Sólo superada por Baleares, la Comunidad Valenciana se encuentra a la cola en el nivel de aplicación de la Ley de Dependencia, según los últimos datos publicados por el Imserso a través del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, que el sindicato CC OO califica de “triste realidad” en un informe realizado a partir de los datos oficiales.

A fecha 5 de mayo, la Comunidad sólo ha realizado 6.996 dictámenes o resoluciones de grandes dependientes -valoración y prestación de servicio autorizado-, de las 10.163 solicitudes recibidas en el máximo grado de dependencia, pese a que la estimación de personas con gran dependencia es de 20.483 en el territorio autonómico, por lo que sólo un 34,2% de la población estimada está recibiendo dichas prestaciones. Además, sólo el 49% de la población considerada como gran dependiente ha conseguido formalizar su solicitud para que le sea reconocida su situación.

Por otro lado, de las 6.996 prestaciones reconocidas a grandes dependientes, en su gran mayoría -6.415- se han dirigido a la atención residencial, es decir, “se han homologado las plazas cubiertas por bono-residencia o accesibilidad”, otras 546 han sido de centros de día y sólo 35 -el 0,31% del total- han ido destinadas a prestaciones para cuidadores familiares, frente a las 7.377 de Andalucía o las 948 del País Vasco. Tampoco se ha concedido ninguna prestación en teleasistencia, ayuda a domicilio, ni de asistente personal, mientras que hay concedida una prestación vinculada al servicio, estas últimas figuras que , a juicio de CC OO, deberían potenciarse frente al cuidador familiar, dadas las necesidades de atención que los grandes dependientes requieren.

El sindicato denuncia el retraso en la regulación autonómica de la ley y la escasez de profesionales contratados para gestionar las solicitudes, “altamente insuficientes” y reclaman la disposición de los medios necesarios para atender y reconocer los derechos de las personas dependientes y sus familias.

Por otra parte, el Observatorio Valenciano para la Dependencia ha denunciado la “ineficaz gestión” del Consell en el desarrollo de la ley, así como la “presión injustificada” a la que la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa) “somete a los solicitantes” en el proceso administrativo, tras indicar que les requiera “hasta dos y tres veces documentación presentada ya” o que se les cite por teléfono.

En Alicante, la diputada autonómica de Compromís Mireia Mollà y el coordinador de Iniciativa en Alicante, Ismael Vicedo, presentaron ayer una campaña contra el bloqueo de la Ley de Dependencia, consistente en presentar mociones en ayuntamientos y recogida de firmas para desbloquear la ley que afecta a 280.000 personas y sus familias en la Comunidad.