Presos del abandono político

Miles de enfermos mentales siguen ‘aparcados’ en prisión

Diez años después de que el Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, denunciara en un informe el abandono asistencial que sufren los enfermos

mentales en prisión, a quienes describió como “los marginados entre los más marginados”, la situación empeora día a día. De los cerca de 14.000 reclusos andaluces, 1.120 padecen trastornos mentales graves y otros 5.600 sufren desórdenes leves, una proporción siete veces superior a la del resto de la población. Las prisiones han acabado por sustituir a los antiguos manicomios, pero sin ofrecer tratamiento.

Maribel Mora, abogada de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, lleva 12 años siguiendo de cerca el problema de los enfermos mentales en prisión. “Tras la desaparición de los manicomios con la reforma psiquiátrica de los año

s 80, las personas allí tratadas han ido engrosando las estadísticas penitenciarias y las cárceles se han convertido en almacenes de enfermos mentales”, asegura. Estas personas con trastornos severos de personalidad que han cometido delitos, muchas veces asociados a drogodependencia, no reciben tratamiento en la mayoría de los casos. En muchas ocasiones porque ni siquiera se les ha diagnosticado.

“La mayoría de los enfermos mentales pasan desapercibidos en los procedimientos penales”, afirma la letrada, que responsabiliza en parte a sus compañeros del turno de oficio, que tratan a la mayoría de estas personas, con escasos recursos económicos. “Los abogados de oficio solamente hablan con el cliente justo antes de entrar en el juicio, cuando ya no pueden aportar ninguna prueba, y suelen desconocer por completo sus dolencias o sus circunstancias familiares”, asegura Mora.

A pesar de que la ley contempla numerosas alternativas a la prisión para que el preso con enfermedad mental pueda ser tratado, como las salidas terapéuticas en segundo grado penitenciario, o el control con medios telemáticos, según Mora, “no existen recursos para derivarlos”. Los psicólogos penitenciarios, que forman parte de los cuadros médicos de las cárceles y dependen del Ministerio del Interior, apenas si dan abasto para valorar la peligrosidad potencial del interno dentro de prisión, pero no proporcionan tratamiento, afirma la abogada.

La única solución desarrollada hasta ahora dentro del ámbito penitenciario en Andalucía es el Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla, donde son ingresados los enfermos “inimputables”, es decir, aquellos que no son conscientes de la gravedad de sus delitos ni de cómo los cometieron. A éstos se les impone una “medida de seguridad” en lugar de una pena. El centro dispone de 112 plazas, pero en la actualidad alberga a 180 internos, afirma su director, el psiquiatra José Plaza. “El gran problema es que falla en las prisiones es la asistencia sanitaria paralela. Instituciones Penitenciarias no puede permitirse la atención integral a enfermos mentales en prisiones, que depende del Sistema Nacional de Salud”, considera.

La falta de atención sanitaria mental en prisión se extiende al momento en que el preso es puesto en libertad. En muchos casos, la persona, con su patología agravada, acaba malviviendo en la calle.

Un interno de la unidad psiquiátrica
de la cárcel Sevilla II