Un indefenso gorrión llamado Joaquín, por Enrique Rubio Aracil y Mª Ángeles Sierra Hoyos

Nos hacemos eco del caso de Joaquín, un andaluz que tuvo la desgracia de perder una pierna como consecuencia de una negligencia médica y que, desde entonces, vive en permanente combate con la Junta de Andalucía, propietaria de su vivienda, intentando conseguir que ésta asuma sus responsabilidades y cumpla sus propias leyes, adecuando el hogar de Joaquín a su discapacidad funcional, superando las barreras arquitectónicas.

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Un indefenso gorrión llamado Joaquín

por Enrique Rubio Aracil y Mª Ángeles Sierra Hoyos *

Situaciones en las que estas instituciones, jerárquicas y supuestas veladoras de nuestro bienestar social, se convierten en nuestro máximo exponente de discriminación por acción de la desidia y el abandono que nos lleva a la más absurda e innecesaria situación de injusticia. Este es el caso de Joaquín Mora. Un hombre de Huelva con una discapacidad física, producto en su día de una negligencia médica y por la que transita a través de una silla de ruedas y cuyo interminable soporte cruce de negligencias, daría a un buen plumilla para escribir una incomparable novela sobre su situación.

A Joaquín, en su día se le adjudicó, debido a su situación de necesidad, tanto social como familiar y económica, una vivienda de promoción pública, propiedad de la Junta de Andalucía, como así y para estos casos son adjudicadas las viviendas propiedad de las Administraciones Públicas.

Dicha vivienda, por entonces, no reunía los criterios mínimos de accesibilidad. Carece de ascensor, tiene las puertas del domicilio muy estrechas, así como los pasillos, el baño de la vivienda y la cocina son imposibles de ocupar con una silla de ruedas, además de una larga lista de etcéteras.

Lo que significa que desde el día en que Joaquín salió del hospital con una pierna amputada, obligado irremediablemente a permanecer en una silla de ruedas y volvió de nuevo a su casa, de esto ya hace más de 7 años, además de su transformación física, su casa, se convertiría en una penitencia y en su confinamiento más insultante.

Desde entonces viene pidiendo a la propietaria de la casa, la junta de Andalucía, soluciones a su situación y parece ser que dicha propietaria no las encuentra. A lo más que han llegado ha sido a hacerle un informe técnico de la posibilidad, mejor dicho, de la imposibilidad de dotarle de medios que hagan accesible su vivienda e incluso han llegado, suponemos que por eso de lavarse las manos, a ofrecerle como fórmula que compre su propia cárcel y se deje ya de cantinelas.

Ha acudido personalmente y desde los pocos medios de que dispone, al alcalde, al Presidente de la Junta de Andalucía, a varios diputados de los diferentes grupos parlamentarios, a medios de comunicación, a grupos y redes en internet, a abogados, trabajadores sociales, personas amigas de su confianza, al Defensor del Pueblo Andaluz, del que, hasta el momento, ha tenido como respuesta que estudiará su caso, pero continúa encerrado desde hace más de 7 años en su vivienda y sin poder siquiera hacer sus necesidades fisiológicas dentro de su cuarto de baño, al resguardo de su propia intimidad, como cada día lo hacemos cualquiera.

Lo que nos ha llevado a pensar en el tiempo y tras leer el informe que ahora resumiremos, que éste es uno de los casos símbolo de una de las vergüenzas más desvergonzadas que nos ofrece nuestro actual sistema.

1.- Estamos ante un edificio de propiedad pública, adjudicado a una persona, actualmente con discapacidad, para la que es inaccesible. Luego, el que tiene la propiedad tiene que tener la solución, más aún siendo la propia Administración pública y no puede centrar esta solución en que se busque la vida, porque el hecho de que le haya sido adjudicada esa vivienda por la propia Administración pública obedece a que no estamos hablando de ningún rico que pueda cambiar de casa como quien puede cambiar de camiseta.

2.- En el informe, aunque reconoce la posibilidad de llevar a cabo acciones de tipo interno en la casa, para la accesibilidad en baño y cocina, le admiten que es prácticamente inviable en lo que se refiere a espacios comunes, es decir poner ascensor, porque requeriría:

a) Unanimidad de todos los vecinos por cambio de estructura del inmueble.

b) Pasar por todas las cocinas del vecindario para la puesta del ascensor con los supuestos cambios individuales de estructura de todas las viviendas.

c) Invadir un espacio público, lo que requeriría el pertinente permiso y dotación municipal. No vale que le sugieran plataformas elevadoras hasta un segundo piso, como consta en el informe, porque eso es mucho más esclavizante y más inefectivo, ese tipo de artilugios sirven malamente para salvar pocos peldaños, nunca dos pisos, y en la mayoría de casos, está más veces averiado que en uso.

d) Tiempo y costes que dejan en el aire y frente a los que, además, la Administración parece lavarse las manos, cuanto más llegan a la otorgación de subvenciones, si procede, en tiempo y forma.

A Joaquín, como a cualquier otro ciudadano ante un caso de éstos, le avalan, o deberían avalarle, los supuestos articulados de varias normativas y leyes como:

a) La Constitución
b) La Ley de Integración Social de Minusválidos (LISMI)
c) La Ley de Igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad (LIONDAU)
d) La Ley de Igualdad de las personas con discapacidad de la Junta de Andalucía.
e) La normativa de accesibilidad de la Junta de Andalucía
f) La normativa por la que se rigen las viviendas de promoción pública.

Y la fuerza de la razón, además del sentido común y de la voluntad política y administrativa.

Pero no le avalan, no. De bien poco parece que le están sirviendo.

Algunos hemos emprendido, como medida de acción, una protesta solidaria enviando correos electrónicos a la dirección del Presidente de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves, y ni siquiera hemos obtenido respuesta alguna. Quizás, como Joaquín, somos demasiada poca cosa los ciudadanos para ser tenidos en cuenta como perceptores del derecho, del respeto y de la atención que merecemos.

Lo que Joaquín precisa en este caso, no es ni más ni menos que iniciar una simple acción burocrática de permuta de vivienda con alguna de las muchas accesibles de las que dispone la Junta de Andalucía y en las mismas condiciones económicas que ocupa la actual, porque, que sepamos, no está tipificado aún como delito tener una discapacidad, pero sí lo es discriminar a quienes la tienen por razón de estupidez o por cuestión de intereses.

Joaquín sólo ansía poderse encontrar, día a día, en plena calle y con toda la vecindad. Es como un gorrioncillo que se ahoga dentro de su jaula de “oro”, pues no sabe vivir privado de su libertad ni es justo que así sea.

Solución para Joaquín ¡YA!