EDITORIAL

La Ley de Dependencia se aprobó por las Cortes Generales y entró en vigor a finales de 2006 como una de las grandes apuestas sociales del Gobierno socialista. De hecho, se ha considerado la cuarta pata del Estado del Bienestar, al dar respuesta a una de las principales carencias asistenciales. Tan benéfica era a priori su llegada, que incluso el PP votó a favor y fue una de las pocas leyes aprobadas por unanimidad durante la pasada legislatura.

Sin embargo, pronto se convirtió en arma arrojadiza de la batalla política de determinadas comunidades autónomas del PP contra el Gobierno central, con Madrid y la Comunitat Valenciana en cabeza. Como resultado, los principales perjudicados han sido, precisamente, los más necesitados de las ayudas, que han visto cómo sobre todo en estas dos autonomías se han paralizado las tramitaciones de los expedientes presentados por los afectados. Hasta el punto de que en estos momentos sólo siete personas cobran en la Comunitat la ayuda de 405 euros por cuidador familiar. Por el contrario, Andalucía tiene 3.756 beneficiarios y en el conjunto de España llegan casi a seis mil las prestaciones que ya se abonan. Curiosamente, en otra comunidad del PP, como la vecina Murcia -que tampoco ha hecho casus belli de otras iniciativas como las desalinizadoras-, hay 220 cuidadores que ya cobran la prestación.

Es por eso que el Consell debería abandonar de inmediato su actitud obstruccionista y dar solución a las más de 61.000 solicitudes tramitadas. No son argumentos políticos, sino necesidades sociales.