¿Y ahora quien se creerá las promesas electorales?

Cerca de una quincena de afectados de Elche y Alicante por enfermedades con un grado de discapacidad superior al 80% y sus familiares acudieron ayer al Síndic de Greuges para denunciar la «pasividad de la Generalitat en la aplicación de la Ley de Dependencia», asegura Mercedes Pastor, cuyo hijo, Jaume Martínez, padece distrofia muscular de Duchenne.

Así, según afirma Pastor, «en mayo del 2007, presentamos una solicitud para que se evaluaran a nuestros hijos. No nos respondieron, por lo que, siete meses después, decidimos poner una reclamación. Al día siguiente, nos llamaron de la Conselleria de Bienestar para decirnos que nos visitarían en breve para valorar el grado de dependencia de nuestros familiares y, a día de hoy, todavía no se han pasado por nuestros hogares».

Ante ello, los afectados aseguran que el Consell «se burla de nosotros, porque ahora dice que van a pagar las ayudas, pero todavía no nos ha evaluado para designar la cuantía de las mismas. No entendemos que, después, a la Generalitat se le llene la boca hablando de la familia cuando, como a las nuestras, no la cuida».

Por otro lado, este grupo de afectados señala que la ley estableció un calendario para atender, en primer lugar, las solicitudes de los grandes dependientes. A los más graves (unos 200.000 en España), les correspondía en el 2007, pero un año después las evaluaciones no han llegado a los hogares de la Comunidad Valenciana, al contrario de lo que en autonomías como Cataluña o Andalucía, donde la norma lleva tiempo aplicándose.

Asimismo, otra de las afectadas, Rosario Rives declara: «Las únicas actuaciones que la Generalitat ha llevado a cabo han sido las evaluaciones de personas de la tercera edad con dependencia, que ya han recibido sus pagos y sus bonos de residencia. Pero los afectados con un grado de discapacidad superior al 80% que permanecen en sus domicilios y familias todavía no han sido atendidos. Es injusto».

En consecuencia, estas familias manifiestan que «si el recurso del Síndic de Greuges -cuyo principal cometido pasa por velar por el cumplimiento y respeto de los derechos y libertades de los ciudadanos frente a la Generalitat- no prospera, no dudamos en denunciar los hechos ante los tribunales, pese a que nos resulte muy costoso y sea lento».

«Tampoco descartamos ir hasta las mismas puertas del Consell a protestar, ya que no nos tragamos la excusa de la Generalitat sobre la complejidad y amplitud de la Ley, cuando, sencillamente, lo que ha habido es una falta de voluntad», concluye Rives.