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Batalla por la igualdad

 

El invidente de Cullera que no pudo presidir una mesa electoral logra cambiar la Ley

 

El Gobierno, presionado por el Defensor del Pueblo, admite que fue discriminado por su discapacidad.

 

CARLOS ALÓS ALZIRA

 

Ricardo Abad Asturiano, un invidente de Cullera de 43 años, ha ganado algo más que una batalla por la igualdad. Ha logrado que el Estado le dé la razón y que incluso vaya a rectificar el reglamento que regula la participación en procesos electorales de personas con discapacidad.

                                                                                                                     

Hace año y medio a Ricardo Abad, que hasta hace unos días era el delegado de la ONCE en Cullera, le prohibieron ejercer como presidente en una mesa electoral de la misma población de la Ribera en las elecciones del 9 de marzo de 2008, función para la que había sido designado mediante un sorteo y pese a que alegó que podía desempeñar esa tarea acompañado de un asistente de su confianza.                                                                                                                             

El martes, la ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, anunció que el Gobierno aprobará antes de final de año la reforma del reglamento en el que se basó la Junta Electoral de Sueca para impedir a Abad presidir la mesa.

    

La medida se toma después de que el Gobierno haya constatado que, concretamente en el caso del invidente ribereño, se produjo discriminación por su discapacidad.

                                                                                                  

Abad conoció ayer el triunfo de su reclamación por la llamada de Levante-EMV mientras tomaba posesión de su nuevo destino como delegado de la ONCE en Málaga. "Se enmienda una injusticia", dijo. "Estoy contento de que esto ocurra, pero ya no tanto por mí, sino por lo que supone para las personas con discapacidad. A partir de ahora si no somos presidentes de mesa será por cualquier otra circunstancia, pero nunca por nuestra discapacidad. Yo me sentía perfectamente capaz de cumplir aquella función y se me impidió", recordaba ayer por la tarde.

                                                                                      

Puede leer documentos a través de un escáner adaptado y usa internet habitualmente y planteó a la Junta Electoral que el control de las papeletas lo realizaría un vocal y el recuento un asistente personal, una figura que recoge la Ley de Dependencia. Es más, la Ley de Igualdad de Oportunidades establece medidas para facilitar la labor de los discapacitados, entre otras situaciones, en los procesos electorales. Por eso, la ley estaba claramente de su parte. 

       

Además, Abad puso todo su empeño. "Estoy capacitado para desempeñar la labor con la máxima eficacia, para mantener el orden y velar para que todo se desarrolle correctamente", aseguró entonces. "Mi discapacidad no me impide llevar mi trabajo y mi familia bien con normalidad como cualquier otra persona", añadió.

                                                                                                      

Pero la Junta Electoral alegó una resolución de 2000 que impedía a personas con ceguera participar como presidentes de mesa por la dificultad en la identificación de las papeletas y el recuento. El órgano electoral basó también su negativa en que la legislación electoral no contempla la posibilidad de que un miembro de mesa ejerza sus tareas ayudado por otra persona. "Es paradójico, podría ser presidente del Gobierno si hubiese un partido que me respaldase, pero no puedo presidir una mesa electoral", se lamentó Abad.

          

Denuncia a la Junta Electoral

El invidente de Cullera denunció a la Junta Electoral de Sueca, pero nunca estuvo solo en su reclamación. Ahora tiene palabras de elogio para el Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, "que fue clave" y para el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) que hizo suya la denuncia de Ricardo Abad.

                                                                                         

El Cermi entendió que esta decisión comprometía gravemente los derechos fundamentales del invidente, ya que recibía un trato menos favorable que cualquier otra persona sin discapacidad, lo que constituye una discriminación prohibida por la Constitución.

                                                                                  

El colectivo planteó a la Junta Electoral Central la revocación del acuerdo del año 2000 y reclamó que se admitiera en estos supuestos la figura del asistente personal, con las garantías que fueran necesarias. Ricardo Abad recordó ayer que hace un año se sintió "totalmente discriminado" por aquella decisión "injusta" y que por ello ha luchado con todas sus fuerzas. La reparación ya está en marcha.

                                                                                 

Jiménez modificará la norma discriminatoria

La ministra de Sanidad y Política Social, Trinidad Jiménez, se refirió al caso del cullerense Ricardo Abad durante su comparecencia en la comisión para las políticas de la Discapacidad celebrada el pasado martes en el Congreso. Jiménez señaló la imposibilidad de Abad de presidir una mesa electoral en Cullera como un ejemplo de discriminación y anunció que el Gobierno pondrá solución antes de final de este año. Con ello se permitirá a las personas invidentes participar en condiciones de igualdad en la vida política y en los procesos electorales. La futura norma, detalló la ministra durante su comparecencia, garantizará que las personas que hayan sido designadas como miembros de una mesa electoral puedan desarrollar su función, ya sea acompañadas de un asistente o con un intérprete de la lengua de signos.