Capítulo del Libro “Somos una Comunidad”
de Manuel Blanco.
El derecho, y especialmente el derecho social o asistencial más corriente, termina convirtiéndose en una excusa para negar la solidaridad, cuando no en un laberinto interesado o malla mortal en la que enredar a quienes no pueden defenderse ni atacar. De esta forma se convierte en un fetiche, en un ardid para distraer la atención sobre la penosa realidad que afrontan nuestros ancianos, personas con discapacidad y ciudadanos marginados contra su voluntad.
Un ejemplo típico lo tenemos en la negación de prestaciones discrecionales aduciendo el agotamiento del presupuesto. Cuando esto sucede se les ofrece a los damnificados la posibilidad de interponer recursos administrativos o ante los tribunales de justicia. Se sabe que de cada 100 personas a las que se les dirige hacia ese redil, sólo una ínfima parte –que me atrevería a cuantificar en 5, o menos- reúne la suficiente voluntad, conocimientos y medios personales o económicos para resistirse, interponiendo las debidas demandas. Quienes superan esa terrible barrera, todavía han de soportar el desierto del retraso en la resolución de sus recursos y la cadena montañosa de los posteriores y sucesivos recursos interpuestos por la Administración. El resultado final es que bastantes de los escasísimos ciudadanos que pueden soportar ese vía crucis obtienen una respuesta positiva de los magistrados, normalmente porque el presupuesto está mal confeccionado –necesidad de articular créditos ampliables o de solicitar créditos extraordinarios-, o porque no se motiva adecuadamente la preferencia de otros beneficiarios sobre el recurrente. Pero esto sólo se consigue al desolador precio de ser muy pocos los que logran superar todas las trampas y obstáculos.
Los gobiernos saben que cuentan con esta despiadada arma disuasoria. Ofrecen derechos intangibles de impecable aspecto porque cuentan transformarlos en escasos derechos tangibles, materiales, contantes y sonantes. Los dan por descontados. El problema es que tras esa infame cuenta estadística hay ciudadanos abandonados a su suerte, personas de carne y hueso olvidadas en una esquina. Nuestro deber ético es sacarlas de la oscuridad, hacerlas visibles e incluso molestas para quienes no quieren ni verlas, ocupados en menesteres secundarios y lúdicos.
El error es seguir el juego. Los ciudadanos con carencias –discapacitados severos, ancianos con demencias, personas con enfermedades huérfanas, singulares o mal llamadas “raras” …- están desorganizados o muy pobremente organizados, de forma atomizada y resignados a soportar la dádiva asistencial. Ellos y sus familias no pueden hacer más, y de eso se prevalen gestores sin escrúpulos para ignorarlos, atendiendo preferentemente a quienes menos lo precisan pero que están organizados, tienen capacidad de presión y retorsión, o simplemente hacen ruido para mantener el statu quo o mejorarlo en su beneficio corporativo o grupal.
Una forma de no seguir el juego es responderle a la Administración que si no tiene recursos para atender debidamente a un anciano, a un adulto huérfano con síndrome de Down o autismo, a un obrero tetrapléjico, a un joven con esclerosis o impedido a causa de un maldito accidente de circulación, puede buscar en otro cajoncito donde sí hay recursos, sea del mismo departamento o del vecino, de la misma Administración o de la contigua, porque las ficciones jurídicas, ni siquiera las iuris et de iure o plenas, no pueden ocultar que el poder fiscal originario es único y nace del mismo poder constituyente.
Puede mostrársele que sí, efectivamente, hay recursos financieros, aportando para ello recortes de prensa donde señores que sólo buscan una fotografía que rezuma vanidad inauguran unas jornadas banales, cortan la cinta de instalaciones redundantes o reconocen que otras están mal ejecutadas o que no han respondido a las expectativas. Un ejemplo: dotar de césped artificial a un campo de fútbol vecinal, destinado a muchachos fornidos y sanos, más otras adaptaciones complementarias ronda los 600.000 euros por unidad. A cualquier persona decente y cabal se le ocurren cientos o miles de prioridades vitales que cabría atender con indiscutible preferencia, como por ejemplo garantizar asistencia psiquiátrica en condiciones dignas, o no escatimar pañales para adultos encamados, que se consumen en sus orines porque se les tasan.
A la autoridad competente se le podría decir:
“Acuso recibo de su negativa a prestar asistencia vital a D./Dª … Sepa que haremos lo posible para recurrir su decisión, aunque a usted no le preocupe porque los recursos se tardarán años en resolver y, probablemente, para entonces ya disfrute usted de otro destino. Pero sepa también que recursos económicos sí hay, sobre todo si usted, sus superiores o colegas, se esfuerzan en movilizarlos. Como prueba de que esto es cierto le adjunto copia de su fotografía inaugurando un seminario circunstancial, cuyo coste organizativo se estima en más de XX.XXX euros, aportados bajo su orden y autorización. También le adjunto copia de la fotografía de su colega de gobierno en el acto de concesión de ayudas para gente sin impedimentos y con medios. Si precisa más pruebas de que sí hay recursos financieros que usted me niega con tecnicismos y ficciones jurídicas, puedo aportarle más. De hecho se las seguiré remitiendo todas las semanas, y luego a diario, con la ayuda de otros ciudadanos que también creen que se nos engaña con tecnicismos diseñados a tal fin. Recuerde que la vida y la dignidad de las personas prevalecen sobre el ornato, el boato y la pompa. Suyo, atentamente …”.
La perseverancia es el valor de quienes nada tienen que perder. Esta técnica de no dejar pasar una, de evidenciar el engaño estructural en todas las ocasiones en que se manifiesta, terminaría por derruir los muros de cinismo que intentan mantener el statu quo pergeñado por diferentes grupos de presión e interés. El Estado de Derecho, por fortuna, nos ofrece múltiples mecanismos para que el derecho no sea un mero fetiche. Nosotros debemos proporcionar la energía para que esa gran maquinaria se ponga en marcha siempre que se coloquen en segundo lugar los derechos preferentes de quienes se encuentran más desamparados.
Manuel Blanco es miembro del Foro de Vida Independiente.