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BIENESTAR SOCIAL
Suma y sigue
(Titular de la entrevista realizada el día 30 de agosto de 2009)
La consellera anuncia un nuevo decreto para reducir los plazos de respuesta a las solicitudes y cumplir los seis meses que marca la norma.
A. PRADO
La consellera de Bienestar Social, Angélica Such, reconoció ayer en Alicante que "las dificultades en la tramitación llevan a esperas indebidas" en la resolución de solicitudes presentadas por la Ley de Dependencia y anunció la elaboración de un nuevo decreto que reduzca el tiempo de respuesta, tras admitir que "la tramitación es excesivamente larga".
Such indicó que la puesta en marcha de este decreto se prevé para enero del próximo año y con ello se pretende reducir a seis meses el tiempo de resolución de las solicitudes, "trataremos de cumplir lo que marca la ley". Esta revisión de la normativa se produce, cabe recordar, casi tres años después de que se aprobara la Ley de Dependencia, en diciembre de 2006, aunque la norma comenzó su desarrollo a mediados de 2007.
La titular del departamento, que sólo lleva dos meses en el cargo, se reunió ayer con el Síndic de Greuges, José Cholbi, que valoró el interés de la consellera en resolver este asunto, ya que a esta institución han llegado 2.000 quejas por los retrasos en aplicar la ley, lo que supone aproximadamente el 50% del total de reclamaciones. Such consideró "importante" esta cifra, aunque "no excesiva", y apuntó que agilizar la ley de Dependencia "en el menor tiempo posible es y será uno de los objetivos en el tiempo que resta de legislatura".
La consellera, no obstante, recordó que el informe del comité de expertos del Congreso de los Diputados sobre la aplicación de dicha ley "establece las dificultades de llevarla a la práctica y su inestabilidad, ya que las comunidades autónomas financian el 70% de su coste" y no al 50%, como contempla la ley. Por ello, reclamó financiación "adecuada y suficiente" al Gobierno central, y que ésta se realice "en función, no sólo del número de personas, sino de los recursos con los que se atienden".
Añadió que en el último año la cifra de resoluciones en la Comunidad se ha incrementado en un 60% "y cada vez irá a más" tras indicar que en la Comunidad Valenciana hay 57.000 personas que tienen reconocido sus derechos como dependientes y 26.000 de ellos reciben alguna prestación o servicio. Respecto al desajuste en la contabilización de expedientes entre el Gobierno central y el autonómico, la consellera apuntó que "el sistema estadístico del Gobierno no respondía a las cifras que teníamos" y, tras la aprobación de un sistema homogéneo el pasado 22 de septiembre, "no creo que estemos a la cola en aplicar la ley, eso lo veremos en breve".
Such afirmó que el presupuesto del Consell en 2010 para dependencia aumentará un 22% con respecto al año anterior y, en términos generales, el presupuesto de Bienestar Social crecerá un 13%.
Por otra parte, el grupo socialista en las Cortes denunció ayer que los dependientes tardan más cuatro años en empezar a percibir las ayudas que les otorga la Ley de Dependencia, debido al retraso en la aplicación de esta norma por parte del Gobierno valenciano. Así lo afirmó el diputado Manuel Mata, quien asesora legalmente a un grupo de dependientes en la consecución de las ayudas.
