La Síndic considera “lamentable” el balance de la gestión de la Dependencia

Cotino dice que se atienden a 149.000 personas con necesidad de atención

Los resultados de la gestión de la ley de la Dependencia llevada a cabo por parte de la Generalitat son “lamentables”, según el informe elaborado de oficio por la Sindicatura de Greuges sobre la implantación de esta norma en la Comunidad Valenciana.

La Síndic hilvana el documento con una sucesión de críticas que se centran en la organización y la estructura diseñada por la Administración valenciana para la puesta en marcha de las ayudas. Sin olvidar la gestión de las mismas, aspecto al que se refiere como “uno de los problemas más graves detectados”.

“El número de profesionales que están aplicando [la ley] es insuficiente y con formación y experiencia dudosa”, destaca la responsable de la institución, Emilia Caballero. Pero además, subraya “irregularidades” tanto debido al “incumplimiento de los plazos legalmente establecidos”, como en la “deficiente instrucción del procedimiento” de muchos de los peticionarios de subvenciones. Esta última cuestión la ilustra con el hecho de que meses después de haber sido presentadas las solicitudes “se requiere a los interesados a subsanarlas mediante la aportación de nuevos documentos, y no solo una vez, sino varias veces el mismo”.

Además, el documento censura que se haya “ignorado absolutamente” la participación de los servicios sociales municipales, lo que “infringe” tanto la Ley de Servicios Sociales valenciana como la propia ley de la Dependencia al no dar participación a las entidades locales en la gestión del servicio.Pese a haber encargado a la empresa pública Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa) el desarrollo, puesta en marcha, y ejecución de las medidas destinadas a extender los beneficios de la ley, para la Sindicatura “no existe como tal un sistema valenciano de atención a la autonomía personal y a la Dependencia”.

Es necesario que se defina “con mayor claridad” el papel de Avapsa “del que desconocemos los términos de la encomienda de gestión que se le ha hecho”, expone. Uno de los graves problemas identificados es que la firma funciona como ente separado, al margen de la red de servicios sociales de la Consejería de Bienestar Social.

Precisamente, la falta de relación entre estas dos estructuras “hace que no haya un verdadero catálogo de recursos” para los beneficiarios, “existiendo duplicidades, exclusiones y confusión”, como cuando aparecen las plazas para maltratadas entre las actuaciones relacionadas con la dependencia.

La Síndic alude a la necesidad de una estructura provincial que acerque la gestión a los municipios y de potenciar la red local existente para dar coherencia y crear una verdadera estructura valenciana.

El documento concluye con el reconocimiento de que algunos de los déficits apuntados “no solo se dan en la Comunidad Valenciana”, acompañado de una lista final de recomendaciones: regulación del procedimiento de urgencia, definición de perfiles profesionales o incremento de plazas residenciales y en centros de día para discapacitados físicos, entre otras.

Por otra parte, un centenar de colectivos alzaron ayer la voz en contra de la maniobra impulsada por el PP para relevar a Emilia Caballero. La medida es “absurda” y “un fraude de ley”, en opinión de Jaume Esteban García, presidente de Acció i Reflexió Ciutadana per València y coordinador de la campaña.

El vicepresidente de Bienestar Social, Juan Cotino, destacó ayer que el Consell atiende a 149.000 personas a través de distintos recursos sociales incluidos en la ley de Dependencia. Tras reunirse con organizaciones que representan a discapacitados en Castellón les transmitió la necesidad de obtener del Estado financiación suficiente para garantizar las ayudas.