En algunos casos la solicitud está correcta pero el usuario no tiene derecho a prestación. Esa es otra de las razones que llevan a descartar una petición de la Ley de Dependencia. “Los enfermos de fibromialgia no estamos contemplados en la ley. Soportamos mucho dolor pero, normalmente, nos valemos por nosotros mismos, con lo que no se nos considera dependientes”, lamentan desde la Asociación valenciana de afectados por esta dolencia.
Tampoco están reflejados como beneficiarios de la ley quienes padecen fatiga crónica, ni determinados casos de esclerosis múltiple. Además, según apuntaron desde la Federación de discapacitados físicos de la provincia de Valencia, “tampoco pueden pedir la ayuda quienes tenga una minusvalía inferior al 33%. Y las personas mayores han de tener lo que llamamos un brote porque sino se considera que están bien y no pueden recibir la ayuda”.
Demasiados obstáculos
Lo cierto es que los dependientes se quejan de que se enfrentan a numerosos obstáculos para gestionar las solicitudes. Para Dolores, una valenciana con un hijo con el 95% de minusvalía por culpa de un accidente en un ascensor, la petición de la ayuda para la Dependencia ha resultado un auténtico calvario.
“He tenido que presentar papeles tres veces. Primero me dijeron que me faltaba la declaración de representante jurídico legal, como tutora. Varios meses después me llamaron para pedirme otro papel, el de acceso a los datos económicos. Pese a haberlo presentado, volvieron a llamarme al cabo de otro periodo largo de tiempo para pedírmelo. Les dije que ya lo había entregado”, explica indignada esta mujer a cuyo hijo, David, le valoraron como dependiente de grado III nivel I. Está postrado en una silla de ruedas y no puede hacer nada sin ayuda de otra persona.
Ha pasado un año y diez meses desde que Dolores pidió la subvención de la nueva ley y aún no ha recibido una respuesta. Tampoco tiene esperanzas de que la espera tenga un final feliz. “Como mi hijo va a un centro de día me dijeron que eso era incompatible con la ayuda económica que yo solicité. Dicen que lo máximo que pueden hacer es pagarme el importe del centro. Pero esa no es la solución. Mi hijo no va a poder trabajar en su vida y necesito ese dinero”, lamenta esta madre valenciana, que tuvo que dejar su trabajo para dedicarse al cuidado de su hijo cuando este tuvo el accidente, hace nueve años.
El martes, el Gobierno central anunció la distribución de los fondos estatales para este año: sólo 26,4 millones de euros para la Comunitat. Además, la nueva ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, anunció un reparto de la financiación que favorece a las comunidades autónomas que más dependientes hayan atendido a fecha de 1 de abril. Este criterio se ha empleado para el 20% de la cuantía. La Comunitat se encuentra a la cola de dictámenes (con un 0,64% en relación a la población total).
El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, aseguró ayer que no se trata de “castigar a nadie con la asignación de recursos para llevar a cabo la Ley de Dependencia, sino de primar a las comunidades autónomas que más y mejor están aplicando esta norma, porque tienen más gasto”.