Tal como recordó ayer la conselleria de Educación, fue el colegio del niño -el Santa Ana- el que interpuso el recurso de alzada que ha motivado la suspensión cautelar contra la que protesta la familia. También adelantaron las mismas fuentes que mañana miércoles la conselleria dictará “a través de la Secretaría Autonómica una resolución definitiva sobre la atención domiciliaria del alumno”.

Mientras esto ocurre, Ricardo Quesada permanecerá acampado ante las puertas de la conselleria de Educación en una huelga de hambre “por una educación digna” que comenzó ayer a las 11 de la mañana acompañado por su esposa Mari Carmen.

Ricardo aseguró que el colegio católico y concertado al que acude su hijo está poniendo “trabas” en su escolarización porque “no quieren a niños con minusvalía”. Por ello, señaló que la dirección del centro escolar recurrió las 18 horas que tiene asignadas el menor y las redujo a 15 horas por semana “como medida cautelar”.

El padre aseguró que el Santa Ana pretende mermar la educación de su hijo y así acreditar una evaluación negativa del niño, que tendría que abandonar este centro concertado e ir a un colegio de educación especial en Cheste.

Aunque ayer la conselleria no quiso adelantar si la resolución definitiva apoyará la postura de los padres (18 horas semanales) o la del colegio (15 horas), sí que destacó en un comunicado que Richard “recibe desde inicio de curso más horas de clase a domicilio de lo que establece la norma”. “Mediante Resolución de 29 de octubre de 2008, se autorizaron 15 horas semanales de atención domiciliaria para el mencionado alumno. Cabe recordar que esta atención domiciliaria va destinada a apoyo pedagógico para el alumno, no se trata de una atención asistencial como parece entender la familia”. Educación no menciona que ocho días después de aquella resolución público otra que modifica los criterios de la anterior y amplía el número de horas a 18.

Respecto a la huelga de hambre, la conselleria subrayó que “se evidencia que en este caso se dan unas circunstancias personales y familiares que la Conselleria no entra a valorar”.