7 AÑOS EN CASA
El Cermi y el Foro de Vida Independiente instan a resolver la situación del discapacitado en ……………………huelga de hambre……………………….
MIGUEL FERNÁNDEZ. Joaquín Mora Mendoza, que usa silla de ruedas, solicita a la Administración andaluza la permuta de su actual vivienda protegida, que no reúne condiciones de accesibilidad, por otra completamente acondicionada que le permita llevar una vida digna e independiente, según informa el Cermi en un comunicado. El comité advierte de que “los acontecimientos de las últimas horas hacen más dramática la situación, en la que comienza a ponerse objetivamente en peligro la integridad de una persona”.
Por esta razón, el Cermi pide “una voluntad decidida e imaginación para buscar, desde la Administración, una solución aceptable”. En este sentido, solicita a la Consejería de Obras Públicas y Transporte que tome cartas en este asunto y “en un clima de diálogo y consenso con la persona afectada”, llegue lo más pronto posible a una solución satisfactoria.
La organización asegura que, “para el tejido asociativo de la discapacidad, los casos de personas con discapacidad prisioneras en sus propias viviendas tienen su origen en la inadecuación de la legislación sobre propiedad horizontal”, por lo que exige que se “reforme de forma inmediata para que realmente se tenga en cuenta la accesibilidad”.
Por su parte, el Foro de Vida Independiente denunció que Joaquín Mora lleva “siete años de arresto domiciliario”, el tiempo que ha vivido en su casa actual, de protección oficial pero que no está acondicionada para su vida en silla de ruedas. En un comunicado, la asociación lamenta que, pese a las reclamaciones de Mora, “hasta hoy, todo ha sido inútil y ello le ha llevado a tomar una medida drástica”.
“Es continua su pelea y lucha con la administración autonómica andaluza, la dueña del inmueble, para poder permutar su casa por otra que sea accesible”, asegura el foro. “Una vez más se pone de manifiesto la falta de derechos en igualdad de las personas con diversidad funcional respecto al resto de la ciudadanía, así como el sistemático incumplimiento de la legislación vigente por parte de la administración pública”, denuncia la asociación.