En verdad… ¿Sómos todos iguales ante la ley?

La legislación electoral[1] exige que todos los locales electorales sean accesibles para las personas con movilidad reducida y que esa accesibilidad sea comprobada por los miembros de la mesa y apoderados en el momento de constitución de la misma. Pero una cosa es la legalidad y otra la realidad. Ayer se volvió a constatar que la mayoría de locales electorales resultan inaccesibles para las personas con movilidad reducida, tal y como se vio en las distintas cadenas de televisión, que mostraron imágenes de entradas a los locales a los que no podía acceder de manera autónoma una persona con movilidad reducida, mayoritariamente personas de edad avanzada.

Pese a que la ley regula de manera detallada todo el proceso electoral, y especialmente el de votación, resulta lamentable que la verificación de la legalidad, en la accesibilidad de los locales, se obvie votación tras votación, hasta tal punto de que la mayoría de los candidatos votaron en locales que no cumplían la normativa de accesibilidad. El Foro de Vida Independiente exige a las autoridades autonómicas que se delimiten responsabilidades por la falta de adecuación a la normativa legal vigente en materia de accesibilidad en los locales electorales, que mayoritariamente son públicos y deberían de ser accesibles desde 1982.

El Foro de Vida Independiente hace un llamamiento especial a las autoridades autonómicas y partidos políticos que concurrirán a las próximas elecciones gallegas, vascas y catalanas, para que extremen la comprobación de la accesibilidad de los locales públicos, especialmente la de aquellos que tienen que ser utilizados en futuros comicios. La salud democrática no resiste que las urnas sean sacadas a la calle, ni que los sobres de algunos electores sean recogidos a las puertas de los colegios electorales para encubrir la irresponsabilidad de quienes incumplen la ley y la de los que lo amparan.

Finalmente, el Foro manifesta públicamente su adhesión a cuantas iniciativas legales, especialmente las anunciadas por el Comité Español de Representantes de Minusválidos (CERMI), se emprendan para reparar la discriminación sufrida por Ricardo Abad, una persona invidente a la que se le impidió realizar las tareas de Presidente de mesa electoral, puesto que con los apoyos precisos y los ajustes razonables hubiera podido desempeñar las funciones con total normalidad. No se trata de hacer nuevas normas, como mantiene la Junta Electoral, si no de que se cumpla la legalidad vigente.