Galicia pierde 4.400 dependientes tras la revisión de las listas oficiales

La comunidad autónoma pasa de 44.897 beneficiarios a 40.426, según los datos del Imserso.

Muchos son fallecidos que no recibieron la ayuda a tiempo, lo que alerta sobre la excesiva demora de los trámites.

Autor: Alfonso Andrade
Fecha 8/8/2009

Galicia pierde dependientes. En concreto, 4.471 personas con derecho a prestación de algún tipo por la aplicación de la ley de dependencia. El Consejo Interterritorial de la Dependencia, en el que se integran el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y las comunidades autónomas, realizó una revisión de las listas oficiales, cruzándolas con los listados de defunciones y otros baremos restrictivos.

Como resultado se produjo una depuración que arroja, según las asociaciones de afectados consultadas por La Voz de Galicia, resultados más realistas sobre el número de dependientes que hay en todo el Estado y en la comunidad autónoma. Galicia pasa de 44.897 beneficiarios a 40.426, según la revisión a 1 de agosto del año en curso, cuyos resultados figuran en la web del Imserso. En España, la corrección rebaja en 77.531 el número de personas con derecho a prestación.

Según el ministerio, esta depuración se produce en la mayoría de los casos por defunciones, lo que confirma que la lentitud burocrática para tramitar y otorgar las prestaciones (a veces, dos años) hace que numerosos enfermos se queden por el camino sin llegar a percibir ayudas a las que tenían derecho.

Fuentes de la Consellería de Traballo e Benestar Social precisan que, aparte de los fallecidos, hay también personas que no subsanaron errores en la tramitación de documentos, mientras otras retiraron voluntariamente sus solicitudes al ver que no cumplían los requisitos. Esto explica también la revisión a la baja en el número de solicitudes para Galicia, que pasa de 69.264 a 59.964 tras la depuración de las listas (9.300 menos)

Más del 10%

Los 4.471 beneficiarios de Galicia que desaparecen de los archivos oficiales representan algo más del diez por ciento del total, lo que confirma con datos ministeriales la previsión de las asociaciones de afectados, que llevan meses advirtiendo de que la lentitud del sistema privaría de los beneficios de la ley a ese porcentaje, situando entre los perjudicados a los fallecidos durante el proceso burocrático.