(Imagen: Residentes CAMF de Leganés en la I Marcha por la Visibilidad de las personas con Diversidad Funcional)PRIMER INFORME SOBRE LOS DERECHOS DEL COLECTIVO.
El 9% de los españoles presenta algún tipo de diversidad funcional.
Solamente el 1% de este colectivo logra acceder a la universidad.
El 80% de las empresas no cumple la obligación de reservar un 2% de sus plazas.
El documento ha sido realizado en catorce país, concretamente en Alemania, Armenia, Bulgaria, España, Estonia, Finlandia, Grecia, Holanda, Irlanda, Polonia, Reino Unido, Rusia, Serbia y Turquía.
En el caso español, el escrito, además de proporcionar datos acerca del número de personas con discapacidad en España y analizar las leyes existentes en este ámbito, observa distintos aspectos como la vivienda, el empleo, la educación, la comunicación y la accesibilidad, entre otros, mostrando una serie de propuestas para una mayor inclusión del colectivo. «Vivimos en una sociedad donde o caminamos todos o no estamos yendo a ninguna parte», afirma Leonor Lidón Heras, autora del informe en el caso español.
De acuerdo con la Encuesta sobre Discapacidad, Deficiencias y Estado de Salud (EDDES), de 1999, el porcentaje oficial de personas con discapacidad en España asciende al 9%, representado, aproximadamente, a tres millones y medio de personas. «El mayor número lo representan las mujeres, por lo que sufren una doble discriminación», manifiesta Lidón Heras.
La Constitución de 1978 incluye la legalidad de las acciones positivas, la igualdad ante la ley y la prohibición de la discriminación. Además, la legislación existente, tal como la Ley de Integración Social de los Minusválidos de 1982 (LISMI) y la Ley de Igualdad de Oportunidades, no Discriminación y Accesibilidad Universal de las Personas con Discapacidad (LIONDAU) caminan en busca de esta igualdad. Sin embargo, en la práctica, aún se detectan barreras tanto legales como de inclusión, en torno a este colectivo.
Principales barreras
En lo que se refiere a la incapacitación, principal barrera legal existente para este colectivo, el sistema legal español prevé la limitación de la capacidad legal de las personas con discapacidad. «El resultado es que la persona no puede gobernarse por sí misma, en vez de que el sistema se centre en las capacidades que sí que posee esa persona», expresa Lidón Heras. Sin embargo, además de las barreras legales, las personas con discapacidad se encuentran con distintos ámbitos exclusivos en su vida diaria. Entre ellos la accesibilidad, no sólo en sí misma, sino también desde el punto de vista de la vivienda y la comunicación, donde ésta no se cumple en ninguno de los casos.
La educación es otro de los áspectos donde existe una mayor inclusión. Sólo el 1% de los estudiantes con discapacidad llega a la universidad. Además, el 40% de ellos, lo hace a través de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). «Se detecta que el número de alumnos con necesidades especiales en la educación integrada disminuye una vez superada la educación obligatoria», señala la autora del informe.
Por último, en el caso del empleo, el documento muestra que una de cada tres personas con discapacidad es inactiva, existiendo una doble discriminación en el caso de las mujeres. Además, el 80% de las empresas obligadas a reservar un 2% de su plantilla para este colectivo no cumple la medida.
La presentación del informe ha contado además con la participación de Enrique Múgica Herzog, Defensor del Pueblo, Luis Crespo Asenjo, director general de Fundación ONCE, y Mª Luz Sanz Escudero, vicepresidenta del CERMI.
Convención de la ONU
Tras la exposición del documento, el acto ha contado con una mesa redonda acerca del impacto legislativo que tendrá en España la entrada en vigor, el próximo 3 de mayo, de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
La Convención de la ONU, ratificada por España el pasado mes de diciembre, obligará a los más de un centenar de países firmantes a adoptar todas las medidas legislativas y administrativas que sean pertinentes para eliminar toda barrera o restricción que impida a las personas con discapacidad su plena inclusión y participación efectiva en la sociedad, garantizando así los derechos humanos y las libertades fundamentales para el colectivo.
El coloquio ha contado con la participación de distintos expertos en materia de discapacidad y con la moderación de Fernando Fernández-Arias Minueda, director de la Oficina de DDHH del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación.