La Ley de Dependencia establece que todas las personas discapacitadas, así como aquellas otras que les prestan cuidados, recibirán una ayuda económica por parte del Gobierno para su mejor integración en la sociedad. En el encuentro se informó que el 27 de junio se envió una segunda carta a Juan Cotino, Conseller de Benestar Social, para que éste les recibiera y poder presentarle las protestas con tal de que los grandes dependientes sean valorados.

Sin embargo, la contestación de Cotino fue «un silencio administrativo negativo» que ha provocado que el Defensor del Pueblo recurriera al Tribunal Constitucional, cuyo veredicto está pendiente. Los defensores argumentaron que «el Gobierno del señor Camps quiere dejar sin derechos a todas las personas dependientes que presentaron solicitudes a partir del 1 de enero de 2008».

Critican también que «el Gobierno valenciano está realizando notables gastos con los grandes eventos demostrando una notable insensibilidad con las situaciones límite de miles de familias», en relación a la millonaria inversión de la America’s Cup y a la cercana Volvo Ocean Race.

A la espera de una contestación, los representantes hicieron propuestas de actuación que tienen pensado realizar a partir del verano, que concretarán en la reunión que ya tienen convocada para el 27 de septiembre.