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Denuncian que las solicitudes de
dependencia incumplen la ley al pedir
datos de la familia
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El Foro de Vida Independiente recomienda que no se aporten cifras económicas de personas diferentes al propio solicitante
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Pilar G. del Burgo, Valencia
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El Foro de Vida Independiente ha recomendado a los usuarios que se quieran acoger a las ayudas de la Ley de Dependencia que no aporten datos ni autorización alguna para acceder a la información económica de personas distintas al propio solicitante, ya que este extremo, que se incluye en las instancias de la Generalitat Valenciana, es contrario al propio texto legal.
De hecho, la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia establece que la atención a las personas dependientes es un derecho subjetivo y que, por lo tanto, lo único que determina el acceso a los servicios y prestaciones son las condiciones personales del solicitante, no las del resto de la unidad familiar, como obliga la Comunidad Valenciana y otras autonomías.
De hecho, en el apartado “D” de la instancia, la Administración pide al solicitante que autorice expresamente a la Conselleria de Bienestar Social, “a obtener de forma telématica los datos económicos obrantes en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y en la Administración de la Seguridad Social tanto del propio solicitante de la ayuda como del resto de miembros de la unidad familiar, a efectos de reconocimiento, seguimiento y control de las prestaciones económicas y servicios derivados de la situación de dependencia, con el fin de que se proceda a su cálculo y de acreditar los requisitos para su reconocimiento”.
Coacción a los dependientes
Posteriormente, y a pie de impreso, se indica que los datos de carácter personal reflejados podrán se incluidos en un fichero para ser tratados por el órgano administrativo.
Fuentes próximas del Foro de Vida Independiente han indicado que con esta cláusula “se coacciona a la persona dependiente y a sus allegados, al obligar a los familiares a autorizar el acceso a los datos de carácter personal”. Al firmar esa autorización, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), de gestión privada, tendría acceso a los datos económicos de todas las personas que integran la unidad familiar del solicitante, bien serán éstos los padres, hijos o cónyuge. Que no se aporten datos
El Foro de Vida Independiente ha manifestado, asimismo, su preocupación ante el hecho de que para determinar la capacidad económica y patrimonial de los beneficiarios varias las comunidades hayan publicado órdenes que establecen que esa capacidad económica hay que interpretarla como la de la unidad familiar. Y aunque en la Comunitat Valenciana no exista una normativa expresa, en las instancias se pide la autorización expresa para acceder a esos datos. Por otra parte, la Conselleria de Bienestar Social omitió pronunciarse ayer respecto a la denuncia realizada por el Cermi de las coacciones que se ejercen contra las solicitantes de las ayudas al hacerles firmar cuantías distintas a las solicitadas.
Posteriormente, y a pie de impreso, se indica que los datos de carácter personal reflejados podrán se incluidos en un fichero para ser tratados por el órgano administrativo.
Fuentes próximas del Foro de Vida Independiente han indicado que con esta cláusula “se coacciona a la persona dependiente y a sus allegados, al obligar a los familiares a autorizar el acceso a los datos de carácter personal”. Al firmar esa autorización, la Agencia Valenciana de Prestaciones Sociales (Avapsa), de gestión privada, tendría acceso a los datos económicos de todas las personas que integran la unidad familiar del solicitante, bien serán éstos los padres, hijos o cónyuge. Que no se aporten datos
El Foro de Vida Independiente ha manifestado, asimismo, su preocupación ante el hecho de que para determinar la capacidad económica y patrimonial de los beneficiarios varias las comunidades hayan publicado órdenes que establecen que esa capacidad económica hay que interpretarla como la de la unidad familiar. Y aunque en la Comunitat Valenciana no exista una normativa expresa, en las instancias se pide la autorización expresa para acceder a esos datos. Por otra parte, la Conselleria de Bienestar Social omitió pronunciarse ayer respecto a la denuncia realizada por el Cermi de las coacciones que se ejercen contra las solicitantes de las ayudas al hacerles firmar cuantías distintas a las solicitadas.