De hecho si acompañas el certificado de la autopsia no alcanzas el máximo.
CAMPS VETE YAAAAAAAAAAAAAAAA
¿Se puede considerar el 4º pilar del bienestar social con la percepción de 150 € entre las personas más necesitadas de esta ayuda social?
¿No abrá sido un lapsus de nuestra vice-presidenta proclamar a los cuatro vientos tan ridícula cantidad? Quisiera pensar que se trata de 1.500 € que, sin servir para tocar las castañuelas, al menos comienza a ser algo más sensato. En fin, que los comentarios dejan abierta la puerta a cualquier reflexión y con cualquier intención. Bueno sería que María Teresa nos sacara de dudas ¿lo
hará?…Por cierto, Vicente. Muy aguda tu opinión sobre la aplicación de la Ley.