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Day: mayo 15, 2009
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¡¡¡Camps, fot el camp!!!
ANÁLISIS
Cuestión de dignidad
Después de que dos magistraturas, la Audiencia Nacional y el TSJ, hayan visto indicios de delito en el caso de los trajes, Camps debería defender su inocencia sin el manto de presidente de la Generalitat.
JUAN R. GIL
Francisco Camps se convirtió ayer en el primer presidente de la Generalitat Valenciana llamado a declarar como imputado por el Tribunal Superior de Justicia en relación a un presunto caso de corrupción. Sin duda, es la noticia más grave desde que en 1983 se celebraron los primeros comicios para constituir las Cortes de esta nueva etapa democrática y que sus diputados eligieran un jefe del Consell. Más de un cuarto de siglo después, el Gobierno autonómico vive su peor momento. Ni cuando Rafael Blasco fue sometido a escuchas y acusado de obtener beneficios de planes urbanísticos siendo el socialista Joan Lerma presidente, ni cuando Luis Fernando Cartagena fue imputado por quedarse con dinero de unas monjas y eludir al Fisco con cuentas opacas bajo el mandato de Eduardo Zaplana, la Generalitat Valenciana se había visto en una situación tan lastimosa.
El presidente Camps ha venido defendiendo su inocencia desde que se conoció que una investigación más amplia del juez Garzón sobre una trama de corrupción había puesto sobre la mesa, entre otros, su nombre. Tantas veces como Camps ha negado cualquier relación con los principales actores de esa red de tráfico de favores e influencias o con sus empresas, tantas veces como lo ha desmentido, digo, la contundencia de los datos le ha dejado en evidencia. Rasgarse las vestiduras porque diariamente el sumario, supuestamente secreto, se haya ido filtrando, puede ser humanamente comprensible, políticamente razonable y jurídicamente conveniente. Pero en todo caso no desvirtúa los hechos. Camps fue acusado de recibir regalos de una sociedad llamada Orange Market, gestionada por un personaje de mal nombre «Bigotes». El presidente negó, nada menos que bajo el artesonado del Palau la primera vez, y en sede parlamentaria las siguientes, haber aceptado los trajes que se decía que le habían dado, así como conocer ni al Bigotes ni a su empresa. Pero en el curso de la investigación de este lamentable asunto han aparecido facturas y apuntes contables que indican que los trajes fueron encargados, realizados, regalados y recibidos; conversaciones que muestran, más allá del ridículo tono en que se desenvuelven los interlocutores, que Camps no sólo conocía al Bigotes, sino que éste era su «amiguito del alma»; y contratos que prueban que desde que Camps llegó a la presidencia de la Generalitat el Consell ha estado contratando con Orange Market todo tipo de trabajos, en su mayor parte burlando las disposiciones legales que rigen este tipo de adjudicaciones y convirtiéndose, en la práctica, en la principal fuente de ingresos y motivo mismo de la existencia de la citada empresa, a la que de momento se le han contabilizado más de ocho millones de euros de ingresos procedentes del Gobierno autonómico. Ninguna, y créanme si les digo que no es plato de gusto referirse así a un presidente elegido en las urnas por una mayoría de los ciudadanos de esta Comunidad, ninguna de sus afirmaciones en este caso se ha sostenido en pie más de un día. Baste, como último ejemplo de los muchos que podrían citarse, la imagen de Camps asegurando en las Cortes que estaba «loco» por comparecer ante el tribunal y poder explicarse: menos de 24 horas después se conoció que lo que en realidad había hecho era presentar un recurso para que se declararan nulas todas las actuaciones y, por tanto, se diera carpetazo sin más al asunto.
Todo lo contrario. Si Camps dijo también un día en el Parlamento que este caso iba a ser largo, se ha encontrado con la sorpresa de que va tan rápido que le va a obligar a declarar a las puertas mismas de una campaña electoral, tal como hace ya una semana adelantó en estas mismas páginas mi compañera Mercedes Gallego. Si el PP alardeaba en su día, y no precisamente en voz baja, de que el TSJ estaba bajo su influencia e iba a archivar sin más el sumario, lo que ha ocurrido es lo que no se esperaban: que los magistrados, encabezados por el ponente, José Flors, se han tomado en serio la investigación y han decidido avanzar en ella. Cuál sea el resultado final, aún se desconoce. Pero hoy por hoy, si Camps está en sus horas más bajas, hay que reconocer que el crédito del TSJ está, por contra, en su punto más alto.
Se había escrito aquí, ya hace tiempo, que la situación del presidente era insostenible. Desde ayer, más que insostenible es imposible. El máximo representante de los ciudadanos no puede ser alguien bajo sospecha, sometido a investigación y que va a tener que soportar el interrogatorio de un juez. Pero es que, y eso es lo sustancial, la imputación se produce después de que dos magistraturas tan distintas como distantes, el juez Garzón de la Audiencia Nacional, primero, y la sala de lo Penal y lo Civil del Tribunal Superior de Valencia, después, hayan concluido que de las pruebas aportadas por los investigadores se deducen indicios suficientes de delito en la actuación no sólo del presidente de la Generalitat, sino también de su mano derecha, número dos del PP en esta Comunidad y portavoz del partido del gobierno en las Cortes, Ricardo Costa.
Políticos y periodistas utilizamos sin sentido alguno de la medida el calificativo de «histórico», aplicado las más de las veces a situaciones que ni por asomo merecerían definirse así. La decisión del TSJ, primero no archivando la denuncia contra Camps y ayer citándolo a declarar como imputado sí que es, en el más estricto sentido del término, histórica. Y a una decisión histórica sólo puede responderse con otra que esté a su altura. Camps mismo apeló, cuando comenzó este proceso, a la dignidad y el honor de la institución que preside. Llegados a este punto sólo le queda aplicarse el cuento y por la dignidad, el honor, el buen nombre y el respeto que la Generalitat se merece, presentar de inmediato su renuncia al cargo.
- Valencia | hace 6 minutos | comentarios |
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EFE
El diputado autonómico socialista Antonio Torres ha acusado hoy al president de la Generalitat, Francisco Camps, y al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, de haber "traicionado miserablemente" a los dependientes valencianos por tardar una media "de 19 meses" en resolver sus solicitudes.
Torres ha preguntado en el pleno de Les Corts Valencianes a Cotino si su Conselleria iba a adoptar alguna medida que posibilite a los familiares de los dependientes valencianos ya fallecidos la percepción de las prestaciones económicas a las que tenían derecho.
Al respecto, el conseller y vicepresidente tercero del Consell ha contestado que el Gobierno central debe 50 millones de euros a la Generalitat de la transferencia para la aplicación de la Ley de Dependencia prevista para el pasado año, y ha pronosticado que a finales de este año la deuda alcanzará los 90 millones.
Además, ha asegurado que la verdadera "preocupación" de los socialistas valencianos en relación a este tema es "buscar personas" para "subirlas al autobús" y venir a Valencia para hacer una manifestación "en contra de la Dependencia", ha concluido.
Torres ha lamentado que la oposición no pueda tener "jamás" una "respuesta ni un compromiso" del conseller de Bienestar Social cuando es cuestionado sobre la aplicación de Ley de Dependencia.
Según ha dicho, el "retraso o inaplicación" de la misma se debe "exclusivamente" a la "incompetencia y a la mala fe" de la Conselleria, ya que, según las estadísticas del Gobierno, la Comunitat Valenciana "sólo tiene reconocido el 4,8 por ciento de las solicitudes realizadas, ni la mitad de lo que correspondería".
El diputado socialista asegura que el Gobierno valenciano "está tardando más de 19 meses en resolver las solicitudes, justo el triple de lo que establece la normativa".
"Han metido a los dependientes en un callejón sin salida. Impiden las ayudas ordinarias, y cuando mueren sus familiares no se les concede ninguna ayuda", ha argumentado.
Torres ha recordado que según el último decreto al respecto del Gobierno, cuando "sea por culpa de la Administración autonómica" no se pagarán aquellos expedientes cuya tramitación exceda el año de demora, lo que hará a la Generalitat "perder cantidades ingentes de dinero" que, según ha criticado, luego querrá achacar al Ejecutivo central.
El próximo día 19 de mayo (martes) celebramos un acto en la sede de Comisiones Obreras con motivo de las Elecciones al Parlamento Europeo. Te adjunto un fichero con el cartel del acto por si puedes ayudar a su difusión.
Ni que decir tiene que estas elecciones se celebran en el momento más agudo y profundo de una crisis económica, que es la crisis del modelo capitalista, que golpea esencialmente a los trabajadores y trabajadoras que no han tenido ninguna responsabilidad en la generación de la misma, pero son sus víctimas principales en forma de paro, exclusión y desesperanza.
Desde la izquierda, sin embargo, decimos : "HAY SALIDA A LA CRISIS, HAY ESPERANZA".
Eso es lo que queremos transmitir en el acto del martes en Comisiones Obreras a partir de las 19 horas.
Te invitamos a acompañarnos .
José Antonio Fernández Cabello
Como veréis en el cartel adjunto, el martes 19 de mayo, tenemos un importante acto en la sede de CCOO en Alicante (Avda….. Salamanca, 33 ).
Participan
WILLY MEYER
eurodiputado y cabeza de lista de la candidatura de Izquierda Unida al Parlamento Europeo
ESTHER LÓPEZ
candidata de EUPV al Parlamento Europeo
Nos hablaran de como "Combatir los efectos de la crisis desde Europa"
Como nuestras vidas se ven afectadas por las directivas Europeas y que propuestas tenemos desde EUPV para cambiar "La Europa del Capital" por la "Europa de los ciudadanos".
No dejéis de asistir y difundir el Acto a todos los comités de Empresa con los que estéis relacionados .
El acto tiene carácter Provincial y necesitamos tu presencia
Un saludo
Mari Ángeles Martínez Esplá
(Coordinadora de campaña Comarcas del Sur)
El coche de Montse, el pasado lunes. (Imagen: M.S.)
- El minusválido puede aparcar sin comprobante en zona azul o verde.
- Montse dice que los agentes de Barcelona desconocen esta norma.
- Ha tenido que recurrir hasta ocho multas en un año.
MAICA LÓPEZ. 13.05.2009
Este año, los vigilantes de zona azul y verde de Barcelona han impuesto ocho multas a una minusválida. "Señor agente: soy minusválida, no me multe. Gracias. (Evítese la multa y evíteme hacer el recurso)". Al texto le sigue la transcripción del decreto 97/2002, de 5 de marzo, que autoriza a las personas con disminución y tarjeta de aparcamiento a estacionar su vehículo "sin limitación de tiempo y sin comprobante".
Montse sabe que el recurso lo tiene ganado de antemano
Éste es el cartel que, plastificado, luce Montse desde hace algunos días en su coche, junto a una tarjeta de aparcamiento de la Generalitat para personas minusválidas. Y es que en lo que llevamos de año, ha tenido que recurrir ocho multas que le ha impuesto en Barcelona por estacionar su coche en zona verde o azul. La última, el pasado lunes.
Montse sabe que el recurso lo tiene ganado de antemano. "Pero es agotador, me hacen perder tiempo y dinero. Cada vez que me ponen una multa tengo que hacer una copia, fotocopiar la tarjeta, ir a Correos y enviar una carta certificada al Instituto Municipal de Hacienda", se quejaba ayer la conductora a 20 minutos.
Basta ya de acoso y discriminación a los minusválidos
Montse lamenta la "ineptitud o mala leche" de algunos agentes que "desconocen" la norma y la multan casi cada día que va a trabajar en coche. Y ha impuesto una queja formal al responsable de movilidad del Ajuntament. "Basta ya de acoso y discriminación a los minusválidos", solicita.
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¿Qué doctrina debe aplicar ahora el PP a Camps?
- Francisco Camps ha sido imputado por el TSJV y tendrá que declarar el 19 de mayo
- El Partido Popular alabó a los militantes que dimitieron tras ser imputados
- De momento, se puede hablar de tres raseros: el de alcaldes, diputados y presidentes
- Los ‘populares’ han manifestado su apoyo a Camps y piensan mantener su militancia
Archivado en:
corrupción, justicia, política, comunidad valenciana, camps, pp, álvaro llorca, tribunales, operacion gurtel
Por ÁLVARO LLORCA (SOITU.ES)
Actualizado 14-05-2009 20:25 CET
Finalmente, el juez del Tribunal Superior de Justicia de Valencia que lleva el ‘Caso Gürtel‘ ha decidido imputar al presidente de la comunidad, Francisco Camps, junto al número dos regional, Ricardo Costa, y otros cargos del Partido Popular valenciano. El presidente tendrá que declarar el próximo 19 de mayo para explicar su presunta relación con la trama de corrupción liderada por Francisco Correa, de la que pudo haber recibido miles de euros en trajes a cambio de contratos. Pero antes deberían responderse algunos interrogantes: ¿debe dimitir Camps? ¿Cuál debería ser la reacción del partido?
(EFE)
Finalmente imputado.
Desde luego, tras la imputación de hoy, el debate sobre la pertinencia de su dimisión se agudizado de forma notable, y ya llueven las voces políticas que exigen su abandono del cargo. Y es que se han derrumbado de golpe los dos principales argumentos que los ‘populares’ utilizaban para defender la inocencia del dirigente territorial.
- Por un lado, el Partido Popular consideraba que la instrucción no era más que una persecución del juez Garzón, como ya hizo notar en su día Soraya Sáenz de Santamaría, al poner “en cuarentena cualquier decisión de este juez”. Pues bien, ahora el Partido Popular cuenta con una segunda opinión, la cual confirma, en forma de imputación, los males que ya diagnosticó el titular del juzgado número cinco de instrucción de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.
- Por otro lado, la secretaria general del grupo, María Dolores de Cospedal, mostraba su apoyo en marzo al presidente valenciano afirmando que “todavía no ha sido imputado”. Pues bien, ¿qué dirá ahora De Cospedal tras la decisión de hoy?
Desde el día en que estalló el ‘Caso Gürtel’ hay una afirmación que se ha repetido por activa y por pasiva: la lógica de la política no es la misma que la lógica de la Justicia. Por ejemplo, lo dijo el ministro Caamaño en una reciente comparecencia: “Los tiempos de la Justicia no son los de la política. Mientras la primera se mueve por la lógica de la razonabilidad, la segunda lo hace por el principio de la oportunidad“.
Precisamente, esa lógica de la oportunidad se ha mostrado bien laxa con las diferentes respuestas del PP ante el goteo de imputaciones del ‘Caso Gürtel’. ¡Ojalá existiera un manual en el que se recogieran todos los posibles casos y el precio político asociado a ellas, como un Código Penal dirigido a sospechosos de corrupción! Pero, desde luego, a la luz de las decisiones políticas que se han derivado del ‘Caso Gürtel’ se percibe mucha improvisación, lo que ha desatado la sospecha de que existe un doble rasero en el seno del Partido Popular.
¿Cuántos raseros existen?
De todos los nombres que han salido a la luz desde que el juez Garzón abriera fuego, las reacciones han sido de lo más variopinto. Sin contar a quienes en el momento del estallido de la Gürtel ya habían abandonado su cargo, éstas son las diferentes reacciones del Partido Popular con respecto a quienes la operación salpicó en pleno ejercicio de sus cargos.
- La doctrina de los alcaldes
Por ejemplo, cuando el juez Garzón se inhibió en la operación Gürtel en favor del TSJ de Madrid imputó a dos personas que ostentaban en ese momento el cargo de alcaldes: Ginés López, en Arganda, y Jesús Sepúlveda, en Pozuelo. Ambos presentaron su dimisión de forma inmediata y suspendieron voluntariamente su militancia en el Partido Popular, a pesar de que negaron su participación en los hechos. Entonces, María Dolores de Cospedal alabó su decisión al haber antepuesto, según ella, el interés de sus municipios a sus “circunstancias personales”. La secretaria general añadió que esa decisión fue “especialmente generosa”.
- La doctrina de los diputados
Dada la condición de aforados de los diputados de la Asamblea de Madrid el juez Garzón no pudo imputar a Martín Vasco, López Viejo y Alfonso Bosch, a pesar de haber hallado indicios contra ellos. Sin embargo, una vez que el caso llegó a los Tribunales Superiores, el juez Antonio Pereira imputó a los tres diputados madrileños. En ese momento, el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular suspendió de militancia a todos ellos, aunque los tres implicados mantienen su acta de diputado, ya que, según sostienen los ‘populares’, las actas son personales y no pertenecen al partido, por lo que son ellos mismos quienes han de tomar la decisión. Eso sí, Martín Vasco dimitió como portavoz adjunto del partido a raíz de la imputación, mientras que López Viejo dejó su cargo de consejero de Deportes en febrero, justo al estallar el ‘Caso Gürtel’ y antes de que se conociera con exactitud su implicación en la operación.
(EFE)
Garzón, en las pasadas Fallas de Valencia.
- Y ahora, la doctrina Camps
De momento, el Partido Popular ha respondido a la imputación con un comunicado en el que hace una defensa a ultranza de Camps. Además, los ‘populares’ se afanan en hallar una lectura positiva al asunto: “La citación supone acabar con la situación de indefensión que han padecido en los últimos meses y les permitirá demostrar su inocencia en el foro adecuado”, aseguran. En la misma línea, fuentes ‘populares’ han asegurado a Europa Press que no han pensado suspender la militancia a los implicados, ya que su situación no es comparable con la de los diputados autonómicos de Madrid. Esteban González Pons, por su parte, ha defendido la inocencia de su compañero y ha afirmado que la gravedad de las acciones “es como mínimo opinable”. Esto conduce a una nueva reflexión: ¿Lo verdaderamente importante es la cuantía económica o el hecho en sí de haber cometido un delito, por pequeño que sea?
No se trata del primer presidente autonómico que resulta imputado en un proceso judicial. Juan José Ibarretxe (PNV), Jaime Ignacio del Burgo (UCD), Demetrio Madrid (PSOE) o Gabriel Cañellas (PP) fueron imputados en su día y en sus respectivas comunidades, si bien al final todos ellos fueron absueltos, según recuerda Efe.
Sin embargo, otros dirigentes autonómicos salieron culpables de sus respectivas imputaciones. Como Gabriel Urralburu, que fue presidente de Navarra entre 1984 y 1991, y se convirtió en el primer presidente regional encarcelado (aunque su condena llegó una vez que había abandonado el cargo). José Marco (presidente de Aragón) y Juan Hormaechea (presidente de Cantabria) corrieron una suerte similar.
Si el Partido Popular quisiera defender a ultranza la inocencia de Camps, podría escudarse en los mencionados casos en los que los imputados finalmente fueron absueltos. Aunque también podría escudarse en aspectos procesales, afirmando que cabría aguantar algo más y esperar a que Camps sea procesado, que significa llevar su implicación un paso más allá de la mera imputación. Concretamente, el Tribunal Constitucional considera como imputado “a toda persona a quien se le atribuya, más o menos fundadamente, un acto punible”. Mientras, la Ley de Enjuiciamiento Criminal considera que una persona puede ser procesada si, como consecuencia de las diligencias practicadas, en el sumario aparecen “indicios racionales de criminalidad contra determinada persona”.
Otra opción, del todo contraria, sería que Camps se aplicara el mismo cuento que los dimitidos alcaldes de Arganda y Pozuelo (ése que alababa De Cospedal). O que el partido le aplicara el mismo rasero que a los diputados madrileños, cuya militancia fue suspendida. ¿Qué deberían hacer Camps y su partido?