Y es que aunque la citada ley marca un máximo de un año desde que se solicita una ayuda o un servicio determinado hasta que se concede, “los pasos a dar son muchos, complicados y se alargan en el tiempo”. Como ejemplo, explicaron que si Vicepresidencia, tras tener los oportunos dictámines que se exigen, determina que una persona dependiente debe ir a una residencia, “tiene aún que entrar en lista de espera, ya que las plazas públicas ofertadas son escasas”.
Si una persona con dependencia precisa ayuda debe dirigirse en primer lugar a hacer una solicitud a los servicios sociales de su Ayuntamiento, a los de la Xunta o a los de Sanidade. Tras este paso, una trabajadora social hace una visita al domicilio del demandante para hacer un informe. Para ello hay un plazo estipulado de seis meses.
Después, la delegación provincial de Servicios Sociales debe hacer una valoración para determinar el grado de dependencia. El siguiente eslabón de esta larga cadena sigue entrando en el Plan Individualizado de Atención (PIA), que determina si precisa una residencia, centro de día, ayuda a domicilio…
El caso de Patricia, que lleva seis años atada a su madre, con esclerosis lateral amiotrófica, parece abrir la caja de Pandora, con multitud de llamadas a este diario con quejas sobre la Ley de Dependencia ,y también sobre la “escasez” de medios asistenciales que existen, “porque las residencias públicas no llegan y los centros de día o no existen o son escasos”.
La concejala de Benestar Social del Ayuntamiento de Santiago, Mar Martín, coincidió con los expertos que tildan de “farragoso” el proceso para acceder a una ayuda de la citada ley. “Es necesaria, pero también hay que tener en cuenta que está empezando y habrá que ir solucionando las trabas que presenta”, explicó a este diario.
No obstante, recordó que, en el caso concreto de Santiago, “actualmente en el Concello no tenemos a nadie en espera para acceder a la ayuda a domicilio”.
En este sentido, subrayó la necesidad de que los ayuntamientos “tengan más voz” en la Ley de Dependencia, “ya que somos los que tenemos una red creada y sabemos de primera mano los recursos de los que disponemos”.
Martín, sin embargo, añadió que “hay una clara tendencia a que las familias de personas dependientes no quieran institucionalizarlos, sino que quieren cuidarlos en casa”. Pero también aseguró que “la carga que supone cuidar a una de estas personas es muy grande y supone un gran deterioro”.
Por este motivo, recordó que “aunque la ley ayude, cuando se presenta un problema de este tipo en una familia la solución es difícil. El problema seguirá existiendo pese a las prestaciones”.
Por su parte, Miguel Anxo García, psicólogo clínico del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago, insistió en la necesidad de “una mayor cobertura asistencial” a los enfermos dependientes.
“Además de ampliar la red, facilitando a estos enfermos dependientes servicios de rehabilitación o logopedia, no debemos olvidar a la familia. Por eso, la atención psicológica para ellos, además del paciente, también es básica para sobrellevar, no evitar, estos casos que muchas veces son dramáticos”.