La Consejería de Transportes y Obras Públicas de la Junta de Andalucía sigue sin mover pieza en el caso de Joaquín Mora, un ciudadano de Huelva, en silla de ruedas, que habita en una vivienda propiedad de la Junta de Andalucía, inaccesible tanto en sus interiores como en las instalaciones comunes por carencia de ascensor y que bien poco parece importar a conciencias políticas y administrativas de primer orden, cuando siguen aplazando el tiempo de silencio y de inoperancia, para darle una solución acorde a sus necesidades y las de su familia.

109 diputados parlamentarios han sido requeridos en varias ocasiones por ciudadanos de todo el territorio español, en señal de apoyo y solidaridad, para que se adopten las oportunas medidas que lleven a la digna solución que Joaquín Mora y su familia se merecen y puedo corroborar, porque yo soy una de esas ciudadanas que afirma que no solo no ha habido preocupación, sino que tampoco ha habido respuestas.

Un Defensor del Pueblo Andaluz, también requerido a instancias de este hombre, que se ha lavado las manos del caso, sin contrastar los argumentos, -curiosamente contradictorios-, ni las diferentes circunstancias reales de ambas partes, que alcancen a dar con la solución que la situación se merece.

Escuchar a nuestra Vicepresidenta decir, ante el caso de Coslada, que aborrece el abuso de poder, pero que lo importante es que se ha demostrado que el Estado de Derecho funciona, me ha dejado anonadada. Porque la única forma que hace que nuestro estado de derecho funcione, parece que ser que se produce, después de que son irremediables numerosas tragedias humanas.

Mientras la policía de Coslada tras 20 años de reiterados abusos contra la población a la que tenía amedrentada, permanece al fin, -debido al patético ritmo del Estado de Derecho-, cesada y detenida, una no deja de preguntarse cuántas injusticias y situaciones de abuso contra la población se tienen que producir para que nuestras instituciones se rijan por el cumplimiento del deber y nuestros políticos detengan en su verdadero objetivo, la calidad ciudadana, su irresponsable mirada.

Me gustaría que a Joaquín Mora le dieran solución a su dramática situación, porque no puede ser humanamente fácil vivir cautivo en su casa, ni disponer de recursos para libremente abandonarla. Pero una vez más, me temo que se habrá de convertir en el ciudadano XYZ, víctima del Estado de Derecho, para que quizás, un día y para complacencia de nuestros políticos, éstos puedan demostrar que el Estado de Derecho funciona y así lavar sus ya perdidas miradas.

¡Qué pena me da esta España!