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EFE
El diputado autonómico socialista Antonio Torres ha acusado hoy al president de la Generalitat, Francisco Camps, y al conseller de Bienestar Social, Juan Cotino, de haber "traicionado miserablemente" a los dependientes valencianos por tardar una media "de 19 meses" en resolver sus solicitudes.
Torres ha preguntado en el pleno de Les Corts Valencianes a Cotino si su Conselleria iba a adoptar alguna medida que posibilite a los familiares de los dependientes valencianos ya fallecidos la percepción de las prestaciones económicas a las que tenían derecho.
Al respecto, el conseller y vicepresidente tercero del Consell ha contestado que el Gobierno central debe 50 millones de euros a la Generalitat de la transferencia para la aplicación de la Ley de Dependencia prevista para el pasado año, y ha pronosticado que a finales de este año la deuda alcanzará los 90 millones.
Además, ha asegurado que la verdadera "preocupación" de los socialistas valencianos en relación a este tema es "buscar personas" para "subirlas al autobús" y venir a Valencia para hacer una manifestación "en contra de la Dependencia", ha concluido.
Torres ha lamentado que la oposición no pueda tener "jamás" una "respuesta ni un compromiso" del conseller de Bienestar Social cuando es cuestionado sobre la aplicación de Ley de Dependencia.
Según ha dicho, el "retraso o inaplicación" de la misma se debe "exclusivamente" a la "incompetencia y a la mala fe" de la Conselleria, ya que, según las estadísticas del Gobierno, la Comunitat Valenciana "sólo tiene reconocido el 4,8 por ciento de las solicitudes realizadas, ni la mitad de lo que correspondería".
El diputado socialista asegura que el Gobierno valenciano "está tardando más de 19 meses en resolver las solicitudes, justo el triple de lo que establece la normativa".
"Han metido a los dependientes en un callejón sin salida. Impiden las ayudas ordinarias, y cuando mueren sus familiares no se les concede ninguna ayuda", ha argumentado.
Torres ha recordado que según el último decreto al respecto del Gobierno, cuando "sea por culpa de la Administración autonómica" no se pagarán aquellos expedientes cuya tramitación exceda el año de demora, lo que hará a la Generalitat "perder cantidades ingentes de dinero" que, según ha criticado, luego querrá achacar al Ejecutivo central.
